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Fabiola Morales / Una nueva oportunidad para el Congreso


La censura de Lady Camones, como presidenta del Congreso de la República, a consecuencia de la filtración de un audio, en que se escucha una conversación producida dentro de un ámbito político -cuyos protagonistas son autoridades en ejercicio (congresistas) y autoridades de un partido político (fundador), y cuyo contenido, también, es político- desde nuestro punto de vista es pertinente, aunque el hecho lo haya aprovechado el Gobierno para sus propios fines.


La Constitución es clara cuando en su artículo 93 dice: “Los congresistas representan a la Nación. *No están sujetos a mandato imperativo* ni a interpelación: *no son responsables* ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno *por las opiniones y votos* que emitan en el ejercicio de sus funciones. (…)” Por tanto, las autoridades del partido deben abstenerse de intentar direccionar el voto de “sus” parlamentarios, menos aún si, a su vez, están en campaña electoral para un cargo público, para conseguir, eventualmente, un beneficio político.


Sin embargo, en un audio difundido -supuestamente grabado por una parlamentaria de la bancada de la expresidenta- se percibe un intento de influir en la expresidenta y miembros del grupo parlamentario, para que se acepte un proyecto de ley declarativo que beneficiaría la campaña del fundador del partido, al punto que hasta se describe el trayecto que debiera haber seguido el mismo, tanto para aprobarse, como para presentarse a los votantes (la expresidenta debería viajar a exhibir el logro), una vez publicado el citado proyecto que debería haber culminado con la creación de un nuevo distrito en la región de La Libertad, donde “casualmente” postula el fundador.


Una cuestión que, desde el punto de vista de la ética política, no es correcta; porque, quienes son candidatos a los gobiernos regionales y locales deben hacerlo en igualdad de condiciones y no servirse ya sea de su influencia o de cualquier otro beneficio, poco transparente, para adelantarse en la carrera hacia la meta. Como tampoco es correcto que, desde un cargo público, en este caso la Presidencia del primer poder del Estado, se dé siquiera la impresión de acatar una orden, en ese sentido.


Los miembros del Congreso que presentaron la Moción de Censura –sean o no de nuestro agrado político- estaban en su derecho de no dejar pasar este traspiés ético político, como también quienes votaron a favor de la misma. Otra cosa es el aprovechamiento que pudiera haber hecho el gobierno, para señalar una inconducta de este tipo, cuando el mismo tiene tantas denuncias graves por las que responder y pretende ocultar.


Otra cosa es también que el citado audio se hiciera público a través de una plataforma de noticias que muchos tildan de “caviar” y de politizada, y que el mensaje haya sido rebotado por uno de los grandes medios de tendencia claramente izquierdista, ambos interesados en promover un nuevo proceso de elecciones generales y de golpear al Congreso. En todo caso, no se debe caer en la tentación de tirar carne a los leones de una manera incorrecta, ni menos gratuita.


Quienes han votado por la censura de la presidenta se están corriendo un riesgo, pero también han abierto la oportunidad para que el Congreso ratifique y, en esta vez, sea dirigido por una persona con el aplomo y la experiencia como lo es Gladys Echaiz, quien postuló en último proceso electoral último para elegir a los miembros de la Mesa Directiva.


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