Los volúmenes de inversión que se encuentran paralizados son cuantiosos, se necesita una reforma del Pronis y destrabe de proyectos
En días recientes los funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa) –incluso, la propia ministra de Salud, Rosa Gutiérrez– han recorrido diversas regiones del país con la finalidad de “destrabar” proyectos de inversión que se encuentran paralizados. Asimismo, en nota de prensa del 9 de marzo del 2023, el Minsa ha señalado que sus “especialistas técnicos se reunirán con 18 gobernadores regionales para destrabar S/ 3,500 millones en proyectos de hospitales que se encuentran paralizados en diversas regiones”. La propia ministra ha señalado que son “57 (proyectos) de infraestructura de hospitales paralizados en diversas regiones, debido a diferentes situaciones”. El proceso de destrabe de los proyectos de inversión implica “la revisión integral, la situación y el estado de las obras paralizadas para identificar los nudos críticos, para luego establecer compromisos de trabajo entre el Gobierno nacional y los gobiernos regionales, para mejorar las competencias de sus equipos técnicos y para definir los mecanismos que permitirán la sostenibilidad y puesta en operación de los proyectos”.
Los viajes, las declaraciones de los funcionarios y la nota de prensa con relación al destrabe de los proyectos de inversión paralizados contrastan con la Resolución Ministerial 251-2023/Minsa que “declara en proceso de reestructuración el Programa Nacional de Inversiones en Salud y crea el grupo de trabajo para la elaboración e identificación de la ruta de trabajo para la reestructuración del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis-Re Pronis),” al amparo, según la propia resolución ministerial, de un oficio de la Presidencia del Consejo de Ministros que hace de conocimiento del Minsa que existen 29 obras paralizadas y, por tanto, solicita al Minsa que implemente acciones correctivas inmediatas.
En ese sentido, el viceministro de prestaciones y aseguramiento ha “creído conveniente” realizar acciones para darle al Pronis “una estructura más ágil y moderna para gestionar las obras a su cargo y dar asistencia técnica”. El Minsa ha declarado al Pronis en proceso de reestructuración y ha creado un grupo de trabajo “para elaborar la ruta de trabajo con el objeto de proponer medidas procedimentales, normativas y de política pública” de ese proceso. El grupo de trabajo tendrá una vigencia de 30 días y está conformado por nueve miembros o representantes, todos ellos funcionarios de confianza. El representante de la ministra de Salud preside el grupo de trabajo, y la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización cumple la función de Secretaría Técnica.
Como se puede apreciar, hay discordancia entre las cifras que declara la ministra Gutiérrez, y las consignadas en la aludida Resolución Ministerial. La ministra afirma que son 57 proyectos paralizados, pero, consigna en la resolución ministerial, que según la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), son 29 las obras paralizadas. Dada la discordancia entre las cifras de las obras, se torna difícil contrastar el monto de S/ 3,500 millones señalado de inversión. También se debe tener en cuenta, que los volúmenes de inversión que se encuentran paralizados son cuantiosos, por tanto, la propuesta de crear “una estructura del Pronis más ágil y moderna para gestionar las obras a su cargo y dar asistencia técnica” implica “flexibilizar o apurar” trámites vistos como trabas por los funcionarios de confianza de la propia ministra de Salud, quien al final de cuentas, decidirá.
Para evitar suspicacias, generar confianza y darle mayor consistencia técnica se debería haber incorporado a otros actores involucrados en la “problemática del destrabe” y a los usuarios, entre otros. En todo caso, aún se podría corregir.
Según el Reglamento de Organización y Funciones de Minsa (DS 08-011-2017/Minsa) el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), en primer lugar, “ejecuta los proyectos de inversión pública formulados por los órganos de administración interna y de línea del Minsa”. En segundo lugar, “ejecuta los proyectos de inversión en salud de alta complejidad formulados por los órganos desconcentrados del Minsa”. En tercer lugar, “formula, evalúa y ejecuta proyectos de inversión bajo cualquier fuente de financiamiento para todos los niveles de complejidad a nivel nacional en el marco de convenios suscritos y conforme a la normatividad vigente. En cuarto lugar, “monitorea el cumplimiento de las obligaciones contractuales conferidas a la ejecución y supervisión de proyectos de inversión bajo la modalidad de asociación público privado y de obras por impuestos conforme a la normatividad vigente”.
En quinto y último lugar, el Decreto Supremo 320-2018-EF establece que la Unidad Ejecutora del Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud” (PCRIS) está a cargo del Pronis. Eso implica la gestión de un endeudamiento externo por US$ 250 millones provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (US$ 125 millones) y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (US$ 125 millones) que deberían ser ejecutados en cinco años. Pero como se sabe por las propias declaraciones de altos funcionarios del Minsa, el Programa no ha avanzado, salvo en lo que respecta al gasto en recursos humanos y “consultorías”. Además, a partir del 2025 hasta el 2030 se debe pagar la deuda en once armadas.
Es cierto que el 14 de agosto del 2021, mediante Decreto Supremo 203-2021-EF, con la justificación de “reforzar los servicios del primer nivel de atención para hacer frente a la pandemia Covid-19” se ha transferido el “Programa de Creación de Redes Integradas de Salud” del Pronis al propio Minsa, pero eso no implica que el proceso de reestructuración no evalúe cada una de las funciones del Pronis, incluida la etapa en que el PCRIS estuvo a su cargo. En caso contrario, se haría realidad la frase “borrón y cuenta nueva” con gran perjuicio para las arcas fiscales y para la ética y la moral pública.
Parece un contrasentido afirmar que una institución pública en pleno proceso de reestructuración se encuentre en capacidad de revisar y evaluar la situación de las obras paralizadas. Más aún identificar nudos críticos y proponer compromisos y otorgar asistencia técnica, debido a que sus técnicos, y en general sus recursos humanos, tienen coactada su autonomía profesional, y por tanto, mellada su capacidad de realizar informes técnicos que colisionen con la autoridad, debido a la inestabilidad en los cargos y en propia estructura organizacional. ¡Destrabar con transparencia y honradez!