En América, Perú es el segundo país con mayor número de casos de TBC
El número de casos de tuberculosis en el Perú ha sido oscilante en los últimos cinco años. El 2017 se reportaron 31,949 caso; el 2019 ascendió a 34,197, para descender a 27,174 el 2021. Hasta fines de junio del presente año, ya se habían notificado 11,464 casos. En la distribución por edad del número de casos resalta el número de casos en personas entre los 20 y 29 años de edad, con 29.1% del total de casos (en promedio) de los últimos cinco años. Los hombres constituyen el 64% de los casos, y las mujeres el 36%. Es preocupante que el 12.26% del total de casos posea un alto nivel de resistencia al tratamiento.
Según el Boletín de tuberculosis, de agosto del 2022, del Minsa, el Perú es el “segundo país con mayor número de casos estimados en el continente americano y se encuentra entre los treinta países con mayor carga de tuberculosis resistente (al tratamiento) a nivel mundial”. Asimismo, según una visión integrada entre el aspecto epidemiológico y el operativo, se han establecido cuatro grupos de regiones según el riesgo. El primero es el de muy alto riesgo, entre los que se encuentran Ucayali, Lima, Callao, Madre de dios, Tumbes, Cusco y Amazonas. El segundo es de alto riesgo, que incluye a Loreto, Ica, San Martín, Huancavelica, Apurímac y Puno. El tercero es de riesgo moderado: Tacna, Pasco, Cajamarca, Moquegua, Ancash y Lambayeque. El cuarto es de riesgo leve: La Libertad, Arequipa, Piura, Ayacucho, Junín y Huánuco.
Resalta el Boletín la preocupación por la marcada caída de la curva de contactos de tuberculosis censados y examinados, ocurrida a partir del 2018 y agravada por la pandemia de Covid-19”. Esta afirmación preocupa porque la disminución de esta actividad implica el reconocimiento del gobierno de sus dificultades para cortar la cadena de transmisión y fortalecer el diagnóstico precoz e inicio temprano y oportuno del tratamiento. En cuanto a las poblaciones que han sido afectadas por tuberculosis, el Boletín resalta el incremento de la asociación de tuberculosis con diabetes, que ha ascendido de 9.5% el 2018 a 13.1% el 2021. Señala, asimismo, que este incremento “plantea un importante reto multisectorial para el país”.
El Boletín no aclara los motivos de la denominación de “reto multisectorial”. Más aún cuando, el tratamiento en la mayoría de los casos se realiza en los centros y puestos de salud; es decir, en el Primer Nivel de Atención, en los que en general, no existe el servicio, ni la especialidad de endocrinología médica, útil para realizar el seguimiento de este tipo de pacientes que, debido a la diabetes, mantienen niveles de inmunodeficiencia o de falta de defensas contra las infecciones. Las dificultades administrativas y logísticas, los flujos para los traslados o transferencias de los pacientes, en búsqueda de tratamientos endocrinológicos apropiados, hacen que el proceso resulte demasiado complejo.
Otro grupo especialmente afectado es el personal de salud. El 2018 fueron afectados 192 servidores de salud, y el 2021 ese númEro ha ascendido a la preocupante cifra de 321 casos. Esta ocurrencia es difícil de comprender, debido a la obligatoriedad del uso de la mascarilla y a las medidas de protección personal realizadas por la pandemia de Covid-19. El Minsa tampoco ensaya algún tipo de explicación.
Eso sí, se ha evidenciado una disminución de 5.9% a 5.8% en la coinfección de tuberculosis con VIH-Sida. Sin embargo, para el número de casos de tuberculosis en los penales o cárceles, la data está desactualizada, porque se mantiene en el 2020, lo que impide realizar comparaciones; más aún cuando ese año fue el primero de la pandemia de Covid-19. Un aspecto importante es que la Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud (Conamusa) con la subvención del Fondo Mundial, dispondrá de diez millones de dólares para “fortalecer las intervenciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis”.
Dentro de las actividades y de la gestión del Minsa con relación a la tberculosis se ha soslayado a los migrantes extranjeros que, por diversos motivos, no poseen carnet de extranjería, y por tanto, no pueden ser incluidos en el Seguro Integral de Salud (SIS). Si bien es cierto que no son dejados de lado, porque son atendidos, como una actividad de salud pública, no reciben los subsidios que requieren para los estudios adicionales o especiales, o también para ser atendidos para otras enfermedades asociadas a la tuberculosis, que a veces ponen en riesgo sus vidas.
Llama la atención la dejadez del gobierno, porque según la OMS, citada por el epidemiólogo Edgardo Nepo, “una persona con tuberculosis activa puede infectar a lo largo de un año entre 5 y 15 personas por contacto estrecho. Y sin un tratamiento adecuado morirán el 45% de ellas; cifra que se eleva casi a 100% si, además, padecen infección por VIH”. Más aún cuando “la comunidad internacional ha asumido el compromiso de poner fin a ambas epidemias para el año 2030, como se refleja en la Meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas”.
En ese contexto, es de interés para el país, que los migrantes, en estas circunstancias, mientras no posean el carnet de extranjería, sean incorporados al Seguro Integral de Salud. Es obvio que la propuesta legislativa para esa incorporación debe provenir del Poder Ejecutivo, porque el Congreso de la República, por mandato constitucional, no tiene iniciativa de gasto.
El Minsa ha promulgado la Resolución 729-2022/Minsa que aprueba seis “prioridades nacionales de investigación en tuberculosis en el Perú 2022 al 2025”, como parte del cumplimiento de la Ley 30287, “Ley de prevención y control de la Tuberculosis en el Perú”, que –como se ha podido apreciar– están distantes de la grave situación de la tuberculosis como problema de salud pública. El reajuste de estas prioridades es indispensable.
Por otro lado, el Congreso de la República, ha abdicado de su labor de fiscalización, que según ordena el artículo 10 de la Ley 30287, once ministros, así como, la Municipalidad de Lima Metropolitana y los gobiernos regionales deben presentar y exponer el mes de mayo de cada año un informe sobre el “estado de prevención y control de tuberculosis, así como la ejecución del presupuesto y los resultados”. ¡Nefasta vista gorda!
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