Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / Promesas con factura pendiente

Promesas con factura pendiente: el costo fiscal de los planes de gobierno en las elecciones peruanas de 2026.

A pocas semanas de los comicios generales de 2026, el debate electoral en el Perú no ha estado a la altura de los problemas que el próximo gobierno deberá enfrentar. Los planes de gobierno de los siete partidos con mayor intención de voto revelan propuestas de gasto que, sumadas, comprometerían seriamente las ya tensas finanzas públicas del país. Un análisis reciente del Instituto Peruano de Economía es directo al respecto; dado que ninguno de los partidos busca consolidar la sostenibilidad fiscal; varios, en cambio, la ponen en riesgo activo con iniciativas cuyo costo no ha sido financiado de manera creíble.

Este artículo examina las propuestas de Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Juntos por el Perú (JPP), Buen Gobierno, Ahora Nación y País para Todos. El análisis se organiza en cuatro ejes temáticos: impacto fiscal de las propuestas de gasto, el debate sobre la remuneración mínima vital (RMV) y el mercado laboral, la agenda de inseguridad y economías ilegales, y las implicancias para la inversión privada.

Análisis económico por partido

ü  Renovación Popular: la propuesta con mayor impacto fiscal

Renovación Popular lidera las encuestas y también encabeza el ranking de costo fiscal. Solo sus propuestas de infraestructura de transporte implicarían un costo incremental anual de S/ 52.000 millones. Para dimensionar esa cifra equivale a más del 20% del presupuesto público total aprobado para 2025. Lo que agrava el diagnóstico es que el partido no presenta, en paralelo, ninguna medida concreta para combatir la extorsión ni la minería ilegal, dos de los problemas que más preocupan a la ciudadanía, ni tiene propuestas para recuperar el empleo juvenil que se perdió respecto de 2019.

En materia de concesiones mineras, Renovación Popular coincide con JPP en proponer la reversión al Estado de las llamadas concesiones 'ociosas', una medida que enviaría señales negativas a los inversionistas de largo plazo en un sector que aportó aproximadamente 9,5% del PBI formal en 2024. La ausencia de un ancla fiscal creíble y de medidas para fortalecer la seguridad pública configura un programa atractivo en el discurso, pero de ejecución fiscal comprometida.

ü  APP y César Acuña: gasto en infraestructura sin mecanismo de financiamiento

El plan de Alianza para el Progreso proyecta un gasto incremental anual en transporte de S/ 48.000 millones, el segundo más alto del grupo. A eso se le suman dos propuestas laborales que generan dudas técnicas: elevar el salario mínimo a S/ 2.000 para 2031 e implementar incentivos tributarios para la formalización sin especificar temporalidad ni costo fiscal. La Cámara de Comercio de Lima advirtió que el incremento de 10% en la RMV aprobado para enero de 2025, de S/ 1.025 a S/ 1.130, ya podría comprometer la sostenibilidad financiera de las micro y pequeñas empresas, con efectos sobre la informalidad y el empleo juvenil.

Un aumento de la RMV a S/ 2.000 en cinco años un incremento acumulado de casi 77% sin reformas que reduzcan el costo de la formalidad para las empresas podría reproducir ese efecto a mayor escala. El Banco Central de Reserva del Perú documentó que, por cada sol de aumento del salario mínimo, alrededor de 910 personas salen de planilla. Si esa elasticidad se mantiene, la propuesta tiene el potencial paradójico de expulsar del empleo formal a los mismos trabajadores que busca proteger, particularmente en las regiones donde el ingreso promedio ya está por debajo de la RMV actual.

ü  Fuerza Popular: seguridad con propuestas sin evidencia

Con un costo fiscal estimado en S/ 34.000 millones solo en transporte, Fuerza Popular suma propuestas que el IPE identifica como preocupantes en materia de política minera. El partido plantea modificar la Ley General de Minería para evitar la 'especulación de concesiones', un concepto que, sin una definición técnica precisa, podría interpretarse de formas que desincentiven la inversión exploratoria. En materia de seguridad, apuesta por un mando unificado entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, aunque no existe evidencia empírica consolidada de que esa arquitectura institucional produzca mejores resultados en contextos similares.

Lo que los números muestran con claridad es que el enfoque de estados de emergencia, que en el período 2019-2024 se multiplicó 6,1 veces, no ha logrado frenar la extorsión, que en ese mismo período creció 5,5 veces según datos del INEI. Más estados de emergencia, o un mando unificado sin reforma estructural de las instituciones de seguridad, replicaría una fórmula que ya demostró ser insuficiente.

ü  JPP y Roberto Sánchez: el Estado como protagonista económico

JPP es el partido con la propuesta más rupturista respecto al modelo de economía de mercado que el país mantiene desde los años noventa. El plan se opone a la inversión privada, prioriza la intervención estatal y busca eliminar el tratamiento igualitario entre inversiones nacionales y extranjeras. En el sector minero, propone reducir el plazo de las concesiones de treinta a cinco años, lo que elevaría considerablemente la percepción de riesgo para capitales de largo plazo, y plantea que la comercialización del oro de la pequeña minería y la minería artesanal se realice a través del Estado, creando un aparato burocrático sin precedentes en el sector.

La propuesta docente de JPP es quizás la más concreta en su impacto cuantificable. Equiparar la remuneración de los profesores a la UIT vigente (S/ 5.500 mensuales) implicaría un costo adicional de aproximadamente S/ 8.000 millones anuales. El IPE recuerda que las remuneraciones docentes ya crecieron a una tasa promedio anual real de 6,4% durante la última década, según datos del MEF y el BCR; acelerar ese ritmo sin una reforma paralela de la carrera pública magisterial no garantiza mejoras de calidad educativa y sí compromete el espacio fiscal al costo de transporte, el programa de JPP alcanzaría unos S/ 27.000 millones anuales en gasto incremental.

ü  Ahora Nación y Buen Gobierno: propuestas con tensiones institucionales

Ahora Nación, con Alfonso López Chau como candidato, plantea una nueva Constitución y pone 'en discusión todo lo que sea necesario' una señal de incertidumbre institucional de largo alcance. Al igual que JPP, se opone al decreto de urgencia que busca reestructurar Petro-Perú, a pesar de que la deuda de esa empresa pasó de US$ 617 millones en 2010 a US$ 6.425 millones en 2025, multiplicándose 10,4 veces. El costo fiscal incremental estimado en transporte para Ahora Nación es de S/ 28.000 millones anuales.

Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto, propone establecer límites a la cantidad de concesiones mineras por empresa o grupo económico y elevar aún más la carga tributaria al sector minero formal, que ya opera con una tasa efectiva elevada en comparación regional. Esas medidas tendrían el efecto de reducir los ingresos fiscales provenientes de la minería sin que se identifiquen fuentes alternativas de recaudación. En un contexto donde las finanzas públicas ya muestran fragilidad, esa combinación resulta arriesgada.

La remuneración mínima vital: entre la equidad y la informalidad

El debate sobre el salario mínimo ocupa un lugar central en todos los planes de gobierno. La RMV se ubica actualmente en S/ 1.130 mensuales, vigente desde el 1 de enero de 2025, mediante el Decreto Supremo N° 006-2024-TR. Sin embargo, el ingreso neto real, luego de los descuentos previsionales, apenas llega a S/ 983, cifra que resulta inferior a la Canasta Básica Alimentaria de S/ 1.024 y muy por debajo de la Canasta Básica de Consumo Familiar de S/ 1.816. Esta brecha entre el valor nominal del salario mínimo y el costo real de vida justifica el debate político, pero no cualquier solución.

El problema estructural es la informalidad. En 2025, entre el 70% y el 72% de la fuerza laboral peruana permanece en la informalidad, con tasas de subempleo cercanas al 35%. La distribución regional es aún más reveladora: en Puno, Huancavelica y Cajamarca, más del 60% de la población gana por debajo de la RMV actual, y los niveles de formalidad laboral son los más bajos del país. Cuando el salario mínimo se fija muy por encima del ingreso promedio regional, actúa como barrera de entrada al sector formal en lugar de piso de protección, porque las empresas pequeñas no pueden pagarlo sin incurrir en pérdidas o evadir la norma.

La evidencia técnica disponible sugiere que los incrementos abruptos de la RMV, sin reformas complementarias que abaraten la formalidad para las empresas, tienden a expulsar trabajadores hacia el sector informal. El análisis del BCR que documenta alrededor de 910 personas que salen de planilla por cada sol de aumento no implica que el salario mínimo no deba subir, pero sí que el ritmo y los mecanismos importan tanto como el monto. Una política laboral responsable combina ajustes graduales de la RMV con reducción de sobrecostos de contratación formal, algo que ninguno de los partidos plantea con suficiente precisión técnica.

Inversión privada y la tentación del Estado empresario

Uno de los temas que atraviesa toda la campaña es el rol del Estado en la economía. JPP y Ahora Nación se oponen al decreto de urgencia para reestructurar Petro-Perú, a pesar de que esa empresa acumula una deuda que se multiplicó 10,4 veces en quince años, pasando de US$ 617 millones en 2010 a US$ 6.425 millones en 2025, según datos de Petro-Perú, Apoyo y Asociados Internacionales y la SBS. JPP va más lejos, propone ampliar el rol de Petro-Perú hacia la exploración y explotación de hidrocarburos que hoy no desarrolla, en lugar de resolver los problemas de una empresa que ya no puede sostenerse sin apoyo del tesoro público.

La inversión privada es el motor principal del empleo formal y de la generación de ingresos en el Perú. Un análisis histórico del BCR muestra que en los períodos donde la inversión privada creció con fuerza, la pobreza cayó y los ingresos laborales mejoraron. Las propuestas que introducen incertidumbre sobre los derechos de propiedad, los plazos de concesión o el tratamiento a los capitales extranjeros no solo afectan las proyecciones de inversión futura: también deterioran la confianza empresarial actual, que se traduce en menor contratación de personal y menor dinamismo del crédito productivo.

Conclusión

Las elecciones de 2026 le presentan al Perú una encrucijada real. Los planes de gobierno analizados comparten un diagnóstico común de los problemas del país inseguridad, informalidad, brecha de infraestructura, salarios insuficientes, pero proponen soluciones que, en varios casos, agravan las condiciones que dicen querer corregir. El gasto incremental que proponen los partidos con mayor intención de voto oscila entre S/ 19.000 y S/ 52.000 millones anuales solo en transporte, sin contar otras promesas, sobre un presupuesto total de S/ 251.801 millones que ya crece al ritmo más lento desde la pandemia.

El mercado laboral necesita una RMV que, con el tiempo, permita cubrir el costo real de vida. Pero la evidencia técnica del BCR y del IPE indica que eso solo es posible si se acompaña de reformas que hagan menos costoso contratar formalmente, especialmente para las micro y pequeñas empresas que concentran el grueso del empleo. La inseguridad y las economías ilegales requieren una estrategia que vaya más allá de los estados de emergencia y el mando unificado, apostando por inteligencia financiera, reforma institucional y eliminación de los instrumentos normativos como el Reinfo que hoy funcionan como escudo legal para actividades criminales.

El elector peruano enfrenta una decisión con consecuencias económicas de largo plazo. Las promesas de campaña tienen precio y ese precio lo paga el Estado, que es decir los contribuyentes. Un gobierno que en su primer año enfrente una brecha fiscal de S/ 30.000 o S/ 50.000 millones entre lo que prometió y lo que puede gastar tendrá que elegir entre recortar servicios, elevar impuestos o endeudarse más. Ninguna de esas opciones es neutral. La única forma de evitar ese escenario es que los partidos sean honestos sobre lo que pueden financiar y que los ciudadanos exijan esa honestidad antes de votar.