El presente artículo se publica con el permiso del boletín Alerta Económica, producido por MAXIMIXE.
La economía no está primero que la salud, pero tanto la economía como la salud son indispensables para el bienestar general. Hay que buscar un equilibrio entre ambas. El aislamiento social obligatorio culmina el 12 de abril y desde ya es preciso tener una estrategia clara de salida al rígido régimen de aislamiento social aplicado por el gobierno, a fin de evitar un eventual colapso recesivo de la economía.
Actualmente la economía está semi paralizada debido a la inamovilidad forzada de empresarios y trabajadores de la mayoría de actividades económicas. Hacia adelante la normalización de la economía dependerá, en primera instancia, de la efectividad de la política sanitaria de supresión de la epidemia para lograr aplanar la curva de infectados y generar una inmunización de al menos 50% de la población. En segunda instancia, dependerá de la efectividad de las medidas fiscales y monetarias adoptadas por el gobierno para paliar el impacto recesivo de la política sanitaria de supresión de la epidemia.
Hay dos objetivos que aparentemente están en conflicto: de un lado, controlar el impacto potencialmente recesivo de la política sanitaria anti-Covid-19 y, de otro lado, controlar la epidemia en sí misma. Sin embargo, a mayor efectividad de la política sanitaria y, al mismo tiempo, de la política de emergencia económica, es posible armonizar ambos objetivos y lograr un óptimo.
El paquete de medidas fiscales y monetarias adoptadas por el gobierno ya de por sí muestran una robustez que contribuirá a atenuar los efectos más negativos sobre empresas y hogares. Dicho paquete consta de un componente de S/ 60.000 millones (8% del PBI) financiado por el canal fiscal y otro componente de S/ 30.000 millones (4% del PBI) que inyectará recursos desde el canal monetario para que las entidades del sistema financiero den crédito a 3 años, con un período de gracia de 12 meses, y garantía a 100% para las pequeñas empresas y de 95% a las más grandes. La inyección monetaria estará garantizada doblemente, por la cartera de las entidades del sistema financiero y el aval del Tesoro Público, por lo cual en última instancia las potenciales pérdidas por impago serán cubiertas por el Ministerio de Economía. Hay 350 mil empresas potencialmente beneficiarias.
El funcionamiento idóneo de este mecanismo será crucial para evitar que los efectos del Covid-19 devengan en un daño estructural irreversible, que implique un masivo cierre de empresas, despidos de personal y ruptura de la cadena de pagos. Por ello, es imprescindible que todas las entidades del sistema sean partícipes (financieras, cajas, edpymes y cooperativas) y no se concentren los recursos sólo en los bancos. Además, es muy importante incluir como beneficiarios finales a los emprendedores, muchos de los cuales son independientes que hacen negocios de manera informal y son clientes de las entidades financieras no bancarias.
En su informe “Riesgos Macro – Edición Especial: Covid-19 Perú: Escenarios de Impacto Económico 2020-2021”, MAXIMIXE presenta nueve (9) escenarios económicos posibles para la economía peruana, con distinta probabilidad de ocurrencia, derivados de sendas combinaciones de situaciones respecto a la efectividad de las políticas sanitaria y económica.
Dicho informe no plantea una única proyección de crecimiento del PBI para 2020-2021, debido a la singularmente alta incertidumbre externa e interna. En síntesis, muestra como rangos más probables de evolución del PBI para 2020 entre -2,6% y -6,7% y para 2021 entre 4,8% y 4,1%.
También muestra que si el gobierno lograra una impecable ejecución del paquete de medidas económicas anti Covid-19, optimistamente la economía crecería 0% en 2020, para reactivarse con potencia en 2021 (5,5%), asumiendo que también logre alta efectividad en su política sanitaria. De no lograrse esto último, aun cuando el gobierno ejecutara impecablemente su paquete económico, en 2020 el PBI caería 4,5%, con un rebote de 7,2% en 2021.
Queda claro que, para lograr evitar una recesión, es indispensable mantener una alta efectividad de la cuarentena, particularmente en estos días que quedan hasta el 20 de abril, para lograr la inflexión de la curva de infectados por el Covid-19. Pero no basta con eso. Se necesita definir una estrategia de salida de la cuarentena que permita normalizar progresivamente las actividades económicas, minimizando el riesgo de rebrote de la epidemia.
Aplicando el modelo SIR[1], MAXIMIXE ha estimado que la cuarentena aplicada en Perú, asumiendo que sea efectiva, permitiría que la curva de infectados con Covid-19 llegue a su punto de inflexión alrededor del 20 de abril, poniendo la epidemia bajo control. El modelo arroja que, de no haberse aplicado la cuarentena, al 5 de mayo el número de infectados hubiese llegado a un pico de 8,5 millones.
Logrado el control de la enfermedad las medidas de aislamiento social deberían relajarse gradualmente. Para ello, primero que nada, es indispensable masificar las pruebas (moleculares y serológicas) en la población susceptible de contraer la enfermedad, permitiendo pasar de un control genérico a un control más focalizado a nivel personal y de grupos vulnerables.
En algunos sectores estratégicos, como el industrial, el energético, el minero y servicios críticos para el funcionamiento de todos ellos, hay la presencia de empresas con muy alto nivel de organización, que podrían eventualmente asumir el control directo del estado sanitario de sus trabajadores y familiares, en coordinación estrecha con el sector salud.
Se requerirán protocolos especiales para el uso del transporte público, a fin de evitar aglomeraciones, además de extender los horarios de atención, para facilitar la implantación de horarios de trabajo diversos.
Las empresas de servicios profesionales que, por la naturaleza de sus actividades, sean pasibles de realizar gran parte de su labor de manera remota, podrían recibir un bono o compensación tributaria para facilitar la adaptación de su base tecnológica, sus procesos y cultura al tele-trabajo.
Los restaurantes también requerirán ayuda para reconvertirse en negocios de delivery y de atención con bajo nivel de aforo. Dado lo golpeados que deben estar en sus finanzas ante su cierre forzoso, es difícil que puedan realizar ese viraje sin ayuda financiera y asistencia estratégica.
La idea es ir logrando una normalización progresiva del funcionamiento de la economía, con posibilidad de generar un rebote de la oferta y la demanda agregadas, dando lugar a tasas de crecimiento positivas que compensen las tasas negativas de la etapa dura.
En todo este ínterin complicado es imprescindible que el Congreso de la República actúe con mesura evitando la adopción de leyes populistas, como es el caso de la ley que autoriza el retiro de hasta el 25% de los aportes de los afiliados al sistema privado de pensiones. Quién puede negar que dicho sistema requiere una reforma. Pero por sentido común, si un país entero está viajando en un barco que está fallando, no sería lógico quitarle la cuarta parte de su capacidad de seguir a flote. Lo lógico sería averiguar qué está causando la falla para luego componerla.
Más que un problema pensionario, se trata de un problema macro. La reducción súbita del 25% de la principal fuente de ahorro a largo plazo del país, debilitaría severamente la posición financiera de la economía peruana y elevaría el riesgo país, en medio de una crisis económica inédita que desde ya implica tener que aceptar un fuerte debilitamiento de nuestras finanzas públicas.
Además, los pensionistas serían los principales perjudicados, al tener que rematarse sus activos súbitamente, justo cuando su valor está por los suelos. Una cosa es que el sistema privado de pensiones necesite reformarse y otra muy distinta es destruirlo a hachazos. El Ejecutivo debería observar dicha ley y el Congreso no volver a insistir en tamaño despropósito.
[1] Este modelo desarrollado en 1927 por W.O. Kermack y A.G. McKendrick, consiste en clasificar a la población en tres categorías: (i) individuos susceptibles (S); (ii) individuos infectados; e (I) individuos recuperados de la enfermedad (R); es decir, inmunes, sin posibilidad de transmitir la enfermedad a otros.