El presente artículo se publica con el permiso del boletín Alerta Económica, producido por MAXIMIXE.
La conversión de la epidemia del coronavirus asiático en pandemia mundial ha obligado a muchos países a adoptar ‘contra – medidas’ de inamovilidad, dirigidas a contener el contagio y sus efectos letales. Son 114 países los países infectados, con Italia en cuarentena, Europa y Estados Unidos en rápida propagación de la enfermedad.
El presidente Vizcarra no ha querido quedarse atrás y acaba de anunciar la declaratoria de un Estado de Emergencia Nacional que contempla medidas de aislamiento social obligatorio de la población, el cierre de las fronteras y la suspensión del transporte internacional de pasajeros, a fin de contener el contagio y sus consecuencias letales.
No cabe duda de que la gravedad de la amenaza sanitaria ameritaba medidas de emergencia como las anunciadas, parecidas a las de una economía de guerra, donde el Estado adopta una posición de intervención transitoria en el libre funcionamiento de la economía.
Sin embargo, llama la atención que, al declarar el Estado de Emergencia Nacional, se haya limitado el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de personas (Artículo 4°) sin tener en cuenta su impacto económico en actividades productivas y de servicios que tranquilamente podrían haberse seguido realizando sin generar mayor riesgo de contagio.
Implícitamente dicha norma estaría prohibiendo innecesariamente el funcionamiento de millones de pequeñas y micro empresas comerciales y de servicios que funcionan sin concentrar gran cantidad de personas, por lo que no significan mayor riesgo de contagio del coronavirus.
Se trata de una población trabajadora que come con lo que gana al día y que al tener que cerrar sus locales por 15 días, no podrán pagar alquileres ni amortizar sus préstamos, lo que significará un drama social mayúsculo y un peligro de ruptura de la cadena de pagos.
Dicho Decreto Supremo tampoco contempla la libre movilidad de trabajadores pertenecientes a medianas o grandes empresas que podrían tranquilamente seguir operando con afluencia de un personal mínimo al centro de labores, mientras la mayoría de su plantilla de trabajadores se queda laborando desde su casa, en aplicación de un sistema de teletrabajo.
Por tanto, las ‘contra – medidas’ de emergencia dadas por el gobierno deberían buscar que conciliar el objetivo de reducir el contagio del coronavirus con el logro del menor daño económico para el país, las empresas y las familias. Buscar ese equilibrio delicado requiere un conocimiento fino de la realidad de cada uno de los sectores de la economía.
Hay que evitar a toda costa que, como consecuencia del Estado de Emergencia Nacional, quiebren gran cantidad de micro y pequeñas empresas.
Sería bueno definir cuál será la corresponsabilidad de las entidades financieras para afrontar las moras involuntarias en las que incurrirán las empresas que no podrán operar por el período del estado de emergencia.
Tómese nota que al costo económico de estas medidas se suma el impacto en Perú de medidas similares adoptadas por terceros países, que ya vienen afectando severamente la demanda mundial por nuestros productos de exportación.
El entorno internacional jugará en contra durante gran parte de 2020 debido a la incertidumbre económica y financiera generada por la pandemia, aunada al desplome de los precios de petróleo. Las bolsas de valores han colapsado. En particular, Wall Street padeció el desplome más rápido de su historia desde máximos, mientras en Europa los activos han perdido cerca de un tercio de su valor desde que el virus pasó de ser una amenaza puramente asiática a pandemia.
Una recesión económica mundial se ha vuelto cada vez más plausible, dados los débiles cimientos en los que se ha asentado la economía global tras la crisis financiera de 2008, y a pesar de las políticas laxas que han asumido los bancos centrales de las principales economías del mundo, acompañadas de políticas fiscales que muestran predisposición a arrojar cuantos salvavidas sean necesarios.
Un síntoma notable de la fragilidad económica reinante es el hecho de que los mercados se hayan mostrado tercos a la baja, tras el recorte de la tasa referencial de la Reserva Federal de los Estados Unidos en 50 puntos básicos, al que le siguió otro recorte de cien puntos básicos adicionales, de un solo plumazo, colocándola en un rango de 0 a 0,25%, a la par que anunciaba medidas extraordinarias de inyección de liquidez y absorción de deuda federal e hipotecaria por US$ 1,5 billones.
Si bien no se puede predecir con precisión el impacto económico de esta crisis, puesto que se desconoce la duración de la pandemia, su alcance geográfico definitivo, la magnitud de la desmovilización de recursos humanos y la efectividad de las ‘contra – medidas’, ya se puede vaticinar que el año 2020 será el más complicado para la economía mundial desde 2008.
Las economías de América Latina estarán entre las más afectadas, por su alta dependencia de la economía china, y por encontrarse en una posición de debilidad macroeconómica.
El impacto de la crisis hacia ellas vendrá por varios canales. Primero, por dificultades crecientes para acceder a financiamiento internacional, por menores ingresos de exportación que afectarán el crecimiento del PBI y por el desvío de recursos públicos que hubieran sido dedicados a la inversión productiva o a la lucha contra la pobreza, para dedicarlos al combate de la enfermedad.
En el caso de Perú, los sectores más afectados serán el comercio, la minería, el agropecuario, el transporte, los servicios culturales, servicios a las empresas, restaurantes y hoteles. Sólo la cancelación de eventos culturales afectará severamente a los departamentos de Cusco, Ayacucho, Ica y San Martín.
También están en riesgo las exportaciones con destino asiático, que son del orden de los US$ 21 mil millones (46% de las exportaciones totales), por problemas fluidez de la cadena logística y reducción de la demanda. Las regiones más afectadas por estos problemas son aquellas que son más dependientes de la demanda proveniente del Asia: Apurímac (98.5%), Puno (90.1%), Cusco (86.2%), Madre de Dios (84%) y Arequipa (75.2%).
MAXIMIXE estima que la pandemia del coronavirus podría mermar el crecimiento de la economía en 2020 entre 1% y 1,5% del PBI. Vale decir, que en lugar de crecer 3% (escenario base), la economía peruana crecería entre 2% y 1,5%, dependiendo de la duración de la pandemia.