Presidente Castillo: ¡esto no es guerra!
La inversión pública es apenas el 20% del total de la inversión; el restante 80% es inversión privada. El rol de aquella es sólo suplementario y a la vez generador de sinergias con la inversión privada, para que ésta pueda dinamizarse. Para dinamizar la inversión privada es imprescindible asegurar la estabilidad económica y reglas de juego claras y estables, así como contar con un equipo de gobierno que irradie credibilidad.
Una inflación reprimida con eventuales medidas de control de precios con captura del BCR colocando a directores ideologizados y legos en política monetaria y financiera, sería el germen de una hiperinflación de aquí a 3 o 4 años. Aún estamos a tiempo de evitar ese trágico derrotero, que ya lo conocemos porque lo vivimos durante el primer gobierno de Alan García. El más afectado fue el pueblo, sobre todo los más pobres y vulnerables, al punto que la tasa de pobreza afectó a 80% de la población.
En lugar de insistir en una asamblea constituyente, el gobierno debería abrir un amplio debate participativo dentro del marco de un Acuerdo Nacional ampliado, respecto de los temas que podrían ser objeto de modificación en la actual Constitución. Entre ellos podría buscarse un consenso en poner cerrojos en la Constitución que eviten que la economía peruana siga los designios de un modelo económico mercantilista, sustentado en los arreglos bajo la mesa y la captura del Estado por parte de mafias y grupos de interés. Sólo así se podrá aspirar a una verdadera economía social de mercado, que permita que el crecimiento venga acompañado de verdadero desarrollo, empezando por las poblaciones más vulnerables y las Mypes.
El Perú necesita generar más excedentes económicos eliminando la corrupción y los gastos superfluos del Estado, y en paralelo impulsar el pago justo de impuestos, eliminando la evasión y la elusión tributaria. Los nuevos excedentes deben ser canalizados hacia las Mypes informales y la agroforestería familiar y comunitaria de la sierra y la selva.
Las empresas privadas tienen que competir unas con otras desde muy temprano, para lo cual el Estado debe promover la competencia que contribuya a la desconcentración empresarial y también debe restringir la integración vertical de servicios de primera necesidad para la población. Dentro de este marco, es fundamental que el INDECOPI goce de autonomía constitucional, al igual que el BCR.
También hay que romper con el mito de que el Estado no debe participar empresarialmente, sin que eso signifique abandonar el principio de subsidiariedad del Estado para evitar que éste compita en sectores competitivos.
En lugar de crear empresas públicas, el Estado podría participar en fondos de fideicomiso o soberanos, o con capital semilla para promover la innovación, la competencia, el desarrollo industrial y la competitividad, o para impulsar proyectos de impacto estratégico, o con una acción dorada en concesiones de recursos naturales, impulsando de la mano con el sector privado el desarrollo de la economía circular, las energías renovables y la reforestación, buscando generar rentabilidad social y valor compartido con la comunidad.
En lugar de un Estado expropiador, se requiere un Estado democratizador de la economía, promotor del accionariado difundido en empresas que inviertan en el aprovechamiento de recursos naturales y la generación de valor agregado a nuestras materias primas.
Una verdadera economía social de mercado también requiere desarrollar una “Sociedad del Conocimiento” sustentada tanto en una educación pertinente y de calidad orientada al aprendizaje en el trabajo, como en la organización de un ecosistema de ciencia y tecnología eficiente, el desarrollo de parques tecnológicos que atraigan inversión extranjera dispuesta a transferir tecnología y conocimientos de punta a nuestros jóvenes.
En cada región debe desarrollarse cadenas productivas de bienes y servicios competitivos, poniendo en valor sus propias vocaciones productivas, con participación intensiva de Mypes, cooperativas y asociaciones de productores, articulados a medianas y grandes empresas.
Nada de esto se podría lograr sin respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva, la preservación del equilibrio fiscal, la estabilidad de precios, el respeto absoluto tanto a los ahorros del público como a las cuentas de los pensionistas de las AFPs y al pago puntual de la deuda pública.
Tampoco se podría lograr sin meritocracia y carrera pública para generar eficiencia en la administración pública y atraer a los mejores talentos al Estado: profesionales reclutados con métodos competitivos, permitiendo mayor autonomía y eficacia en el funcionamiento de las entidades públicas. El reto es construir fortaleciendo al Estado y uniendo a todos los peruanos. ¡Esto no es guerra!