Inflación y pobreza: ¿cómo evitar el desmadre?
En las zonas más afectadas, en coordinación de las municipalidades, debiera organizarse un sistema de entrega de alimentos de alto contenido nutricional, provenientes directamente de la agricultura familiar. Ello en función a un cálculo de necesidades de nutrientes y calorías según la configuración poblacional (niños, adultos y tercera edad), con entrega de víveres con periodicidad de quince días como máximo (arroz, papa, leche, cebada, morón, menestras, hortalizas, huevos y pescado en conserva).
También debe organizarse centros de acopio y empaquetado localizados estratégicamente, con ayuda de la empresa privada y el Instituto de Defensa Civil, en coordinación con las municipalidades y las organizaciones de Ollas Comunes y Comedores Populares.
En paralelo, se debe ayudar a los agricultores y pescadores artesanales a que se organicen asociativamente para poder recibir asistencia técnica e insumos de calidad, así como para articularse a una logística eficiente, capaz de poner sus productos directamente en las ollas comunes.
La exoneración del ISC a los combustibles y el IGV a algunos alimentos no se ha reflejado en una correspondiente reducción de los precios. En el caso de los combustibles, pese a que la cotización del petróleo se ha mantenido debajo de los US$ 111 por barril desde fines de marzo.
En 2021 la tasa de pobreza se situó en 25,9%, por encima del 20,2% pre – pandemia (2019), debido al inefectivo gasto social del gobierno. Como producto de la crisis, hoy 2,7 millones de peruanos han dejado de pertenecer a la clase media, mientras que el número de subempleados se ha incrementado en 35%.
Para 2022 MAXIMIXE estima que la tasa de pobreza subiría a 27,2%, pudiendo escalar a un nivel cercano al 30% hacia 2026, ante una marcada perspectiva de desaceleración del PBI y de retroceso de la inversión, aunada a la mediocre gestión del gasto social. Las expectativas empresariales a 12 meses han caído en 14.8 puntos en abril respecto a enero, situándose en terreno negativo.
Ello en un marco de creciente probabilidad de recesión de la economía mundial. A las repercusiones energéticas y alimentarias de la guerra Rusia-Ucrania y a la política de elevación de tasas de interés de los principales bancos centrales del mundo, se suman las más severas interrupciones de la cadena de suministros en China. En su última revisión, las proyecciones de MAXIMIXE apuntan a una secuencia del PBI mundial: 5,7% (2021), 3,5% (2022), 3,0% (2023). Las acciones y las criptomonedas vienen cayendo a pisos cada vez más profundos, mientras las tasas de interés y los casos de Covid manifiestan una renovada tendencia alcista.
Para el Perú MAXIMIXE proyecta un crecimiento del PBI en marcada desaceleración: 10,5% (2021), 2,6% (2022) y 1,9% (2023), con un consumo privado más lento: 8,3% (2021), 2,8% (2022) y 2,5% (2023), y una inversión privada negativa: 35.5% (2021), -1,4% (2022) y -0,8% (2023).
A corto plazo el PBI peruano muestra aún una expansión de 3,8% en el primer trimestre de 2022, aguardándose una desaceleración a 2,4% en el segundo trimestre. La pata coja más nítida es el PBI minero, que a marzo retrocedió 3,2%. En el caso del oro, el zinc y la plata las caídas fueron del orden de 10%. Por efecto de la pésima gestión gubernamental de los conflictos sociales.
En este contexto de fuerte incertidumbre y elevación de tasas de interés, las empresas peruanas vienen mostrando una menor demanda de créditos y un deterioro de su calidad crediticia. El Perú necesita contar con un plan económico de contingencia que evite una eventual ruptura de la cadena de pagos y de un equipo ministerial sólido, capaz de aplicarlo con solvencia.
No hay peor crisis económica que aquella que priva a las empresas del acceso al crédito, porque suele desatar una ola irrefrenable de desempleo que agudizaría la pobreza y el malestar social.
