Juan de Dios Guevara / Cómo nos ven

Esta semana hemos estado en el centro de la noticia, al publicarse el 10 de junio de 2025, dos informes clave que ofrecieron perspectivas complementarias pero contrastantes sobre la situación de Perú: un artículo del New York Times (NYT) titulado “Vivimos con miedo”: cómo las extorsiones se han apoderado de Perú y el análisis del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía peruana, los cuales repasamos a continuación.

Mientras el NYT destaca una creciente crisis de inseguridad que afecta a la sociedad y la economía a nivel micro, el FMI presenta una visión macroeconómica más optimista, calificando a Perú como un “punto brillante” en América Latina, aunque con desafíos estructurales urgentes.

Ambos informes revelan un Perú de dos caras. Por un lado, el FMI elogia su estabilidad macroeconómica, con un crecimiento sólido y una inflación controlada que lo distinguen en América Latina. Por otro, el NYT expone una crisis de inseguridad que afecta directamente a la población y a los pequeños negocios, minando la confianza y la actividad económica a nivel micro. Esta dicotomía refleja un desafío central: aunque Perú goza de una base macroeconómica sólida, los problemas estructurales, como la inseguridad y la corrupción, impiden que esta estabilidad se traduzca en mejoras tangibles para la población.

La inseguridad descrita por el NYT no solo tiene un costo humano, sino que también frena la inversión privada, un factor clave señalado por el FMI para sostener el crecimiento a largo plazo. La corrupción policial y la percepción de impunidad agravan esta situación, mientras que las tensiones preelectorales mencionadas por el FMI podrían limitar la capacidad del gobierno para implementar las reformas estructurales necesarias.

Sin embargo, los amplios amortiguadores macroeconómicos y el potencial de la adhesión a la OCDE ofrecen una oportunidad para abordar estos desafíos si se actúa con decisión.  El FMI destaca que el proceso de adhesión a la OCDE puede servir como hoja de ruta para estas reformas, consolidando a Perú como un destino atractivo para la inversión en una región volátil

El NYT señala que las víctimas, principalmente trabajadores pobres y dueños de pequeños negocios, enfrentan amenazas a través de mensajes de WhatsApp, notas o visitas directas, con represalias violentas como incendios, explosiones o asesinatos si no cumplen. Este nivel de violencia ha llevado a cierres de escuelas, clases virtuales y un impacto económico significativo, con el banco central peruano advirtiendo que la extorsión está “asfixiando” la actividad económica.

Además, la percepción de ineficacia de las autoridades, junto con casos de corrupción policial, agrava la situación. La presidenta Dina Boluarte ha implementado estados de emergencia, pero con resultados limitados, y su sugerencia de culpar a los migrantes venezolanos carece de evidencia sólida. El análisis del NYT subraya cómo la inseguridad está erosionando la confianza social y económica, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables y contribuyendo a la migración.

El Congreso ha socavado la independencia judicial y restringido herramientas anticorrupción, con 67 de 130 legisladores bajo investigación criminal en 2024, lo que refleja una estrategia deliberada para consolidar el poder y proteger intereses corruptos.

El FMI alerta sobre leyes del Congreso que golpean el fisco tras polémico fallo del TC que dio luz verde al gasto futuro, debilitando los candados fiscales. El FMI advirtió que el Congreso ha aprobado más de 160 iniciativas con impacto fiscal, muchas sin sustento técnico, y que en conjunto comprometen recursos equivalentes al 5,7% del PBI.

Por su parte, el informe del FMI, concluido el 10 de junio de 2025, presenta a Perú como un caso de resiliencia macroeconómica en una región marcada por la “estanflación leve”. Proyecta un crecimiento del PIB de 2.8% en 2025, tras un 3.3% en 2024, con una inflación controlada (1.7%) dentro del rango objetivo del banco central (1-3%). El sistema financiero es sólido, con un superávit en la balanza por cuenta corriente (1.7% del PIB) y amplios amortiguadores como reservas internacionales de $79.2 mil millones y una deuda pública baja (33.7% del PIB).

Sin embargo, el FMI identifica riesgos significativos. A nivel interno, las tensiones preelectorales y la inseguridad creciente (aunque baja en comparación regional) amenazan la inversión privada y la cohesión social. A nivel externo, la volatilidad de los precios de las materias primas, de las cuales Perú depende, y las incertidumbres globales son preocupaciones clave.

El informe enfatiza la “urgente necesidad” de reformas estructurales para elevar el crecimiento potencial, incluyendo: a. Formalización empresarial: Reducir regulaciones laborales y tributarias que desalientan la formalización. b.    Seguridad: Frenar el aumento de la inseguridad para restaurar la confianza. c.      Gobernanza: Fortalecer la independencia judicial y combatir la corrupción. d. Descentralización fiscal: Optimizar la distribución de ingresos mineros para impulsar el desarrollo local.

El análisis nos revela que el Perú se encuentra en una coyuntura crítica, una crisis multifacética caracterizada por inestabilidad política, con una crisis de gobernanza profundamente arraigada, una erosión sistemática de las instituciones democráticas y una corrupción generalizada.

Estas dinámicas internas alimentan directamente los abusos de derechos humanos, en particular la respuesta estatal desproporcionada a la disidencia, y crean un entorno de impunidad que socava la rendición de cuentas.

En el ámbito de los derechos humanos, persisten problemas sistémicos como la violencia de género (112 feminicidios en 2023), barreras al aborto legal, y amenazas a defensores ambientales e indígenas, exacerbadas por actividades ilícitas como la minería y tala ilegal en la Amazonía. La negativa de Perú a ratificar el Acuerdo de Escazú y la falta de protección para activistas subrayan un desprecio por los derechos cuando chocan con intereses económicos.

Además, la corrupción deteriora los servicios públicos y frena el desarrollo económico, con una cartera de $64 mil millones en proyectos mineros estancada por conflictos sociales y burocracia.

Económicamente, si bien hay signos de recuperación, el inmenso potencial del país, especialmente en los sectores de minerales críticos, permanece en gran medida sin explotar debido a complejidades burocráticas y conflictos sociales no resueltos, a menudo exacerbados por la falta de integridad judicial y los esfuerzos anticorrupción.

Además, el cambio climático representa una amenaza inmediata para sectores agrícolas vitales, lo que subraya la necesidad urgente de una gestión ambiental y estrategias de adaptación sólidas.

A pesar de estos profundos desafíos internos, la rica herencia cultural y la belleza natural de Perú continúan atrayendo la atención internacional, ofreciendo un camino resiliente para la diversificación económica a través del turismo responsable. El sector turístico brilla como un pilar de resiliencia, con Ollantaytambo destacado por The New York Times y TIME por su patrimonio cultural, ofreciendo una vía para la diversificación económica mediante un turismo responsable.

Sin embargo, la liberación de este potencial depende de la capacidad del Estado para abordar sus déficits fundamentales de gobernanza, garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y fomentar un entorno de confianza y estabilidad.

El camino a seguir para Perú exige un esfuerzo concertado para fortalecer las instituciones democráticas, combatir decididamente la corrupción y priorizar la protección de los derechos humanos.  Solo a través de reformas tan integrales y sostenidas podrá Perú aprovechar verdaderamente su potencial económico, construir resiliencia social y asegurar un futuro más estable y próspero para sus ciudadanos

Será bueno reflexionar sobre cómo nos perciben, y hacer en consecuencia, las correcciones necesarias ¿Se harán?