Juan de Dios Guevara / La Nueva Ley Agraria en el Perú

La reciente aprobación de la nueva Ley Agraria en el Perú ha reavivado un debate histórico sobre el rumbo de nuestro agro. Entre el debate y la oportunidad. Para algunos, esta norma representa un motor de modernización y competitividad que consolida al país como potencia agroexportadora. Para otros, constituye un marco regresivo que favorece a unos pocos grandes empresarios y margina a la agricultura familiar, que sostiene la seguridad alimentaria y el empleo de la mayoría.

Ambas posturas contienen verdades parciales. El desafío es convertir esta ley en una herramienta que reconcilie crecimiento económico, justicia social y sostenibilidad ambiental.

Los logros del modelo agroexportador

No se puede desconocer el impacto de la agroexportación en las últimas dos décadas. Gracias a incentivos tributarios, inversiones en infraestructura de riego y tecnología, el Perú se ha posicionado como líder mundial en arándanos, espárragos y uvas. Regiones como Ica han visto reducirse la pobreza en más de 20% en diez años, impulsadas por cientos de miles de empleos directos e indirectos.

La nueva ley busca consolidar este dinamismo extendiendo hasta 2035 la reducción del Impuesto a la Renta del 29.5% al 15%, lo que da previsibilidad a las inversiones frente a competidores como Chile, México o Colombia. También incluye beneficios para pequeños productores con ventas menores a 30 UIT, incentivando su formalización y participación en cadenas de valor.

Las sombras y críticas al modelo actual

Sin embargo, los cuestionamientos son contundentes. Para muchos analistas, esta ley constituye un “regalo tributario” a grandes agroexportadoras que ya gozan de rentabilidad, sacrificando ingresos que podrían destinarse a educación, salud o infraestructura.

Lo más preocupante es que la norma no resuelve los problemas estructurales de la agricultura familiar, que representa el 80% del agro nacional: acceso limitado a crédito, semillas mejoradas, mercados y tecnología. Tampoco enfrenta con seriedad la presión creciente sobre los recursos hídricos en la costa, donde el agua es cada vez más escasa, generando tensiones sociales y ambientales. Además, el proceso legislativo careció de un debate amplio, lo que alimenta la percepción de que se favoreció a intereses particulares.

La verdadera riqueza: un agro diverso

Para entender el potencial del Perú hay que volver a una enseñanza clásica de la Universidad Nacional Agraria La Molina: conocer nuestra geografía económica. A diferencia de países pequeños y homogéneos, el Perú es un mosaico de pisos altitudinales —desde el nivel del mar hasta los 6,000 msnm— y más de 500 cultivos posibles. Somos, en palabras simples, un vivero natural.

Con 159 cuencas hidrográficas (62 en el Pacífico, 84 en el Amazonas y 13 en el Titicaca), la verdadera política agraria debería diseñarse desde las cuencas. No es lo mismo planificar en Ica que en Puno, ni en la Amazonía que en la costa norte.

Un modelo para el futuro: gestión por cuencas

Un enfoque por cuencas hidrográficas permitiría pasar de una ley genérica a políticas diferenciadas y efectivas:

1.     Planes a la medida: En la sierra altoandina, priorizar la agricultura de secano, la conservación de semillas nativas y los sistemas ancestrales. En la costa, promover el riego tecnificado y el uso eficiente del agua. En la Amazonía, la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de productos forestales y agrícolas.

2.     Incentivos condicionados: Los beneficios fiscales a grandes empresas deben estar sujetos a compromisos de desarrollo rural, empleo formal y tecnologías sostenibles.

3.     Fortalecer la agricultura familiar: Programas de asistencia técnica, crédito accesible, infraestructura hídrica y promoción de cooperativas que permitan a los pequeños productores ganar escala y poder de negociación.

4.     Gobernanza participativa: La gestión del agua y la tierra debe incluir a todos los actores de la cuenca: comunidades, agricultores, empresas y autoridades.

Conclusión: un agro competitivo e inclusivo

El dilema no está en escoger entre la agroexportación y la agricultura familiar, sino en articularlas como motores complementarios. La primera aporta dinamismo y divisas; la segunda garantiza seguridad alimentaria, biodiversidad y cohesión social.

La nueva Ley Agraria solo será exitosa si deja de ser un marco tributario para convertirse en el pilar de un desarrollo inclusivo y sostenible. El Perú tiene en sus manos la oportunidad de liderar un modelo agrícola que, sin renunciar a la competitividad global, sea justo con sus agricultores, responsable con el agua y respetuoso con su diversidad natural y cultural.

El agro peruano no puede ser de unos pocos: debe ser el patrimonio productivo de todos los peruanos.