Juan Escobar / Agro indicadores y realidades

El agro peruano: entre indicadores y realidades

En el Perú, el debate económico suele girar en torno a los indicadores. Si bien algunos de ellos resultan alentadores, no necesariamente significan que el país esté avanzando hacia un verdadero desarrollo.

En el sector agrario, por ejemplo, se destaca el crecimiento del PBI y de las exportaciones. Sin embargo, pocas veces se advierte que cada año se deforestan, en promedio, 150 mil hectáreas; que existen 250 mil hectáreas de arrozales con suelos salinizados; que las ciudades avanzan sobre tierras productivas; que los acuíferos se debilitan, o que gran parte de los suelos se contaminan y pierden su capa arable. Según la FAO, el 40% de las tierras agrícolas del mundo ya se encuentra en proceso de degradación. A ello se suma la alarmante pérdida de fuentes de agua, agravada por el cambio climático y la contaminación de ríos como el Nanay o el Mantaro.

Frente a esta realidad, el Estado no puede limitarse a promover únicamente el crecimiento económico. Tiene la responsabilidad de evitar que los pasivos ambientales se perpetúen y crescan. Se requiere un gobierno con visión integral, capaz de trazar un rumbo firme y coherente de desarrollo y que, al mismo tiempo, asesore y exija a los gobiernos subnacionales iniciativas innovadoras, responsabilidad y resultados. No basta con extender la mano para pedir más recursos ni con mantener prácticas poco transparentes.

Hoy, el gobierno celebra resultados transitorios, como lo hicieron otros regímenes en el pasado, mientras oculta que cada año la deuda externa crece debido a déficits fiscales y gastos ineficientes. Parte de esos déficits se explica por las exoneraciones tributarias, que ya alcanzan los 26 mil millones de soles anuales y podrían llegar a 30 mil millones a fin de año si continúa la “fiesta”.

Hace poco se aprobaron nuevas exoneraciones para la agroexportación, pese a la oposición inicial del propio MEF después de un estudio. Este beneficio fiscal —cerca de 2 mil millones de soles anuales— favorece principalmente a grandes empresas agroexportadoras, en un sector que ya atraviesa uno de sus mejores momentos históricos. Recursos de esa magnitud podrían destinarse a mitigar los impactos del cambio climático, preparar al país para los retos del futuro o culminar las 344 obras paralizadas por casi 8 mil millones de soles, según la Contraloría General de la República.

La mencionada ley de exoneraciones, que en el mejor de los casos pudo premiar la reinversión de utilidades o a nuevos proyectos en curso, termina beneficiando a empresas por más de 15 o 20 años.

En paralelo, el presupuesto público destinado al sector agrario muestra fragilidad:

• 2024: S/ 7 318 millones (2,8% del presupuesto nacional).

• 2025: S/ 7 318 millones (2,8%). Estabilidad con ligeros ajustes.

• 2026: S/ 6 463 millones (2,5%). Una reducción de S/ 855 millones respecto al 2025.

Mientras en 2024 y 2025 se mantuvo cierta estabilidad, en 2026 se proyecta una caída del 11,7% en términos absolutos y una reducción en su peso dentro del presupuesto nacional (de 2,8% a 2,5%). Esto limita la capacidad del Estado para financiar infraestructura hídrica, equipamiento, programas de apoyo a pequeños productores y políticas de sostenibilidad.

La crisis del agro —donde el 40% de la población vive en pobreza y un 30% adicional en situación de vulnerabilidad— obliga a replantear dos reformas clave: la del Estado y la de la organización campesina. El verdadero desarrollo agrario debe ser construido por los propios productores, con sus manos y compromiso. Para ambas reformas se requiere financiamiento, hoy cada vez más reducido.

La resiliencia del campesinado es valiosa y se reconoce, pero no debe confundirse con resignación ante la pobreza y la injusticia. Es imprescindible fortalecer la institucionalidad pública desde la base, empezando por las Agencias Agrarias, y articularlas con las organizaciones campesinas a través de planes de trabajo conjuntos.

Sería razonable que los servicios públicos agrarios estén condicionados a resultados: servicios por resultados, incentivos por resultados, reconocimientos por organizarse técnica, productiva y empresarialmente.

En la tarea de construir un agro sostenible, la producción orgánica es una gran apuesta. No solo porque los productos son más sanos y ecológicos, sino porque la alimentación es hoy uno de los principales factores de enfermedad: más del 43% de los problemas de salud se relacionan con malos hábitos alimenticios y estilos de vida. Basta mirar los estantes de los supermercados para comprobar que la mayoría de los productos agroindustriales llevan octógonos de advertencia.

Aquí, el rol de la mujer es fundamental. Actualmente, el 30% de los predios agrarios están conducidos por mujeres, quienes además muestran mayor sensibilidad y preocupación por la salud y la alimentación. Su empoderamiento es clave, no solo para combatir la anemia infantil —que en zonas rurales de Puno alcanza cifras cercanas al 100%—, sino también para impulsar un desarrollo agrario inclusivo.

El llamado es claro: el desarrollo del Perú depende de su agro. Y el agro depende de nosotros.