Juan Escobar / El capital social rural

La inversión olvidada que el Perú necesita para construir desarrollo

El Perú habla todos los años de inversión pública y de inversión privada. Se discuten presupuestos, carreteras, represas, puertos, créditos, subsidios, concesiones y grandes proyectos. Sin embargo, casi nunca se habla de una tercera fuerza capaz de transformar territorios: la inversión social organizada.

No se trata de asistencia social, ni solamente de educación o salud. Se trata de algo más profundo: la capacidad de una población para organizarse, aportar trabajo, movilizar recursos propios, construir activos colectivos, mantener infraestructura, prestar servicios comunales y defender su territorio. Ese capital social ha sostenido durante décadas buena parte de la vida rural peruana, pero hoy muestra señales claras de agotamiento.

La Encuesta Nacional Agropecuaria 2024 revela un dato que debería preocupar al país: solo el 7,5% de los productores agropecuarios declara pertenecer a alguna organización. El dato resulta especialmente grave en un país donde existen comunidades campesinas, comunidades nativas, juntas de usuarios, asociaciones, cooperativas, rondas, comités y empresas comunales. La paradoja es evidente: hay organizaciones, pero muchos productores no se sienten realmente organizados, representados o articulados.

Ese número expresa una crisis silenciosa. En distintas zonas rurales, los dirigentes comunales cargan con responsabilidades crecientes, escasos recursos y poca valoración social. En entrevistas realizadas años atrás a presidentes de comunidades campesinas de Espinar y Chumbivilcas, en Cusco, una respuesta se repetía con fuerza: no querían volver a ser dirigentes. No por falta de compromiso con su comunidad, sino por el desgaste, los cuestionamientos permanentes, las exigencias sin sustento y la ausencia de condiciones mínimas para conducir procesos colectivos.

Cuando una comunidad deja de producir líderes, no solo pierde representación. Pierde capacidad de futuro. Pierde conducción. Pierde organización. Pierde fuerza para negociar, planificar, mantener sus activos, enfrentar emergencias y construir desarrollo.

El costo de esta descapitalización social es enorme. Un territorio desorganizado depende más del Estado, pero el Estado peruano no tiene capacidad real para resolver, desde Lima o desde las capitales regionales, los problemas de miles de comunidades, distritos, cuencas y centros poblados. Tampoco puede enfrentar solo los efectos del Fenómeno El Niño, la degradación de suelos, la pérdida de fuentes de agua, la deforestación, la microparcelación o la migración juvenil.

La primera línea de defensa frente a una emergencia climática no es un ministerio. Es la población organizada. La primera defensa de un canal de riego, de incendios forestales, de un bosque, de una trocha, de una fuente de agua o de una zona productiva es la comunidad que vive allí. Cuando esa comunidad está desarticulada, cualquier desastre golpea con mayor fuerza y toda recuperación se vuelve más lenta, costosa e ineficiente.

Las experiencias internacionales muestran que los países que transformaron sus territorios no lo hicieron solo con inversión pública o privada. En varias experiencias asiáticas, la recuperación de tierras, el control de inundaciones, la ampliación de áreas agrícolas, la forestación y la construcción de infraestructura local se apoyaron en poblaciones organizadas, gobiernos locales activos y planes territoriales de largo plazo. La diferencia no estuvo únicamente en el dinero disponible, sino en la capacidad de movilizar a la sociedad hacia objetivos comunes.

Esa es una lección central para el Perú. El desarrollo no puede seguir viendo al hombre y a la mujer del campo como beneficiarios pasivos. Deben ser actores de transformación. No se trata de esperar que el Estado lo haga todo, ni de confiar únicamente en la inversión privada. Se trata de reconocer que una sociedad rural organizada puede crear activos, sostener servicios, recuperar recursos naturales y construir economía territorial.

Por eso, el país necesita una política nacional de construcción de capital social rural. Esta política debe formar líderes provincia por provincia, distrito por distrito y comunidad por comunidad. Debe fortalecer organizaciones existentes, renovar dirigencias, incorporar jóvenes y mujeres, desarrollar capacidades de planificación, gestión de proyectos, manejo de recursos naturales, administración de infraestructura, prevención de desastres y emprendimiento colectivo.

El Estado debe reconceptualizar su papel. No basta con ejecutar obras o transferir recursos. Debe convertirse en un multiplicador de capacidades sociales. Cada programa agrario, cada intervención de riego, cada proyecto productivo y cada acción frente al cambio climático debería incorporar un componente obligatorio de fortalecimiento organizacional y liderazgo territorial.

El Perú es un país con recursos fiscales limitados y enormes brechas territoriales. Precisamente por eso no puede darse el lujo de desperdiciar la energía organizada de su población rural. Allí donde el Estado no llega con suficiencia y donde el mercado no encuentra rentabilidad inmediata, el capital social puede convertirse en la fuerza que sostiene, cuida y transforma el territorio.

El verdadero debate no es solo cuánto invertirá el Estado o cuánto invertirá la empresa privada. El debate de fondo es cómo reconstruimos la capacidad del pueblo rural para organizarse, invertir colectivamente, crear activos y conducir su propio desarrollo.

Sin capital social, la inversión pública se vuelve frágil y la inversión privada se vuelve insuficiente. Con capital social, el territorio deja de ser un espacio abandonado y se convierte en sujeto activo de transformación.

Esa es la tarea política pendiente: despertar, organizar y fortalecer al Perú rural antes de que el deterioro de sus recursos, la migración de sus jóvenes y la debilidad de sus instituciones hagan mucho más difícil la recuperación.