Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / Economía en el mensaje 2026

Como se percibirá la economía peruana en el primer mensaje a la Nación del 2026.

El desafío será explicar cómo se financiarán las metas, qué instituciones las ejecutarán, en qué plazos se medirán y cuáles serán las prioridades de los primeros cien días. El país necesita señales que reduzcan la incertidumbre y distingan un programa realizable de una lista de aspiraciones.

La nueva administración recibirá una economía en recuperación, aunque expuesta a riesgos internos y externos. El Banco Central de Reserva del Perú elevó a 3,4% su proyección de crecimiento para 2026 y estimó que la inversión privada podría expandirse 12,5%. El INEI informó, además, que la producción nacional acumuló un crecimiento de 3,2% entre enero y mayo. Estas cifras ofrecen una base positiva, pero no garantizan una expansión sostenida. La continuidad dependerá de la confianza empresarial, la calidad del gabinete y la capacidad del Estado para ejecutar inversiones sin deteriorar las cuentas públicas.

La primera señal esperada será, por ello, la confirmación de un equipo económico técnicamente solvente. El mensaje deberá mostrar coordinación entre la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, los sectores productivos y los gobiernos subnacionales. También será relevante una defensa explícita de la autonomía del BCRP, el respeto de los contratos y la seguridad jurídica.

El capítulo más sensible será el fiscal. El Consejo Fiscal advirtió en julio que el crédito suplementario y los gastos permanentes sin financiamiento identificado elevan los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Asimismo, señaló que una parte del crecimiento reciente de los ingresos podría ser transitoria y que utilizar recursos temporales para obligaciones permanentes reduciría el espacio disponible para servicios esenciales, inversión pública y prevención frente al Fenómeno El Niño.

Fujimori tendría que explicar cómo funcionará el denominado choque de simplificación: qué procedimientos serán eliminados, cuáles serán los plazos máximos para permisos y qué mecanismos evitarán que la reducción de trámites debilite los estándares ambientales, laborales o de seguridad. La desregulación solo será sostenible si sustituye duplicidades por procesos más rápidos, digitales y transparentes. Una ventanilla única interoperable y con seguimiento público de expedientes sería una señal concreta de modernización estatal.

La recuperación del empleo constituye otra oportunidad, dado que el Instituto Peruano de Economía reportó la creación de 262.000 puestos formales entre enero y mayo de 2026 y proyectó que el consumo privado crecería 3,6% en el año. Sin embargo, cerca de siete de cada diez trabajadores permanece en la informalidad. El reto es elevar la productividad, estabilidad y protección social del empleo

La minería será una prueba decisiva. El plan de gobierno propone procedimientos acelerados para proyectos estratégicos, modernización de la legislación minera e incentivos a la reinversión. Reuters informó que el país cuenta con una cartera aproximada de US$64.000 millones en proyectos mineros, pero advirtió que reactivar iniciativas paralizadas podría intensificar conflictos si las comunidades no perciben beneficios y garantías ambientales.

La inseguridad y el riesgo climático ya son variables económicas. La extorsión eleva costos, reduce horarios, desalienta inversiones y golpea con mayor fuerza a transportistas, comerciantes y pequeñas empresas. La política de seguridad debe incluir metas sobre pérdidas empresariales, protección de corredores productivos y respuesta frente al crimen organizado.

Otro anuncio esperado será el futuro de Petroperú. El plan de Fuerza Popular propone concentrar la empresa en refinación y distribución, vender activos no estratégicos y separar la administración del Oleoducto Norperuano. El mensaje deberá precisar si estas medidas serán aplicadas, bajo qué cronograma y con qué salvaguardas de transparencia. Cualquier apoyo estatal debe condicionarse a metas de gobierno corporativo, reducción de pérdidas, publicación de información financiera y responsabilidades definidas. Postergar decisiones aumentaría el costo fiscal y restaría recursos a otras prioridades.

El 28 de julio, la presidenta electa tendrá la oportunidad de establecer un nuevo estándar: menos anuncios dispersos y más compromisos medibles. Un buen capítulo económico debería incluir una trayectoria fiscal, una cartera priorizada de inversiones, metas trimestrales de simplificación, un programa de formalización, una estrategia minera con gestión territorial, un plan preventivo frente a El Niño y decisiones concretas sobre Petroperú.

El mensaje será convincente si conecta estabilidad con bienestar cotidiano. El crecimiento de 3,4% previsto para 2026 es una oportunidad, no un resultado asegurado para los próximos años. Convertirlo en empleos formales, mejores servicios y menor pobreza exigirá capacidad política, disciplina técnica y coordinación institucional. El país no espera solamente confianza; espera razones verificables para confiar.