Juan Escobar / La gestión del agro peruano

La gestión del agro peruano y los costos de un Estado desorganizado

En el Perú, la concepción y la organización tradicional del Estado continúan siendo un problema estructural que impide alcanzar una gestión pública eficaz. Los tres niveles de gobierno —nacional, regional y local— mantienen competencias superpuestas que, lejos de complementarse, se neutralizan entre sí. Esta dualidad de funciones y dispersión operativa crea un desorden institucional que se expresa en diagnósticos repetidos, programas paralelos, obras inconclusas y, en consecuencia, en costos económicos y sociales que terminan asumiendo los productores agrarios.

El presupuesto destinado al agro se reparte anualmente entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. Sin embargo, la ausencia de un sistema de coordinación real convierte esta distribución en un “rompecabezas presupuestal”. A pesar de la existencia de múltiples programas vinculados a la sanidad, la asistencia técnica, el riego o la articulación comercial, la duplicidad de intervenciones diluye recursos y resta impacto.

En el caso de Arequipa, por ejemplo, de un presupuesto agrario de 516,5 millones de soles, el gobierno regional administró más de la mitad, los municipios un 27,6% y el gobierno nacional apenas un 17,7%. Sin embargo, mientras la ejecución regional superó el 80%, los municipios apenas alcanzaron 57,9%, evidenciando que la fragmentación no solo dispersa el gasto, sino que profundiza las brechas de eficiencia y cobertura.

La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA 2024) muestra la magnitud de este desorden institucional. Apenas un 6,5% de productores recibió capacitación y solo un 3,1% tuvo acceso a asistencia técnica, pese a la existencia de múltiples programas en el MIDAGRI, gobiernos regionales y locales. En paralelo, mientras se repiten talleres y diagnósticos, el 93,5% de productores queda excluido de servicios básicos de extensión. Esta falla no responde a falta de presupuesto, sino a la incapacidad de articular funciones y de construir un verdadero sistema nacional de apoyo al productor.

A nivel productivo, el desorden se traduce en inequidad estructural. El 95,4% de unidades agropecuarias pertenece a la agricultura familiar, pero el 79,3% opera en subsistencia. Más del 81% de las unidades tiene menos de cinco hectáreas y un 25% menos de media hectárea, lo que limita la posibilidad de generar economías de escala. Sin embargo, los esfuerzos de política pública siguen llegando de forma dispersa, sin lograr consolidar un esquema integral de financiamiento, asistencia y tecnología.

En este contexto, las agencias agrarias deberían convertirse en el núcleo articulador de la política agraria. El Perú cuenta con casi una agencia agraria por provincia, lo que las convierte en la red más cercana al productor. Sin embargo, estas instancias operan hoy como oficinas marginales: profesionales mal remunerados, sin movilidad, sin equipos y sin presupuesto operativo. En lugar de ser células de desarrollo, se han reducido a ventanillas burocráticas sin capacidad real de intervención.

Reconceptualizar las agencias agrarias implica colocarlas en el centro del trabajo territorial, como plataformas de coordinación y articulación. Su función no debería limitarse a transmitir programas nacionales, sino a integrar esfuerzos de MIDAGRI, gobiernos regionales, municipalidades y programas de otras carteras como ambiente, salud o educación. Es decir, se requiere una visión multisectorial que permita a las agencias agrarias convertirse en la verdadera puerta de entrada del Estado al campo, desde donde se construyan agendas productivas, ambientales y sociales de manera unificada.

La comparación con experiencias internacionales refuerza esta idea. Países como Chile, con INDAP, o Colombia, con UMATAs fortalecidas, han demostrado que las agencias territoriales pueden ser espacios de convergencia de servicios, facilitando no solo la asistencia técnica, sino también el acceso a crédito, información de mercados y apoyo a la asociatividad. En el Perú, la oportunidad está servida: las agencias existen, pero necesitan ser fortalecidas con presupuesto, personal especializado y un rol claramente definido dentro del sistema de descentralización.

El gran desafío del agro peruano, a nivel Estado, es superar el desorden institucional. Hoy coexisten múltiples diagnósticos, planes, programas y proyectos que no dialogan entre sí. El Estado opera como un archipiélago de iniciativas desconectadas, en lugar de un sistema articulado. Esta fragmentación tiene un costo directo: la ineficiencia.

La alternativa es construir un sistema de cohesión institucional basado en tres principios rectores:

-       Sostenibilidad del desarrollo: garantizar que cada proyecto y programa considere criterios ambientales, económicos y sociales para perdurar en el tiempo.

-       Multisectorialidad: integrar esfuerzos no solo de agricultura, sino también de educación, salud, ambiente, infraestructura y comercio.

-       Descentralización efectiva: otorgar a las agencias agrarias un rol central en la promoción territorial, con el MIDAGRI como ente rector y los gobiernos locales concentrados en servicios básicos e infraestructura de proximidad.

El agro peruano no está condenado a la pobreza; es víctima de un Estado desorganizado, fragmentado y sin cohesión. Mientras los tres niveles de gobierno tropiecen entre sí, los productores seguirán pagando los costos de la ineficiencia. La deuda histórica con el campo no se salda con más programas dispersos, sino con instituciones ordenadas y agencias agrarias fortalecidas como células del trabajo territorial.

Reconceptualizar la política agraria bajo un enfoque de sostenibilidad, multisectorialidad y descentralización es una tarea impostergable para transformar la pobreza rural en motor de productividad, cohesión social y soberanía alimentaria.