Juan Pablo Aranibar / Impulsando la productividad

Más competencia, más crecimiento: claves para impulsar la productividad en américa latina y el caribe

América Latina y el Caribe enfrentan, desde hace décadas, una trampa de bajo crecimiento marcada por una persistente brecha de productividad frente a economías avanzadas. Pese a los avances sociales y macroeconómicos de las últimas décadas, la región aún no logra consolidar un modelo de desarrollo basado en una economía dinámica, competitiva y capaz de generar empleos de calidad. Diversos factores explican esta situación, pero uno de los más determinantes y a menudo subestimado es el nivel de competencia en los mercados.

La competencia entre empresas genera incentivos naturales para mejorar procesos, reducir costos, invertir en tecnología e innovar. En entornos competitivos, las firmas más eficientes prosperan mientras que aquellas menos productivas salen del mercado o se ven obligadas a adaptarse. Esto, a nivel agregado, eleva la productividad total de los factores y dinamiza la economía. Por el contrario, en contextos donde prevalecen prácticas anticompetitivas, concentración de mercado o trabas regulatorias al ingreso de nuevos actores, se desalienta la inversión y la eficiencia. Las empresas establecidas carecen de incentivos para innovar, y los consumidores enfrentan precios más altos y menos opciones. América Latina y el Caribe, lamentablemente, muestran múltiples síntomas de este segundo escenario.

La baja productividad en la región no solo responde a insuficiencia de capital humano o infraestructura, sino también a la escasa competencia en sectores clave. La brecha entre las empresas más productivas y las de menor rendimiento dentro de un mismo sector suele ser muy amplia, y los mecanismos de reasignación de recursos hacia las firmas más eficientes son débiles. A pesar de los esfuerzos de liberalización y apertura de los años noventa, muchos países latinoamericanos conservan estructuras económicas donde predominan oligopolios o monopolios, tanto públicos como privados. A esto se suma la existencia de barreras legales, administrativas y técnicas que dificultan el ingreso de nuevos participantes al mercado.

Entre las principales barreras que frenan la competencia se encuentran la regulación excesiva y poco uniforme, las trabas burocráticas, los altos costos de formalización y los requisitos poco transparentes para operar en sectores específicos. La falta de independencia y capacidad institucional en las autoridades de competencia es otra limitante seria. En varios países, las agencias encargadas de fiscalizar prácticas anticompetitivas carecen de recursos o autonomía suficientes para actuar con eficacia, lo que deja espacio a acuerdos colusorios, abuso de posición dominante o fusiones que concentran aún más el mercado.

También existen distorsiones inducidas por el propio Estado. En algunos casos, las políticas públicas o subsidios favorecen a ciertos actores establecidos en detrimento de nuevos emprendedores. Persisten estructuras de compras públicas que benefician a grandes proveedores o conglomerados, dificultando la entrada de pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la debilidad del marco judicial agrava el problema: la lentitud, falta de especialización o ambigüedad en los procesos impiden resolver con prontitud conflictos relacionados con la competencia, aumentando la incertidumbre legal y debilitando el cumplimiento de la normativa.

En este escenario, fortalecer la competencia no implica una desregulación total ni la eliminación del rol del Estado, sino más bien una intervención inteligente, técnica y orientada a corregir distorsiones que obstaculizan el funcionamiento sano de los mercados. Impulsar una agenda procompetencia requiere una estrategia integral, que elimine obstáculos artificiales, garantice condiciones de equidad para todos los actores y promueva mercados abiertos, dinámicos y fiscalizados.

Uno de los primeros pasos consiste en reformar el marco regulatorio y reducir las barreras al ingreso. La simplificación de procesos para la creación de empresas, la implementación de ventanillas únicas digitales y la revisión de normativas sectoriales son medidas prioritarias. Estas reformas deben orientarse a eliminar requisitos innecesarios y evitar que las regulaciones beneficien indebidamente a los actores establecidos.

También es clave fortalecer institucionalmente a las autoridades de competencia. Estas entidades deben contar con independencia técnica y presupuestaria, capacidad de sanción efectiva y personal altamente capacitado. Solo con herramientas modernas de análisis de mercado y con autonomía real, podrán enfrentar eficazmente los abusos de poder económico y garantizar condiciones de igualdad en todos los sectores productivos.

Otra dimensión crítica es la revisión de políticas públicas que distorsionan la competencia. Es necesario auditar los subsidios, esquemas de contratación pública y programas estatales para asegurar que no generen ventajas artificiales a determinados operadores. Los sectores estratégicos, como energía, transporte, telecomunicaciones y servicios financieros, requieren especial atención, dado su peso en la estructura productiva y en la economía de los hogares.

Promover una cultura de competencia también debe formar parte del esfuerzo. Más allá de las reformas normativas e institucionales, es fundamental sensibilizar a la ciudadanía, empresarios y funcionarios sobre los beneficios de una economía competitiva. La formación académica, los espacios de diálogo público y la difusión de buenas prácticas pueden contribuir a generar una demanda social por mercados más transparentes y equitativos.

Fortalecer la competencia no solo es una medida técnica de política económica, sino una apuesta estratégica por un desarrollo más inclusivo. Mercados más competitivos impulsan la innovación, bajan los precios, mejoran la calidad de los productos y permiten que nuevos actores —muchos de ellos jóvenes emprendedores o empresas pequeñas— puedan ingresar y prosperar. En América Latina y el Caribe, donde la concentración económica a menudo se traduce también en concentración del poder político, promover la competencia es una forma de redistribuir oportunidades y democratizar el desarrollo.

En conclusión, la región tiene una oportunidad histórica para romper el estancamiento estructural y construir una economía más resiliente, equitativa y dinámica. Pero para lograrlo, necesita avanzar de manera decidida hacia una agenda procompetencia moderna y eficaz. Esto no será fácil ni rápido. Requerirá reformas legales, inversión institucional, voluntad política y compromiso sostenido de los diferentes actores sociales. Sin embargo, los beneficios potenciales en términos de productividad, empleo, innovación y bienestar— justifican plenamente el esfuerzo. En un mundo cada vez más globalizado, tecnológico y exigente, solo las economías que apuesten por la eficiencia, la competencia y la equidad podrán prosperar. En ese camino, la competencia no es una amenaza, sino una aliada estratégica para el futuro de América Latina.

Propuesta de agenda estratégica para consolidar economías más competitivas

La promoción de la competencia no debe ser entendida únicamente como una función de supervisión y sanción de conductas anticompetitivas, sino como una política transversal que incide en la eficiencia del aparato productivo, la inclusión económica y la gobernanza institucional. En ese sentido, se propone una agenda estratégica de corto y mediano plazo, articulada en torno a cinco pilares interdependientes:

1. Diagnóstico sectorial integral

Antes de diseñar o aplicar políticas procompetencia, es necesario contar con diagnósticos detallados sobre la estructura y dinámica de los principales mercados, especialmente aquellos estratégicos para el desarrollo nacional. Esto incluye identificar niveles de concentración, barreras al ingreso, márgenes de ganancia, dinámicas de precios y patrones de innovación tecnológica. Un sistema de inteligencia de mercado, con información pública y desagregada, puede servir como base para decisiones regulatorias más eficaces y transparentes.

2. Modernización del marco normativo

Muchos países de la región aún operan bajo marcos legales de competencia obsoletos, con definiciones vagas, procedimientos administrativos ineficientes o sanciones poco disuasivas. Es prioritario actualizar las leyes de competencia para incorporar estándares internacionales, fortalecer los principios de proporcionalidad y transparencia, y facilitar la colaboración interinstitucional entre entes regulatorios, fiscales y judiciales.

3. Vinculación de la política de competencia con políticas industriales

El fortalecimiento de la competencia no debe entrar en contradicción con los objetivos de política industrial o de desarrollo productivo. Por el contrario, ambos enfoques pueden ser complementarios si se articulan adecuadamente. Los programas de apoyo a sectores estratégicos deben evitar la captura por parte de grandes actores económicos y garantizar condiciones equitativas de acceso a incentivos, infraestructura y financiamiento.

4. Fortalecimiento del ecosistema emprendedor

Un entorno de competencia saludable depende también de la capacidad del ecosistema emprendedor para generar nuevas ideas, productos y servicios. Para ello, se requiere facilitar el acceso a financiamiento para Startups, ampliar la cobertura de incubadoras y aceleradoras, y reducir los costos fijos que enfrentan los nuevos negocios en sus etapas iniciales. Un marco tributario progresivo, pero eficiente, también puede incentivar la formalización sin penalizar la innovación.

5. Evaluación permanente de impacto

Toda política procompetencia debe estar sujeta a mecanismos de monitoreo y evaluación continua. Esto permite ajustar las intervenciones conforme evolucionan los mercados y detectar efectos adversos no previstos. La creación de observatorios independientes, con participación académica y técnica, puede contribuir a elevar los estándares de rendición de cuentas y aprendizaje institucional.

Reflexión final

En definitiva, promover la competencia no se trata únicamente de aplicar sanciones o impedir fusiones, sino de rediseñar los incentivos del sistema económico hacia un modelo que premie la eficiencia, la innovación y la generación de valor compartido. América Latina y el Caribe tienen ante sí el desafío y la oportunidad de consolidar mercados más abiertos, transparentes y resilientes. Lograrlo no solo impulsará el crecimiento económico, sino que también permitirá construir sociedades más equitativas, donde el talento y el esfuerzo sean las principales fuentes de progreso.