Juan Pablo Aranibar / Resultados y límites de las APP

Asociaciones público-privadas en el Perú: eficiencia económica, resultados y límites de un instrumento de política pública

Introducción

Las Asociaciones Público-Privadas (APP) se han convertido en uno de los principales mecanismos utilizados por el Estado peruano para enfrentar brechas estructurales de infraestructura y mejorar la provisión de servicios públicos. Desde una perspectiva económica, su racionalidad descansa en la posibilidad de combinar financiamiento privado, incentivos a la eficiencia y una mejor asignación de riesgos. Sin embargo, la sola existencia de inversión o contratos sofisticados no garantiza mejoras en bienestar social.

La discusión relevante no es si las APP deben existir, sino en qué condiciones generan valor económico y social. Para responder a esa pregunta resulta indispensable desplazar el análisis desde la etapa contractual hacia los resultados observables en salud, educación, productividad y calidad de vida. Este artículo aborda esa discusión desde una lectura crítica y aplicada de evidencia empírica reciente, integrándola con criterios de economía pública y gestión institucional.

APP y economía pública: del diseño a los resultados

Desde el enfoque de economía del bienestar, la infraestructura es un insumo intermedio que solo adquiere sentido cuando reduce costos, corrige externalidades o amplía oportunidades. En ese marco, evaluar APP exclusivamente por ejecución presupuestal o cierre financiero resulta metodológicamente incompleto.

Un análisis económico riguroso exige responder tres preguntas:

¿Se observan mejoras medibles en la provisión de servicios?

¿Los beneficios superan los costos económicos y sociales?

¿Los resultados son atribuibles al diseño del proyecto o a factores exógenos?

Las evaluaciones de impacto que utilizan técnicas cuasi-experimentales permiten aproximarse a estas respuestas, al identificar efectos causales y separar resultados reales de simples correlaciones.

Evidencia sectorial: qué nos dicen los resultados

Salud y saneamiento

En el sector salud, la experiencia de APP hospitalarias muestra mejoras en eficiencia operativa, mayor capacidad instalada y reducción de cuellos de botella en la atención. Desde el punto de vista económico, estos efectos se traducen en menores costos sociales asociados a tiempos de espera, mejor utilización de recursos públicos y externalidades positivas sobre la productividad laboral.

De manera complementaria, los proyectos de tratamiento de aguas residuales generan beneficios económicos indirectos al reducir riesgos sanitarios, mejorar condiciones ambientales y disminuir gastos futuros en atención de enfermedades prevenibles. Estos efectos, aunque no siempre visibles en el corto plazo, son relevantes en términos de análisis costo-beneficio social.

Educación y capital humano

Los mecanismos asociados a fondos sociales vinculados a APP muestran impactos positivos en acceso y matrícula educativa en zonas de influencia. Desde una perspectiva económica, estas intervenciones son relevantes por su efecto potencial sobre la acumulación de capital humano, especialmente en territorios con restricciones persistentes de inversión pública.

No obstante, los resultados sugieren que el impacto educativo depende fuertemente de la articulación institucional y de la capacidad de focalizar recursos hacia brechas concretas, más que del mecanismo APP en sí mismo.

Transporte y productividad urbana

Los proyectos de transporte masivo, en particular en entornos urbanos, evidencian uno de los retornos económicos más claros: el ahorro de tiempo de viaje. Estos ahorros constituyen beneficios económicos directos al reducir costos de congestión, mejorar la productividad y ampliar el acceso al mercado laboral.

En contraste, las concesiones viales interurbanas muestran resultados más heterogéneos, lo que refuerza la importancia del análisis de demanda, la asignación adecuada de riesgos y la calidad del diseño contractual para evitar sobreestimaciones de beneficios.

Telecomunicaciones y conectividad

Las inversiones en banda ancha regional han ampliado el acceso a conectividad digital, condición necesaria —aunque no suficiente— para el desarrollo económico. La evidencia sugiere que los retornos sociales de estas inversiones dependen críticamente de la complementariedad con capacidades institucionales, alfabetización digital y dinamismo productivo local.

Límites y riesgos desde una perspectiva económica

La evidencia disponible también permite identificar límites claros al uso de APP como instrumento de política pública. No todos los sectores ni todos los contextos territoriales generan retornos económicos similares. Además, los beneficios observados no son automáticos ni garantizados; dependen del diseño del proyecto, del marco institucional y de la capacidad del Estado para gestionar contratos complejos.

Desde la economía pública, uno de los principales riesgos es confundir la transferencia de financiamiento con creación de valor. Cuando la evaluación de resultados es débil o inexistente, las APP pueden derivar en ineficiencias, rigideces fiscales futuras o pérdida de legitimidad social.

Implicancias para la política económica

Un enfoque económico consistente sugiere varias líneas de acción:

-       Incorporar evaluación ex post como parte estructural del ciclo de inversión.

-       Priorizar APP en sectores donde los beneficios económicos y sociales sean claramente identificables.

-       Fortalecer capacidades técnicas del Estado para análisis, seguimiento y renegociación contractual.

-       Utilizar la evidencia empírica como insumo central para la toma de decisiones, evitando aproximaciones ideológicas.

Conclusión

Las Asociaciones Público-Privadas pueden ser un instrumento valioso para mejorar eficiencia y bienestar, pero solo cuando se evalúan y gestionan desde una lógica económica orientada a resultados. La evidencia empírica disponible permite avanzar hacia una discusión más madura: no si las APP son buenas o malas, sino cuándo, cómo y para qué funcionan.

En un contexto de restricciones fiscales y crecientes demandas sociales, la institucionalización de la evaluación de impacto no es una opción técnica, sino una necesidad económica para mejorar la calidad del gasto público y la credibilidad de la política de infraestructura.