Juan Pari / Inseguridad y poder criminal en Perú

Estado debilitado, economía capturada: inseguridad y poder criminal en el Perú

La inseguridad ciudadana en el Perú ya no se puede explicar como un problema policial ni como un episodio pasajero. Tampoco es un error de gestión o una mala racha. Lo que estamos viendo es algo más profundo. Tiene que ver con un Estado que se fue debilitando con el tiempo, no por casualidad, sino como resultado de una corrupción que fue entrando, acomodándose y vaciando de contenido a las instituciones.

Casos como el club de la construcción o Lavajato no son hechos aislados. Son parte de un proceso donde el Estado fue capturado desde dentro. Y la gente lo percibe. La encuesta de Proética lo dice con claridad: delincuencia y corrupción son los principales problemas del país. No es coincidencia. Van juntos.

En la última semana se realizó el debate presidencial y hubo algo que pasó casi desapercibido, pero dice mucho. Todos los candidatos hablaron de lo mismo: debilidad policial, falta de equipamiento, problemas del INPE, cárceles colapsadas, endurecimiento de penas. El enfoque fue prácticamente uniforme.

Pero nadie habló del Estado.

Y eso no es un detalle menor. Porque cuando el problema se reduce a policías, cárceles o leyes, se está mirando la consecuencia, no la causa. Es como si bastara con más patrulleros o más años de prisión para resolver algo que es estructural. Lo que no se dijo es que la inseguridad que vivimos es el resultado de un Estado que ha ido perdiendo capacidad real de controlar el territorio, de hacer cumplir la ley y de sostener su autoridad frente a otros poderes que han crecido en la sombra.

Los hechos lo confirman. El país viene registrando un crecimiento sostenido en delitos como la extorsión y los homicidios. No es percepción, es tendencia. Cada vez hay más violencia, más control territorial y más economías operando bajo presión criminal. Eso no ocurre en un Estado fuerte. Ocurre cuando el Estado se repliega.

Desde la teoría política esto no es nuevo. Francis Fukuyama lo plantea con claridad: un sistema funciona si hay Estado, reglas y control. Cuando uno de esos pilares falla, todo empieza a desordenarse. En países donde el Estado no llega o llega mal, la criminalidad no solo crece, se organiza.

Eso encaja con lo que planteaba Max Weber. El Estado tiene el monopolio de la fuerza, pero lo importante es que sea legítima. Cuando ese control se pierde, la violencia no desaparece, cambia de manos. Y en el Perú, ese cambio ya se siente en muchas zonas.

La corrupción cumple un papel central en este proceso. No es solo robar recursos. Es desmontar el Estado desde dentro. Se bajan controles, se manipulan normas, se capturan instituciones. El resultado es un Estado que existe en el papel, pero no en la práctica. La policía pierde capacidad, la justicia pierde credibilidad y la autoridad se vuelve formal.

Pero cuando el Estado se debilita, el poder no desaparece. Se reorganiza.

Las organizaciones criminales empiezan a hacer lo que el Estado dejó de hacer. Ponen reglas, cobran cupos, autorizan quién trabaja y quién no. Castigan. Generan un orden, pero un orden basado en el miedo. En muchos lugares, ya no es el Estado el que regula la vida diaria, son estas estructuras.

Y ahí es donde el problema cambia de dimensión. Ya no es solo seguridad. Es economía. Cuando alguien tiene que pagar para trabajar, eso deja de ser un delito aislado y se convierte en un sistema. Los cupos funcionan como impuestos ilegales. Se cobran de forma constante y con control territorial. Y eso tiene impacto directo: los costos suben, los negocios se vuelven inviables, muchos cierran y otros se informalizan para sobrevivir. Pero este fenómeno no afecta a todos por igual. Golpea con más fuerza a las pequeñas economías. Y no es casualidad. Es ahí donde el Estado menos está.

Las grandes empresas tienen mecanismos de protección, pueden contratar seguridad, tienen respaldo legal, capacidad de presión. El pequeño comerciante no. El transportista no. El emprendedor de barrio tampoco. En esos espacios, el Estado casi no llega. No hay protección real, no hay respuesta rápida, no hay presencia efectiva.

Y donde el Estado no llega, alguien más sí llega.

Por eso las economías pequeñas se convierten en el terreno ideal para el control criminal. Son más vulnerables, más visibles y menos protegidas. Un pequeño negocio no puede resistir una extorsión constante. No tiene espalda financiera. Tiene que pagar o cerrar.

Eso cambia completamente la lógica económica. En los grandes mercados todavía puede haber competencia. En las economías pequeñas, lo que hay es subordinación. El precio ya no lo define el mercado, lo condiciona la extorsión. La rentabilidad ya no depende del esfuerzo, depende de cuánto logres resistir.

Además, el control es más directo. Un barrio, una ruta de transporte, una zona comercial pequeña… ahí el control territorial es total. Se sabe quién trabaja, quién paga, quién no. Eso no ocurre igual en economías más grandes.

Entonces, la ausencia del Estado se vuelve cotidiana para los pequeños. No es un concepto, es su realidad diaria. Y cuando ellos caen, no cae solo un negocio. Se pierde empleo, se reduce la actividad económica local y se rompe el tejido productivo. La economía no solo se contrae, se empobrece.

En ese contexto, la inseguridad deja de ser solo un problema social. Se convierte en una variable económica estructural. Aumenta costos, frena inversión, genera incertidumbre. Nadie invierte tranquilo donde no hay reglas claras.

Pero además aparece otro problema más complejo. Parte del dinero que circula en la economía no viene de actividad productiva real. Viene de economías ilegales. Ese dinero entra, se mueve, se mezcla. Y puede generar la ilusión de dinamismo, cuando en realidad lo que hay es distorsión.

Eso debilita aún más al Estado. Porque ya no regula un solo sistema, regula dos: uno formal y otro paralelo que no respeta reglas. Y en ese punto, el problema ya no es solo ausencia estatal. Es competencia de poder.

Volviendo a Weber, el monopolio de la fuerza ya no está solo en el Estado. Está fragmentado. En algunos territorios, claramente en manos de organizaciones criminales. La gente ya no obedece a la ley, obedece al miedo.

Y esto se agrava cuando se insiste en reducir el Estado sin entender el problema. No es lo mismo un Estado ineficiente que uno ausente. El primero se mejora. El segundo deja un vacío.

Y ese vacío alguien lo ocupa.

En el Perú, ese espacio lo han ocupado organizaciones que funcionan como Estados informales. Controlan territorios, cobran, sancionan, “protegen”. Pero todo bajo violencia. Por eso, la expansión del crimen no es solo inseguridad. Es evidencia de pérdida de control.

Corrupción y criminalidad se alimentan entre sí. La corrupción debilita al Estado desde dentro, el crimen avanza, y ese avance debilita aún más al propio Estado. Es un círculo que se va cerrando.

Pero hoy el problema es más profundo. Ya no se trata solo de territorio. Se trata de economía. Porque quien pone las reglas decide quién produce, quién vende y quién sobrevive. Romper esto no pasa por discursos de mano dura ni por respuestas simplistas. Requiere reconstruir el Estado de verdad. Recuperar capacidad, presencia y autoridad.

Porque si el Estado no está, alguien más ocupa su lugar. Y hoy, en muchas partes del Perú, ese lugar ya no lo ocupa la ley. Lo ocupa la violencia y la corrupción.