Lo que la Agricultura Necesita del Próximo Gobierno
Fortalecimiento de la agricultura familiar
El rezago de la agricultura familiar, que abastece 70% de los productos frescos que forman parte de la canasta familiar se evidencia en los problemas y reclamos frecuentes de los productores. El gran reto en los próximos años es hacer que se incremente la articulación de esta a los mercados en condiciones favorables y sostenibles, y acceda al sistema financiero formal, además de la titulación de los predios y certificados de posesión. El país viene infructuosamente tratando de titular predios rurales individuales desde la década de los setenta. En la actualidad existen en el país 425,000 parcelas con título, pero este no ha sido registrado; otras 313,000 parcelas se encuentran en trámite de titulación, y hay casi 2 millones de parcelas sin título ni trámite de titulación. Sumado a ello, hay 759,000 parcelas de comuneros, y 218,000 parcelas con certificados de posesión. Urge promulgar una ley para que todos los certificados de posesión con más de diez años de antigüedad y sin litigio se inscriban en Registro Públicos, y en la misma, dotar de los recursos a los gobiernos regionales para que ejecuten la inscripción en un plazo no mayor de 24 meses.
Otro problema importante de la agricultura familiar es el tamaño de la parcela, lo cual dificulta la capacidad de negociación del productor, a menos que se empiecen a desarrollar esquemas de asociatividad. La experiencia de la reforma agraria de 1969 en la que se impuso un sistema cooperativista absoluto, resultó en un fracaso y en el posterior fraccionamiento de la propiedad, así como a la reducción del PBI agrario, y finalmente nos ha llevado a la situación de minifundismo actual. Cabe mencionar que la repartición de las tierras de las grandes haciendas solo alcanzó a 18.5% de los pequeños agricultores, cercenándose además tierras de comunidades campesinas, y de haber sido exportadores de 480,000 t anuales de azúcar hasta 1972, nos hemos convertido en importadores de este producto que además es producido a costos superiores a los de otros países.
En la situación actual de fraccionamiento de la propiedad, un productor escasamente podrá desenvolverse en abastecer de forma eficiente al mercado nacional, a menos que se asocie bajo esquemas innovativos que respeten su individualidad y que le resulten beneficiosos tanto al momento de adquirir insumos y asistencia técnica, como al momento de comercializar su producción. Teniendo esto en cuenta, la propuesta de una nueva reforma agraria no beneficiaría al pequeño productor, y en cambio afectaría al país, pues si se repite lo ocurrido en 1969, se repartirían las 300,000 hectáreas dedicadas a la agroexportación, que incluyen también a medianos y pequeños productores, entre los 2.2 millones productores (de acuerdo al CENAGRO), lo que representaría que a cada uno de estos últimos solo le correspondería 0.136 ha, por lo que el problema del minifundio no sólo seguiría vigente sino que se agravaría
En ese sentido urge redefinir el trabajo del Programa AGROIDEAS e integrarlo con Sierra y Selva Exportadora, incluyendo en su directorio a representantes del AGROBANCO, para que financien planes de negocio de productores que se asocien, tanto para el mercado nacional como para la agroexportación. Se debe apoyar planes de negocio de asociaciones de productores que se enfoquen a un horizonte no menor de 5 años. Este apoyo debe venir además acompañado de asistencia técnica en el uso de tecnología, en gestión financiera, habilidades de comercialización y asociatividad. El financiamiento del plan de negocio deberá incluir el pago a un asesor que deberá ser asumido por los productores a partir del quinto año. La asistencia tecnología puede ser provista por el INIA y los aspectos de asociatividad y comercialización por AGRORURAL. Este programa se puede, además, establecer a través de un plan MARCA PERÚ, estableciendo condiciones de calidad y productividad con el apoyo que se otorgará a los productores.
Con respecto al crédito, se debe fortalecer y redefinir el rol del AGROBANCO, separando de este la cartera no minorista que lo ha afectado a través de la figura de escisión simple, aceptada por FONAFE y la SBS, incluyéndole un comité consultivo integrado por dirigentes de los principales gremios agrarios para que asesore al directorio y gerencia en los tipos de crédito a otorgar. Además, AGROBANCO debe encargarse directamente del manejo del Fondo AGRO PERÚ, que tiene en situación complicada a más de 40,000 pequeños productores, en su mayoría cafetaleros, para programar la mejor forma de pago, tanto con tasa como con plazos, integrándolos a los mercados, y verificando los créditos a verdaderos productores.
El Fondo AGROPERÚ además debe ser fortalecido creando un fondo de 100 millones de soles destinado a cofinanciar el 60% de seguro agrícola comercial contra eventos climáticos a productores que reciban financiamiento y que tengan menos de 20 hectáreas para reducir el riesgo de las instituciones financieras en el financiamiento, y con ello, la tasa de interés. Esto se complementará con 2,000 millones de soles para la creación de fondos de cobertura para garantizar créditos de instituciones financieras a productores con menos de 10 hectáreas, hasta en 50% del monto del crédito, condicionado a una tasa de interés preferencial no mayor a 12% anual y con asistencia técnica. Se propone promulgar una ley que permita a gobiernos regionales y locales y disponer hasta 5% de su presupuesto anual para avalar a productores de su zona (menores a 10 hectáreas) ante instituciones financieras, seleccionados por dichos gobiernos y evaluados por las instituciones financieras. Asimismo, y considerando el poco desarrollo del sector forestal, se deben considerar medidas que apoyen a su crecimiento efectivo y al combate de la tala ilegal.
Finalmente, para proteger al agricultor familiar y formalizarlo, se buscará aplicar sobretasas arancelarias en un trabajo concertado entre los ministerios de Comercio Exterior y Turismo, Economía y Finanzas y Desarrollo Agrario y Riego, junto con INDECOPI, bajo las siguientes modalidades:
a) Derechos compensatorios a las importaciones originarias de países que subsidian sus exportaciones hacia el Perú.
b) Medidas antidumping aplicadas a las empresas que exportan hacia el Perú a precios por debajo de sus precios en su país de origen, y que hacen quebrar a las empresas peruanas.
c) Salvaguardia General, a fin de aplicar derechos arancelarios frente a las elevadas importaciones de productos y que estén haciendo daño a nuestra producción nacional. Así estas ingresen sin prácticas desleales.