En medio de la crisis de la pandemia, un 46 por ciento de los peruanos no quieren vacunarse, algo estimulado por ambivalentes declaraciones de las autoridades, burócratas, opinólogos, chamanes mediáticos que dicen que la vacuna debe ser “voluntaria”. Es así que 80% de los muertos por COVID en estas últimas semanas en el Perú, son gente que no se ha vacunado.
Los beatos del liberalismo dicen que esto es democrático y un ejercicio de la libertad, como lo fija la Constitución del 93. Liberalismo puro y en probeta. Absurdo. No hay derecho a contaminar a otros seres humanos, puesto que una regla básica de la convivencia humana nos instruye que la preservación de la vida es el fin supremo de toda sociedad.
Con ese criterio, de libertad individual extrema, se consagra el derecho a hacer lo que a cada uno le viene en gana. De ser así, seguirían progresando, sin límite alguno, la viruela, el sarampión, la polio, que han causado la muerte de millones de personas en todo el mundo, hasta que fueron controladas, gracias a las vacunas.
Tu decisión de no vacunarte mata a muchos más, porque el virus no se queda en tu cuerpo, sino que se disemina, de los portadores a los vulnerables, con la rapidez de un cohete. No tienes derecho de matar a otros con tus decisiones. Yo creo, por eso, que la vacunación tiene que ser obligatoria y quien no se vacuna es un homicida en potencia, que debe ir a la cárcel.
Los anti vacuna peruanos son víctimas de una campaña en redes sociales, que crean poderosas corrientes de opinión en cuestión de horas. Eso funciona bien cuando se trata de causas humanitarias o de nuevas libertades culturales, sexuales y políticas. Para mal, cuando, impulsados por medios conservadores, grupos religiosos extremistas y comunicadores que explotan el pánico, la anti vacunación se impone como narrativa anticientífica, negacionistas y conspirativa. Este fenómeno es parte del mismo proceso que ha creado la crisis con Trump en EE.UU. Un proyecto de dictadura perfecta, adonde el receptor se vuelve un esclavo del caudillo digital.
Los burócratas, políticos y ciudadanos, hoy le temen más al qué dirán las redes de ellos, que, a forzar el cumplimiento de normas de convivencia básica en nuestra sociedad, lo que implica usar la coerción para obligar a su cumplimiento.
No hay camino intermedio. Cárcel para los rebeldes a la vacunación o restricciones radicales, que los obliguen a poner el hombro.