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Manuel Bernales / A los que deciden (2 de 3)


En menos de 5 meses la típica y esperada conducta del Congreso y entes constitucionales como la Defensoría del Pueblo, no evidencia nada nuevo: cada quien sigue en su perfil característico, que no es del caso analizar. Nos circunscribimos al Ejecutivo, Órgano del Poder del Estado, con inmensas responsabilidades que le da su investidura de autoridad, con influencia y poder, que no son lo mismo, aunque conforman un todo complejo variable en sus aristas y expresiones. Alta rotación de ministros, vice ministros, directores generales, directores, asesores debido a que cambiando las cabezas cambian los que son “jalados”. Causas evidentes: presión de la sociedad civil y política, sin importar el descrédito en el extranjero, por designaciones o contratos de personas de ambos sexos que no solo tienen bajo estándar legal, profesional y ético o moral, sino que “llegan” con evidentes faltas o presuntos delitos.


Después del rechazo congresal a la admisión a debate ya citada, no hay quien NO espere nuevos cambios, probablemente más inclinados hacia: el ámbito de personas, “operadores” de Perú Libre, como el nuevo sindicato que jaquea al SUTEP del que se desprendió, como la primera medida del Ejecutivo por sobre toda otra; los allegados al Presidente que están formando SU partido, que se sumará a otros 26 en curso legal; los varios componentes de principales agrupaciones aliadas como Juntos por el Perú, Ciudadanos por el Cambio; ronderos, principalmente de Cajamarca porque también hay otras agrupaciones ronderiles; sindicalistas magisteriales del MOVADEF o afines; por el momento no se pone a la vista ni se alude a otros movimientos radicales como el antaurismo; pero sí se insiste, no sin evidencia, en Sendero Luminoso; profesionales no partidarizados o cuya membresía partidaria no se ha hecho pública; miembros de diversos círculos locales y provinciales que apoyaron e hicieron aportes financieros a la campaña del actual Presidente; solo escasos analistas han señalado nexos entre mineros ilegales y actores de otras ilegalidades como cultivo de coca-cocaína o heroína, tráfico de terrenos, tala ilegal y tráfico de influencias y lavado de activos; personas del mundo católico metropolitano central y en parte provincial y de Congregaciones católicas que siguen la política del Estado Vaticano, Iglesia Católica Apostólica Romana en el Perú y otros Estados de la región; así como actores externos, parte de oengs, partidos de pactos internacionales, académicos, redes sociales y prensa internacional.


Esto representa lo que en Ciencia Política se entiende como movimientos sociales de amplio espectro, donde se hallan actores, ideas creencias, actitudes y conductas cuya estrategia y tácticas son de “lucha dentro del régimen” y otras de “lucha sobre o contra el régimen”. Son tipos polares que uno o varios actores pueden transitar hacia un extremo u otro y cuyas proporciones y relación de fuerzas dan lugar a crisis “de ajustes” o “crisis de hegemonía”.


Lo que esté haciendo el Gobierno y sus operadores de máxima confianza será de alta importancia, probablemente hasta determinante, en la continuidad del régimen político constitucional o su cambio para el logro de una nueva Constitución o derogación de leyes generales de políticas públicas incluidas las de orden institucional, organización y funciones del Sector Público, régimen económico y principalmente.


Obvia y evidentemente, se nota y se sabe que hay un contrapeso congresal, que puede contar con apoyo ciudadano, “la calle”, si es que el evidente gobierno defectivo continúa, para los “proyectos maximalistas”. Sin embargo, no paso por alto hipótesis de crisis, en parte públicas, ¡que afirman que el gobierno podría consolidar una narrativa y marketing político cultural y sicológico, que convenza a mayorías nacionales que “no se le deja gobernar” y que solo nueva Constitución es la solución! es decir, podría lograr un “momento o coyuntura de crisis constituyente”. Las oposiciones activas y públicas de las derechas es la continuidad sustantiva del orden económico y constitucional.


En este contexto las mejores opciones de decisión en materia de política de energía pasan cuando menos por: Consolidar un equipo mejor conformado y con visibilidad positiva en el mundo de decisores, actores nacionales, multilaterales, transnacionales y de gobiernos de interés, no necesariamente en toda la opinión pública, en Ministerio de Energía y Minas, fortaleciendo su capacidad y autoridad de órgano o ente rector de la política y gestión sectorial nacional.


Por ende, con autoridad sobre los órganos empresariales y técnicos, los cuales deben ser fortalecidos y empoderados en lo suyo. Esto significaría: Ante todo instituir una planificación moderna indicativa, no de papeleos para repetir frases de voluminosos e inocuos documentos, con medidas que amarren presupuestos e inversiones, no continuar actuando al compás de medidas de fuerza comprensible pero ilegales que se han hecho tradición y parte del déficit de gobernabilidad y gobernanza constructiva dentro de la ley; emplear nuevas modalidades de inversión como los contratos “NEC4” en vez de los improductivos, ineficientes y permisibles a la corrupción de inversiones públicas y contrataciones del Estado.


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