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Manuel Bernales / Factores institucionales y gobernanza (1 de 2)


Factores institucionales y de gobernanza que previenen, transformas o magnifican los conflictos.


Toda sociedad, sus grupos, Estados, sus instituciones y sus respectivas relaciones, tienen consensos y conflictos, factores cohesivos y divisivos de orden natural como diferencias que van desde lo geográfico-natural, hasta los valores, vigencias y estimativas de cultura no material creados en el tiempo y el espacio, pasando por toda “obra de civilización” como se expresó Georges Balandier. Por tanto, la conflictividad y la consensualidad les son inherentes y siempre se ha buscado mayor consenso que conflicto tanto para el buen gobierno en “estado de paz” como en todo tipo de violencia “dentro del régimen y sobre el régimen” y guerra.


Desde la antigüedad clásica de occidente y otras civilizaciones acerca de las cuales hay Historia temprana o de construcción posterior, con diversos términos se ha tratado o que hoy se llama gobernabilidad y gobernanza, asociada eso sí, en esta última, a un “régimen concreto del “sistema democrático, casi siempre asociado a una forma republicana, aunque los estudios comparados que incluyen encuestas de “buen gobierno” y hasta de “felicidad”, muestran que varias monarquías constitucionales y Estados republicanos de “partido dominante” o casi único obtienen mejores respuestas positivas o valoraciones. La institucionalidad y los factores de gobernanza orientados al abordaje de conflictos desde el Estado, principalmente Gobierno Central o Poder Ejecutivo, han ido en compleja y contradictoria evolución o mero devenir más bien, influenciados por la dinámica de la conflictividad social mucho mayor que la consensualidad y el enfoque que los sucesivos gobiernos adoptaron para su atención.


Desde lo que fue el primer “comité de crisis”, en el gobierno del presidente Alejando Toledo, en 2000, el proceso de desarrollo institucional llegó a la situación actual, con una “instancia rectora” que depende de un nuevo Viceministerio de Gobernanza Territorial, de la Presidencia del Consejo de Ministros y un “sistema” de oficinas especializadas en los gobiernos regionales, cada una por su lado y sin continuidad de funcionarios especializados sino de clientelismo que los cambia cada 4 años! Perdió su nivel de acceso directo al Presidente del Consejo de Ministros y por ende, a la facilidad que ello representa para, por lo menos, influir en otras unidades delo Poder Ejecutivo de ese débil sistema desde lo formal-legal y sobre todo dese una realidad institucional concreta, y mucho menos sobre otros tres Poderes del Estado, La Defensoría del Pueblo y tres niveles de gobierno de nuestra defectiva República del Perú.


El Estado peruano tiene, en comparación con sus pares en América Latina, dos décadas de experiencia en la creación de “unidades administrativas subordinadas a ministros y un Viceministerio”, para la gestión de conflictos sociales. En 2002, el Ministerio de Energía y Minas, con asistencia técnica de Canadá, contribuyó a crear la Oficina General de Gestión Social. En 2006 se instituye la Comisión Multisectorial de Prevención de Conflictos, en la PCM, con la finalidad de coordinar acciones necesarias para la prevención y atención de conflictos. En 2011, la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales se transforma en Oficina Nacional De Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) a cargo de un Alto Comisionado, cuyo rango era de Director General, siempre dependiente del PCM, aunque tenía acceso directo al Presidente de la República y a su esposa, la Primera Dama de facto cogobernante.


En 2017, se creó el Viceministerio de Gobernanza Territorial que incorporó, subordinándola, a la ONDS, y se eliminó la figura denominada Alto Comisionado de los cuales hubo tres, dos rotaban desde la Defensoría del Pueblo. Ese nuevo viceministerio trabaja mediante seis unidades territoriales desconcentradas. Nótese que, a la vez, cada Gobierno Regional y un número no determinado de Municipalidades Provinciales cuenta con unidades parecidas.


Hace años que la PCM, sea en Oficina de Diálogo o dentro del Viceministerio, tiene como fuentes de financiamiento: el Sector Gubernamental y donaciones con regímenes contratados con el PNUD, el BID u otras fuentes de países amigos; además estas fuentes financian a la Defensoría del Pueblo, al Acuerdo Nacional y a Mesas de concertación de lucha contra la Pobreza, red de la Iglesia Católica Apostólica Romana en montos variables. Nótese que el asunto de superación de conflictos, por así decir, no contempla obligatoria ni efectivamente cuando se adoptaron medidas presupuestarias del Sector Público y solo quedan las de inversionistas privados implicados. Por esta razón evidente e intocada es que han fracasado planes de inversión social pública en costa sierra y Amazonía, como los llamados Plan Cotabambas y Plan Cierre de Brechas de Loreto, iniciado en 2011 en período de García, y que luego como cosa nueva que “nunca antes se hizo”, coordinó como ministro y después presidente Martín Viscarra y en su caso su PCM o ministros sectoriales.



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