Minería sostenible para el desarrollo solidario
En lo esencial la formalización como solución no ha avanzado y probablemente no lo hará mientras no se aplique una mejor comprensión del fenómeno y sus dimensiones económicas, sociales, culturales, geográficas y geopolíticas, cada vez más; y por tanto no se formulen programas de inversión que operacionalicen y hagan efectivas las correspondientes variables e indicadores de progresiva contención y superación.
Aporte de la minería moderna durante la pandemia
Así, pues, la minería moderna, regulada, bastante fiscalizada y observada por actores internos y transnacionales públicos, empresariales y no gubernamentales, seguirá siendo junto con la agricultura para el consumo nacional y la exportación, los principales motores para superar la caída en este quinquenio de gobierno. Esta minería no se ha detenido durante la pandemia en curso y que nadie sabe cuándo será vencida. Hizo aportes indiscutibles en este grave proceso. Pudo hacer más si desde la Presidencia de la República se la hubiera “articulado” con entes y recursos públicos y privados. Puede hipotetizarse que tendríamos menos muertos y daños; también mejores condiciones materiales y humanas para superar la atención de salud en este doloroso y complejo proceso, precisamente en zonas del interior del Perú, para que no siga vigente “la curación por las palabras” que denunciaba el maestro Mario Alzamora Valdez en sus clases de derecho.
Política y conflictividad social
Como es sabido, antes y después de procesos electorales nacionales y subnacionales se producen conflictos, algunos que alcanzan su maduración y eclosionan, otros que se revelan nuevos, o que uno o más factores precipitantes los disparan. Hay estadística regular sobre conflictos sociales que obedecen a enfoques legales y “relatos”, visiones, cosmovisiones, concepciones ideológicas, -la más conocida es la de la Defensoría del Pueblo, desde su óptica-.
Esos productos públicos o privados, son parte del espacio socio político directo o indirecto, consciente o inconsciente, expreso o tácito, visualizable desde derechas a izquierdas, cruzadas de abajo hacia arriba por conductas ideas y creencias, desde democráticas hasta autoritarias. Nadie escapa a esa realidad muy bien estudiada hace años por la sicología social y otras ciencias sociales.
La pandemia y las defectivas respuestas institucionales así como la comprensible conducta de los más golpeados y necesitados de la ciudad y el campo, torna la conflictividad más delicada, dinámica, compleja y disruptiva y se presta a interpretaciones negacionistas, polémicas e ideológicas según ideas, creencias e intereses en juego.
Siguen repitiéndose anuncios y comienzos de reinicios de gestión de conflictos no solo desde este período constitucional de gobierno. Puedo dar testimonio que esto ocurre desde el segundo lustro del presente siglo. Hubo pocas soluciones con visión de zona o departamento no solo de proyecto de distrito minero, caso Quellaveco; y la acentuación de una pauta de exacerbación de la conflictividad a partir del falseado relato del llamado “baguazo”, apología de la violencia, inclusive filmada pero aceptada a fuerza de repetirse, erigido en historia y deber ser laico e inclusive religioso. Por tanto es imperativo exponer, dialogar y mejorar las pautas para atender bien la “prevención y transformación” de conflictos para la seguridad y el desarrollo sostenibles en democracia y Estado constitucional de derecho.