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Miguel Dávila / Competitividad sin digitalización al 2030 (6 de 7)


Un camino corto para la implementación de acciones que coadyuven al incremento de la productividad y la competitividad es justamente el PROCOMPITE, que podría implementarse en pocos meses, incluso antes de julio 2021.


Cabe señalar que, la Inversión Pública, se realiza mayormente mediante Proyectos de Inversión Pública (PIP), existen también otras metodologías NO PIP, por las que se puede canalizar el gasto de gobierno, pero todo depende de las necesidades, dimensionamiento, tipo de intervención, para decidir entre unas u otras. En esta decisión también puede contar, el atraso en los niveles de ejecución de inversiones.


Hasta noviembre del 2016 existió el Sistema Nacional de Inversión Pública, también llamado “SNIP”, éste tuvo una vida de 17 años, y el 2016 ya se contaba con mucha experiencia y capacidades que lo movían con cierta rapidez. Desde noviembre de 2016 entró en vigencia el INVIERTE.PE. Este sistema, entró en vigencia ese mismo año, y su principal virtud es el cierre de brechas, lo que también se ha convertido en su mayor debilidad, pues en muchos casos aún no se determinan dichas brechas claramente, como es el caso de la Industria 4.0.


Por su parte, el filtro de programación del INVIERTE.PE es su pieza fundamental, representada en los PMI (Plan multianual de inversión), han devenido en ser el principal escollo para acelerar la inversión desde los Gobiernos Subnacionales, dado que los PMI se tienen que programar un año antes y muchas veces no se tienen prioridades decididas con esa antelación; es claro entonces porqué la inversión en manos de los Gobiernos Subnacionales suele ser baja; el 2020 se vislumbraba como el año para ejecutar dichas inversiones, pero la parada pandémica afectó enormemente este deseo; al 30 de noviembre la ejecución conjunta de los gobiernos regionales llega a 48% y las de los gobiernos locales 36.5%.


Pero, no todo está perdido, existen otros caminos cortos disponibles para ejecutar proyectos entre el 2020 y 2021, los llamados NO PIP, de los que por su facilidad de uso e implementación destacan los IOARR y los PROCOMPITE.


Mediante las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación (IOARR), todas las instituciones públicas, entre ellas los Gobiernos Subnacionales, pueden comprar equipos, maquinarias, pequeñas infraestructuras, entre otros, relacionados a PIPs en ejecución o terminados, ampliando u optimizando la intervención, o inclusive equipos de necesidad estratégica (no sujetos a ningún PIP) que hayan cumplido su vida útil; de allí que su nombre incluya las palabras: optimización, ampliación, reposición y rehabilitación. La ejecución por medio de IOARR se puede realizar hasta en 3 meses y claro, puede incluir herramientas de fabricación digital, que desde el Estado se puedan priorizar en los catálogos de inversión en manos de la DGPMI MEF, y cuya tarea debería estar en manos del PRODUCE.


Por su parte, los PROCOMPITE, herramienta creada en el marco de La “Ley que establece Disposiciones para apoyar la Competitividad Productiva” (Ley N° 29337), son otra alternativa NO PIP, para ejecutar inversión pública; en este caso destinados a inversión productiva en ámbitos donde la inversión privada sea escasa o nula. Esta herramienta sólo es para el uso exclusivo de los Gobiernos Subnacionales (regionales, provinciales y distritales), estando facultados a redirigir hasta un 10% de sus recursos presupuestados para inversión (Vía acuerdo de consejo), hacia la implementación de un fondo concursable de planes de negocio, para el desarrollo de proyectos productivas / competitivos por parte de la comunidad. Una implementación de este tipo, desde la idea hasta su llegada al campo, implica un mínimo de 5 meses, y su promoción e incluso, asistencia técnica en formulación de planes de negocio deberían tener como pívot estratégico a la Red de CITE.


Tal como vemos, estas herramientas de inversión son un muy buen vehículo para facilitar y acelerar la inversión en la llamada Industria 4.0, los pasos iniciales pasan solamente por la voluntad política de las autoridades institucionales: Ministros, Viceministros, Directores y Jefes en el caso del Gobierno Nacional, y de Gobernadores, Alcaldes y sus respectivos Consejos, en el caso de los Gobiernos Subnacionales. Por tanto, no hay excusa para incrementar la inversión para incrementar la productividad y competitividad de la Mipyme inmediatamente, sólo es cuestión de decisión, el marco legal que ampara este tipo de intervenciones ya existe y está vigente.



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