Paskal Vandenbussche / Debida Diligencia Corporativa

El retroceso de Europa en materia de diligencia debida: un paso atrás y una oportunidad para el aprendizaje colectivo

La decisión de la Unión Europea (UE) de reducir drásticamente el alcance de su Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) ha desalentado comprensiblemente a quienes la vieron como un hito en la alineación de las empresas con los derechos humanos y la sostenibilidad. Al elevar el umbral a las empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación, la UE ha limitado el alcance de la Directiva solo a las corporaciones más grandes, dejando a miles de empresas más pequeñas cuyos impactos no serán regulados por las nuevas obligaciones.

Aún así, este momento no tiene por qué ser un callejón sin salida. Puede convertirse en una oportunidad, si elegimos usarla de esa manera.

De la decepción a la preparación

El retroceso de Europa ha creado una ventana para la reflexión y la construcción. Mientras se espera que llegue una nueva regulación, debemos usar este tiempo para prepararnos: para comprender qué significa la debida diligencia efectiva en nuestras propias realidades y cómo puede funcionar como un puente entre los objetivos económicos y las responsabilidades ambientales, sociales, y comerciales de las empresas.

Eso requiere ir más allá de los eslóganes. El progreso real depende de la creación de una capacidad compartida entre tres actores clave: la sociedad civil, las empresas interesadas y la academia. Los Estados también juegan un rol clave, pero los acontecimientos recientes muestran que los gobiernos tienen poco o ningún interés en ello.

El papel de la sociedad civil

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel fundamental para hacer tangible la diligencia debida.

Pueden documentar riesgos y buenas prácticas en materia de debida diligencia, acompañar a las comunidades afectadas por la actividad corporativa y ayudar a traducir principios abstractos en realidades locales específicas. Basándose en su experiencia en la participación de las partes interesadas, muchas organizaciones de la sociedad civil han aprendido a convocar a diversos actores (trabajadores, líderes comunitarios, autoridades locales y empresas) en torno a preocupaciones compartidas, construyendo un diálogo donde alguna vez prevaleció la confrontación.

Por lo tanto, la sociedad civil puede actuar como facilitadora de una participación significativa de las partes interesadas, apoyando tanto a las empresas como a los titulares de derechos para identificar dónde la prevención y el diálogo son más efectivos que los litigios o la gestión de crisis. Al fomentar la confianza y la reciprocidad entre las partes interesadas, estas organizaciones ayudan a crear capital social: las redes de cooperación, confianza y responsabilidad mutua que sostienen la resolución colectiva de problemas.

Por medio de este rol, la sociedad civil se convierte no solo en un monitor del cumplimiento, sino en un socio clave en la transformación del modelo de gestión de las empresas, ayudandolas a garantizar que los procesos de debida diligencia generen legitimidad, estabilidad y valor compartido duraderos.

El papel de las empresas privadas

Para las empresas, este es un momento para aprender a gestionar la debida diligencia antes de verse obligadas a cumplirla. Las empresas con visión de futuro pueden utilizar este período de transición para probar enfoques prácticos de diligencia debida, evaluar sus cadenas de valor y desarrollar herramientas internas para identificar, prevenir y abordar los riesgos ambientales y de derechos humanos. Hacerlo no solo anticipa la regulación futura; genera credibilidad, confianza y legitimidad, tres pilares de la competitividad en una era de escrutinio y transparencia.

Las empresas que se involucran de manera significativa con sus partes interesadas (trabajadores, proveedores, comunidades y autoridades locales) obtienen una comprensión más profunda de los riesgos y oportunidades reales dentro de sus operaciones. Este compromiso va más allá de la consulta; se convierte en un proceso de co-creación y rendición de cuentas, donde los grupos afectados ayudan a dar forma a las decisiones que los afectan.  Al integrar la diligencia debida en su estrategia central, las empresas pueden demostrar que la productividad, competitividad y la conducta responsable no son objetivos opuestaos sino complementarios. Pueden encarnar el principio de creación de valor compartido: mejorar el rendimiento empresarial al tiempo que avanzan las condiciones sociales y ambientales de las comunidades en las que operan. En regiones marcadas por la informalidad y la gobernanza débil, el liderazgo voluntario basado en el diálogo y la confianza puede construir capital social: la infraestructura invisible que sostiene la cooperación, la estabilidad y el crecimiento a largo plazo.

El papel de la academia

Las universidades pueden servir como un ente articulador en el ecosistema de la diligencia debida, proporcionando la columna vertebral analítica y metodológica que conecta la política, la empresa y la sociedad. A través de la investigación aplicada, los programas de capacitación y las asociaciones con las empresas y la sociedad civil, la academia está en condiciones de diseñar marcos e indicadores prácticos que traduzcan los principios de derechos humanos en sistemas de gestión y resultados medibles.

Al integrar las empresas y los derechos humanos en la educación, las universidades ayudan a formar profesionales capaces de alinear la competitividad con la responsabilidad. También proporcionan espacios neutrales para el diálogo, donde las empresas, las comunidades y los responsables políticos pueden participar en debates basados en evidencia y co-crear soluciones.

De esta manera, la academia fortalece el capital social fomentando la confianza y la transparencia entre los actores, y contribuye a la creación de valor compartido al vincular la innovación con el progreso social.  La educación se convierte así en un medio de transmisión de conocimientos, y sobre todo, en un motor de conducta empresarial sostenible y responsable.

Un camino colaborativo hacia adelante

El debilitamiento de la Directiva europea expone una crisis de liderazgo global, pero también una oportunidad para redefinir el liderazgo en sí mismo. Muestra que el desarrollo sostenible no puede depender únicamente de la regulación desde arriba, sino que debe crecer a partir de la colaboración desde abajo. Si la sociedad civil, la academia y el sector privado deciden trabajar juntos ahora, pueden desarrollar las capacidades, la confianza y las herramientas prácticas que eventualmente requerirán las leyes futuras.

La vacilación de Europa no debe desanimarnos. Debe recordarnos que la transformación no empieza con una directiva, sino con un propósito común, sostenido por el aprendizaje y la acción conjunta.  La debida diligencia efectiva nace de la práctica, del aprendizaje compartido y de la evidencia de que la conducta empresarial responsable no solo mejora la sostenibilidad, sino también la productividad, la competitividad y la cohesión social.

A partir de este aprendizaje y de las experiencias locales acumuladas, podríamos sustentar una futura ampliación del marco normativo europeo que reincorpore de, como originalmente previsto, a las medianas y pequeñas empresas dentro del alcance de la regulación, fortaleciendo así un desarrollo económico verdaderamente inclusivo y sostenible.