Roger Grandez / Cambiar el terreno

¿cómo plantear una política integral que conecte el suelo rural y su riqueza boscosa con las poblaciones y mejorar sus condiciones económicas y financiar a través de un aprovechamiento sostenible de sus bosques?

La amazonia, y Loreto en particular, es un mendigo sentado en un tronco de árbol caído. Un árbol en pie en terreno rural puede ser negociado por s/70; ese mismo árbol en pie, puede alcanzar los s/5,000 como valor comercial en productos finales en el mercado de consumo. Este es el eslabón perdido para ser de este territorio un espacio donde el desarrollo con sostenibilidad y compartido puede alcanzar albores de un futuro próspero para sus ciudadanos, en un escenario mundial donde la valorización por la conservación de los recursos naturales y la tendencia de la trazabilidad de los productos que se consumen, proyectan una demanda infinita de largo aliento en tanto en cuanto tengamos que conectarnos con los mercados del mundo.

En el 2014, las proyecciones realistas por la explotación de los bosques de producción permanente (BPP) en la amazonia podría rendir en un breve plazo us$5 100 millones de producción primaria y más de 850 000 empleos de mano de obra no calificada. En el 2022, analizan el potencial del valor del BPP y presentan el rendimiento del valor de los bosques amazónicos en us$5 000 millones como escenario conservador. Según datos del Banco Mundial (BM) la inversión de USD6000 millones entre 2023 y 2050 en medidas relacionadas con el paisaje forestal podría crear cerca de 85 000 empleos por año durante dicho periodo, multiplicar por siete la contribución del sector a la economía y aumentar su contribución al PIB desde 1.9% en 2023 a 5.5% en 2050 en términos reales. Dichas intervenciones ayudarían también a reducir la deforestación desde 200,000 hectáreas en 2020 a alrededor de 15,000 hectáreas en 2050 y aumentar la reforestación. Una inversión de este tipo podría transformar al sector, que dejaría de ser el de mayor cantidad de emisiones (115MtCO2e en 2020) y convertirse en un sumidero de carbono, capturando 38MtCO2e en 2050).

Sin embargo, a pesar del potencial natural expuesto, su materialización como valor comercial para escalar escenarios prósperos todavía sigue siendo un misterio por resolver, el mismo que es promovido por la inacción de políticas públicas de vanguardia que debería generarse desde los estamentos locales, y en particular desde el Gore Loreto, como respuesta al proceso de descentralización y a la autonomía que la ley los permite, y amparadas desde la figura del artículo 69° de la Constitución Política del Perú (CPP) cuando el Estado asume la responsabilidad moral de generar condiciones habilitantes para promover su desarrollo sostenible. Estas condiciones habilitantes no la encontramos en el plan de desarrollo regional concertado – Loreto al 2033, y escasamente definidas en las normas legales que se sucedieron para promover su desarrollo, como son los casos de la Ley 27037 – Ley de Promoción de Inversión en la Amazonia, con 28 años de vigencia; y la Ley 30897 – Ley de promoción de la inversión y desarrollo del departamento de Loreto, con 8 años de vigencia, facilitando recursos financieros para diseñar infraestructura que diera soporte estructural a la diversificación productiva y a la generación de empleos dignos con ingresos sostenibles, y para este propósito se tiene que identificar sectores dinámicos (ver estudio de la Universidad de Harvard – Loreto, 2020) con potenciales reales de amalgamar contextos complejos, como es nuestra realidad.

Hoy, una propuesta legislativa (PL N°14072/2025-CR, presentado el 23 de febrero) propone incentivar las plantaciones forestales como un mecanismo para dinamizar la economía rural y recuperar tierras degradadas.

Como todo instrumento legal promotor, esta propuesta no pasa por alto los beneficios tributarios (entre ellas, se relaciona con la Ley 27037 en el caso del impuesto a la renta) conectados a su promoción y argumenta la capacidad de apalancar financiamiento (Agroideas y Agrobanco) para darle sostenibilidad a futuras inversiones, entre ellas a las iniciativas locales, y por extensión, a incentivar decisiones comunales, en particular de jóvenes, cuyo potencial podría verse reflejado en su interés en este tipo de negocio (plantaciones forestales) como una alternativa válida para superar la pobreza y la desigualdad. La creación de un Programa Nacional de Financiamiento Forestal (PRONAFOR) pretende seducir a iniciativas locales con la puesta en valor financiero reglas de extensión de créditos a largo plazo y periodos de gracia que se adapten al periodo de crecimiento comercial del árbol. La propuesta también es válida para inversionista de todo tamaño, y para poder compensar los riesgos inherentes a la inestabilidad política de estos 10 años continuos de forcejeos para alcanzar el poder político y económico, propone un convenio de estabilidad jurídica de hasta 20 años. Para evitar la burocracia administrativa publica que desanima cualquier inversión (este elemento se constituye una de las más altas barreras de acceso a la formalidad), el proyecto en cuestión promueve una ventanilla única forestal de inversiones (VUFI) para la fluidez de permisos, acuerdos y futuros convenios entre partes interesadas.

A febrero de 2026, el registro de plantaciones forestales en Loreto es de 12,196 hectáreas con 1,531 autorizaciones, concentrándose, la mayoría de ellas, en la provincia de Ucayali (Serfor), representa el 10% del nivel nacional, y es similar a las hectáreas de San Martín, y muy lejos de Huánuco, cuyo registro de plantaciones forestales son de 12,258 hectáreas.

Se debe abrir el debate de expertos para conocer los detalles de este proceso disruptivo y que, en apariencia, podría ser el toque que conecte a un desarrollo de la economía rural de inimaginables consecuencias; y una variable de análisis de precisión para marcar los detalles del impacto es con la zonificación económica ecología forestal (ZEEF) que a la fecha no se culmina (debería estar completa en diciembre de 2022), iniciándose en diciembre de 2020 en el Gore Loreto con un horizonte de tiempo de 730 días calendarios, prolongándose hasta diciembre de 2025 con una inversión acumulada de s/10.5 millones representando el 80.2% del costo total de la inversión.

Poner en relieve el potencial productivo de nuestra riqueza forestal y activar iniciativas locales de buen fuste, sobre todo de los jóvenes rurales, e involucrándose en escena instituciones y organizaciones relacionadas directamente (entre ellos los gobiernos locales y organizaciones indígenas) se volvería eficaz, pues elevaría el nivel del conocimiento técnico científico y reduciría el riesgo de la participación en este nuevo proceso de generar valor en todo el ciclo de intervención.

Cambiar el terreno involucra un gran esfuerzo a todo nivel.