En este momento, los objetivos de nuestro país corresponden a contener y controlar la propagación del COVID-19, proveer al sistema sanitario de las condiciones mínimas que permitan atender a los contagiados y ofrecer a los diversos afectados, un soporte temporal que aminore los efectos de la pandemia. Sin embargo, también es preciso considerar que dados los acontecimientos sucedidos y los que se encuentran aún por suceder, demandarán el desarrollo de una agenda post COVID-19, lo cual, implicará replantear y re-priorizar diversas políticas públicas.
Si bien existe una alta incertidumbre sobre el impacto económico de la propagación del virus, en lo referido específicamente a la inversión pública, probablemente cobrará mayor prioridad la atención de las múltiples carencias de sector salud, redoblar los esfuerzos para seguir incrementando la cobertura de agua y saneamiento y mayor impulso de la inversión pública en sectores generadores de empleo.
Sobre este último punto, frente a la necesidad de reactivar la economía y afrontar los efectos del COVID-19 a través de un mayor impulso de la inversión pública, es preciso no olvidarnos de la actividad garante de la seguridad alimentaria en nuestro país: “la agricultura familiar”.
La agricultura familiar que está definida como el modo de vida y de producción gestionado por una familia, y cuyos miembros son la principal fuerza laboral y que incluye actividades tales como la producción agrícola y pecuaria, el manejo forestal, la industria rural, la pesca artesanal, la acuicultura, la apicultura, entre otras, es la que provee cerca del 80% de los alimentos que llegan a nuestras mesas y es la que emplea a más de 3 millones de personas (de acuerdo al último y ya desfasado Censo Nacional Agropecuario, en seis departamentos del país, los trabajadores agrícolas dedicados a la agricultura familiar representan más del 50% y en otros siete departamentos superan el 30%).
Si bien entre los avances alcanzados se observa que el Perú se ha sumado a la declaratoria de la Naciones Unidas del “Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028”, se ha aprobado el Plan Nacional de Agricultura Familiar que plantea una inversión de S/ 10,707 millones y se discute la reestructuración del MINAGRI que entre otras medidas plantea la creación del Viceministerio de Agricultura familiar, el actual escenario reclama urgentemente pasar de las “buenas intenciones de forma” a las “buenas acciones de fondo”.
También corresponde que diversos gobiernos regionales y locales asuman un rol más activo. Según cifras del año 2019, la inversión pública en el sector agropecuario mostró el siguiente comportamiento:
En los gobiernos regionales, en la función agropecuaria se ejecutó aproximadamente mil millones de soles (17% de la inversión total). De dicho monto, más del 70% correspondió a proyectos de inversión de riego y si estimamos la inversión para proyectos de apoyo al desarrollo productivo en cadenas agropecuarias, el monto se reduce a menos de S/ 108 millones.En los gobiernos locales, en la función agropecuaria se ejecutó aproximadamente S/ 846 millones (7% de la inversión total). De dicho monto, más del 60% correspondió a proyectos de inversión de riego y para proyectos de apoyo al desarrollo productivo en cadenas agropecuarias, el monto se reduce a menos de S/ 212 millones.
Obviamente no se trata solamente de mayor inversión pública, se requiere también mayor calidad de dicha inversión pública. Por ejemplo, en lo relacionado a la infraestructura de riego, que concentra gran parte de la inversión actual, conviene revisar el estudio de evaluación de impacto del Fondo Mi Riego/Sierra Azul que entre algunas de sus conclusiones indica que se evidencia una debilidad en cuanto a generar impactos agrícolas significativos y sostenibles que incrementen la rentabilidad e ingresos de los productores, así como que las intervenciones no han sido acompañadas por un mayor acceso a servicios claves de capacitación y asistencia técnica, ni tampoco por una mayor asociatividad y adopción de buenas prácticas agrícolas por parte de sus beneficiarios.
Como ya lo mencionaba Carlos Ginocchio en otro articulo interesante publicado en Efectividat, urge cambiar la situación de un sector que hasta la fecha no ha recibido el trato y las políticas adecuadas de los diferentes gobiernos, pese a que es donde se encuentra la mayor pobreza y la mayor brecha de infraestructura.