Dentro del quehacer del Estado no debe faltar la gestión política, entendida como aquella que logra que decisiones de gobierno y sus intervenciones públicas tengan el respaldo político y social necesario; la cual se concreta cuando se tiene la obtención de recursos y autoridad mediante negociación con entorno autorizante.
Muestra de ello, es la interacción entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, así como la interacción de la Gobernación Regional con su Concejo Regional y de la Alcaldía con su Consejo Municipal, para emitir políticas en beneficio de la sociedad; pero también tenemos a los Ministros entrando en interacción con espacios a nivel político y/o social, como el Consejo Nacional de Salud, el Consejo de Educación o el Consejo Nacional de Trabajo, entre otros; para deliberar políticas como la reforma de la salud, la calidad educativa o la remuneración mínima vital, respectivamente.
La tarea de la gestión política les toca ejercerla a las autoridades políticas y a sus funcionarios de alta dirección y ello debe irradiar a toda la plana directiva. Para ello los gerentes públicos en cualquier nivel jerárquico de cualquier entidad pública y nivel de gobierno; deben incorporar la gestión política a través de impulsar políticas, gestionarlas para el desarrollo, generar consensos, promover la gobernanza, involucrar a la opinión publica (marketing público y comunicación estratégica) e implementar una gestión enfocada en el ciudadano.
Desarrollar esto, implica que las autoridades incorporen el enfoque de valor público (Mark Moore), en cuyo contexto según Blaug “el valor público es aquello que el público valora” y para ello las entidades públicas deben atender a partir de “formar las preferencias de los ciudadanos, pero también aprender de ellos, de sus opiniones, intereses, experiencia y conocimiento colectivo”. Hoy ante la situación económica y social, es vital considerar la gestión política para concretar las políticas públicas y así generar confianza en la sociedad.