Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / 2026 crecimiento y gobernanza

Perú 2026: entre el espejismo del crecimiento y la fragilidad de la gobernanza.

En la radiografía de la primer vuelta de cara a las elecciones presidenciales se desenvuelve en un escenario complejo de gobernanza del próximo presidente del Perú que resulte ganador, dado la colisión que se generaría con el Congreso Bicameral y la representación parlamentaria que obtendría en el Congreso de la República, no solo por la fragmentada representación sino la “capacidad de gobernar”, dado que en el último siglo la alta rotación de seis presidentes y 23 ministros de Economía y Finanzas, generan una escenario de incertidumbre que conlleva al retraso de la inversión privada y la débil gestión pública.

El antecedente de la última elección marcada por “la rabia” originó una erosión fuerte de la democracia representada por la informalidad e ilegalidad, la crisis de los partidos políticos y la del Congreso de la República, que implica un retroceso claro de la institucionalidad, que ha infectado el resto de los poderes del estado.

Pero también efectos negativos en la población vulnerable, donde el indicador de progreso social alcanzó el nivel más bajo en el año 2025, situándolo en el puesto 84 de 170 países con una puntuación de 67.6 de 100 puntos; siendo un claro retroceso en la calidad de vida de los ciudadanos y la necesidad de priorizar estrategias diferentes a la recuperación económica y el control financiero, centrándose en el aspecto microeconómico del desarrollo social de la ciudadanía poniendo énfasis en la seguridad ciudadana, la calidad de los servicios básicos y la estabilidad institucional.

Es por ello que el temor de la fragilidad del nuevo gobierno, genera un clima de preocupación, en el cual en el corto plazo revertir la crisis de institucionalidad genera la paradoja con el optimista crecimiento de la economía peruana, pero que no se encuentra acompañado de los problemas de gobernabilidad, la polarización y la naturaleza transaccional del congreso, no logrando alcanzar estabilidad y predictibilidad de la productividad peruana, cuyo potencial de crecimiento económico apenas llego por debajo del 6% anual, por la principal problemática de corrupción e inseguridad que preocupa por los escasos candidatos que hasta ahora han demostrado débiles propuestas técnicas como la controversial propuesta del uso de las reservas internacionales para impulsar proyectos estratégicos y otros gastos que  generaría debilitar la estabilidad monetaria.

A pesar que la política fiscal tiene al presupuesto público como instrumento de política pública que para el año 2026 alcanza un total de 257,562 millones de soles, que se concentra principalmente en el gasto corriente que representa el 65%, seguidos del gasto capital que representa el 22% y el servicio de la deuda representa el 13%. Sin embargo Velasco (2026) detalla que el 81% del presupuesto se concentra en las funciones de Educación, con S/ 48,708 millones (18.9% del total); Salud, con S/ 32,888 millones (12.8%); Deuda Pública, con S/ 32.386 millones (12.6%); Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, con S/ 30,080 millones (11.7%); Transporte, con S/ 22,325 millones (8.7%); Previsión Social, con S/ 16,075 millones (6.2%); Orden Público y Seguridad, con S/ 15,858 millones (6.2%); y Protección Social, con S/ 10,689 millones (4.1%).

Evidenciando que ante en panorama político, el presupuesto público 2026 se concentra altamente en la función legislativa que implica responder a nuevas competencias, reformas institucionales o mejoras sustantivas en eficiencia y resultados, pero que desplaza a los sectores sociales que vincula directamente a la provisión de los servicios públicos. Lo que pone en énfasis que el instrumento de política pública aún refleja la desalineación potencial con el desarrollo de mediano y largo plazo: afirmando que no se cuenta con criterios técnicos y decisiones políticas para las asignaciones presupuestarias. En el ámbito territorial la redistribución del presupuesto regional y local durante el tránsito del proyecto a la ley aprobada pone en evidencia la necesidad de contar con criterios más explícitos, transparentes y previsibles para la asignación territorial de los recursos, detalla que no se consideran brechas, costos diferenciados, capacidad de ejecución y necesidades de cada territorio, lo que afirma que no existe una coherencia entre la planificación y el presupuesto, que no conlleva a orientar el gasto hacia resultados concretos.

Conclusión: 

El escenario político y económico que enfrenta el Perú hacia 2026 evidencia una profunda desconexión entre el optimismo macroeconómico y la debilidad estructural de su institucionalidad. La fragmentación del Congreso, la alta rotación presidencial y ministerial, junto con la crisis de los partidos políticos, configuran un entorno de gobernabilidad frágil que desalienta la inversión privada y limita la capacidad del Estado para generar resultados sostenibles. A ello se suma un presupuesto público altamente concentrado en gasto corriente y funciones que no responden de manera directa a las brechas sociales más urgentes, lo que revela una asignación poco alineada con criterios técnicos, territoriales y de desarrollo de largo plazo.

Este contexto se traduce en un deterioro del progreso social y en una creciente vulnerabilidad de amplios sectores de la población, confirmando que la estabilidad fiscal por sí sola no garantiza bienestar ciudadano. En consecuencia, el principal desafío del próximo gobierno no será únicamente preservar los equilibrios macroeconómicos, sino reconstruir la institucionalidad democrática, fortalecer la planificación articulada con el presupuesto y reorientar el gasto público hacia resultados concretos en seguridad, servicios básicos y cohesión social, condiciones indispensables para transformar el crecimiento económico en desarrollo real e inclusivo.