Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / Bonanza o estancamiento

Entre la bonanza y el estancamiento: los retos de la economía peruana rumbo a 2026

Panorama Internacional

La perspectiva de desaceleramiento de la economía mundial para el 2026 se sustenta en el menor dinamismo del consumo privado y la demanda externa que alcanzaría una proyección del 3.1% del producto bruto interno (PBI) según el Fondo Monetario Internacional, producto de la elevada incertidumbre por la compleja política arancelaria, donde la aplicación de aranceles adicionales y las tensiones geopolíticas vienen generando trastornos en las cadenas mundiales de suministro e incremento de los déficit fiscales y la aversión del riesgos que endurecería las condiciones financieras mundiales, con una marcada depreciación del dólar estadounidense.

Panorama en Latinoamérica

En este contexto las economías de América Latina y el Caribe de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina se proyectaría en un crecimiento del 2.3% para el 2026 producto de la dimisión del principal motor de crecimiento que se refleja en el menor consumo privado cuyo aporte al crecimiento disminuiría a 1.4% y el consumo público se reduciría a 0.8%. De ahí que Latinoamérica se encontraría atrapado en una pérdida progresiva de dinamismo productivo y una creciente dificultad para generar un crecimiento sostenido, incluso en ausencia de perturbaciones cíclica.

La región también enfrenta desafíos estructurales que limitan su impulso. Si bien la inflación latinoamericana ha continuado disminuyendo, permitiendo a los bancos centrales relajar gradualmente la política monetaria, la inversión privada sigue rezagada y la productividad no muestra señales de repunte. El crecimiento que se logra proviene principalmente del sector servicios, mientras la industria y la construcción permanecen rezagadas. En el frente laboral, la recuperación del empleo avanza con lentitud: el empleo crece de forma moderada y la tasa de desocupación ha caído levemente, pero persisten amplias brechas de participación laboral entre hombres y mujeres, con niveles de informalidad todavía muy altos en la mayoría de países. De cara a 2026, las perspectivas apuntan a que la región continuará en esta senda de bajo dinamismo, con tasas de crecimiento modestas, un entorno internacional volátil y limitaciones internas persistentes para impulsar la inversión, mejorar la productividad y expandir el empleo formal.

Contexto peruano

En este panorama regional complejo, el Perú se encuentra en una encrucijada económica hacia 2026, que de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú se proyectaría a 2.9% del producto bruto interno sustentado en la inversión privada con una proyección del 3.5% y el consumo privado se proyectó en 2.9%. Por un lado, exhibe fortalezas macroeconómicas notables, dado que ha logrado domesticar la inflación a niveles bajos y disfruta de un viento de cola externo excepcional gracias a los altos precios de sus materias primas

Por otro lado, conviven en la economía peruana profundas debilidades y tensiones que amenazan con empañar estos logros. Pese a la bonanza externa, la inversión privada doméstica se ha mostrado renuente a despegar, dado que los términos de intercambio han alcanzado los niveles históricos. A la par, problemas endémicos como la baja productividad, el elevado empleo informal y la inestabilidad política crónica del país siguen frenando el potencial de crecimiento.

Retos de la economía peruana en el 2026

En las siguientes secciones se abordan los retos clave que el Perú debe encarar rumbo a 2026 desde la inversión pública y el desempeño fiscal hasta la inflación, la productividad, el empleo, el riesgo financiero, los términos de intercambio, la gobernanza económica y el clima de inversión.

El Perú viene ejecutando un gasto público en inversión sin precedentes, pero sus beneficios no se reflejan plenamente en la vida de la población. En 2025 la inversión pública alcanzaría alrededor del 5,2% del PBI, un nivel histórico en obras y proyectos. Sin embargo, millones de peruanos continúan sin acceso a servicios básicos de calidad, y las brechas de infraestructura y bienestar no se reducen; por el contrario, tienden a profundizarse. Un reciente sinceramiento de la cartera de proyectos reveló, por ejemplo, que 4 de cada 10 obras regionales han debido postergar su fecha de término al menos cinco años adicionales. En resumen, el talón de Aquiles de la inversión pública peruana sigue siendo la gestión: sin mejoras en la planificación de largo plazo, la disciplina presupuestal y la capacidad técnica para ejecutar proyectos, incluso un gasto de inversión récord difícilmente se traducirá en mejoras proporcionales en la calidad de vida de la población.

El déficit fiscal acumulado peruano a 12 meses se redujo de 3,5% a 2,4% del PBI entre diciembre de 2024 y agosto de 2025. Para el cierre de 2025, el Banco Central proyecta igualmente un déficit en torno a 2,4% del PBI, continuando luego hacia 2,1% en 2026. Esta consolidación se explica por mayores ingresos extraordinarios provenientes en parte de la favorable coyuntura minera y por una contención del gasto. Sin embargo, el latente escenario de incertidumbre donde el déficit fiscal podría aumentar nuevamente a 2,5% del PBI en 2026, superando la meta oficial de 1,8%, debido a mayores presiones de gasto público. De materializarse, este repunte del déficit colocaría al Perú por encima de la senda de consolidación prevista en la regla fiscal vigente. Ante este panorama, el Banco Central de Reserva ha enfatizado la necesidad de prudencia para recomponer más rápidamente el espacio fiscal y reducir la deuda pública. En efecto, pese a la reducción reciente del déficit, la deuda neta del gobierno peruano sigue en ascenso, y consolidar su sostenibilidad exigirá incrementar los ingresos permanentes y mantener a raya el crecimiento del gasto corriente.

Con la inflación bajo control, el Banco Central de Reserva ha comenzado a relajar su postura monetaria para estimular la economía. Hacia finales de 2025, la autoridad monetaria redujo la tasa clave en varios pasos y mejoró las condiciones de liquidez, confiando en que las expectativas inflacionarias están ancladas cerca de 2%. Las proyecciones oficiales señalan que la inflación anual cerraría en torno a 2,0% tanto en 2025 como en 2026, es decir, prácticamente en la meta. Esto le da al Perú un margen importante de estabilidad de precios de cara al futuro inmediato.

Pese a los avances macroeconómicos, el Perú arrastra un problema de productividad crónicamente baja que limita su crecimiento de largo plazo. En la última década, la productividad total de los factores prácticamente no ha crecido, reflejando escasa innovación, poco avance tecnológico y serias brechas en capital humano. De ahí que la productividad no muestra señales de repunte y continúa siendo un factor ausente en el motor de crecimiento. En el caso peruano, esto se traduce en un crecimiento potencial modesto estimado alrededor de 3% anual, insuficiente para reducir las brechas de desarrollo con rapidez.

En cuanto al empleo, la subempleabilidad y la informalidad masiva son problemas más apremiantes que el desempleo abierto. El desafío hacia 2026 es convertir la recuperación del empleo en una recuperación de empleos formales y de calidad, integrando a más trabajadores al sector moderno de la economía. Para ello se requieren políticas activas que fortalezcan las mypes, incentiven la formalización y eleven la productividad laboral mediante capacitación y educación, en especial entre jóvenes y mujeres.

Siendo el desafió aún mas crítico el de la debilidad en la gobernanza y la conducción de las políticas públicas. La inestabilidad política de los últimos años con frecuentes cambios de presidentes, ministros y altas autoridades ha dificultado la ejecución consistente de cualquier agenda de reformas. Cada gobierno ha introducido su propio plan, a menudo desmantelando el del antecesor, lo que ha generado zigzags institucionales que frenan el progreso. Un ejemplo claro son los constantes cambios en los sistemas de planificación e inversión pública por la escasa visión unificada y de continuidad a largo plazo ha llevado a esfuerzos dispersos y a reinicios periódicos que dilapidan tiempo y recursos. Asimismo, la coordinación entre niveles de gobierno es deficiente y las prioridades nacionales muchas veces no se alinean con las regionales y locales, resultando en agendas fragmentadas y desarticulación de políticas.

Lo que despierta un clima de inversión frágil, donde el sector privado se muestra cauteloso a la hora de emprender nuevos proyectos de envergadura. A pesar de la estabilidad macroeconómica envidiable, la incertidumbre política y social ha erosionado la confianza empresarial en los últimos años. El año 2026 se vislumbra particularmente incierto debido al ciclo electoral general; aunque el consumo privado ha resistido, existe el riesgo de que muchas empresas posterguen decisiones de inversión hasta conocer el rumbo del próximo gobierno. De hecho, diversas encuestas muestran expectativas empresariales todavía pesimistas o en terreno neutral, reflejando temores sobre cambios bruscos de políticas o eventuales conflictos sociales que afecten sus operaciones.

Conclusión

El balance de la economía peruana de cara a 2026 presenta un contraste marcado entre fortalezas y debilidades. Por un lado, se goza de estabilidad monetaria con inflación controlada, un sistema financiero sólido y un auge histórico de sus términos de intercambio que ha llenado las arcas públicas y externas. Por otro lado, debajo de la superficie persisten corrientes adversas como el incremento del déficit fiscal, la inversión y productividad estancadas, empleo predominantemente informal, instituciones frágiles y alta incertidumbre política.

Enfrentar dichos desafíos requiere mejorar la calidad del gasto en inversión pública, apuntalando la planificación de largo plazo y la ejecución eficiente de proyectos; consolidar la disciplina fiscal elevando la recaudación sin ahogar la economía; remover obstáculos a la productividad mediante inversiones en capital humano, innovación y formalización; y reconstruir la confianza en el país fortaleciendo la institucionalidad democrática y la seguridad jurídica para los negocios.