El costo económico de la incertidumbre política peruana
Las proyecciones económicas y financieras para los años 2021 y 2022 a nivel mundial mostraban un escenario favorable para nuestra economía tras el crecimiento de nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos que crecería alrededor del 7% del producto bruto interno y China crecería 8.7% según el Banco Mundial. A ello se suma el mejor escenario en el alza del precio de los commodities como oro y cobre que alcanzarían valores históricos; que entre los años 2002 y 2020 crecieron nuestras exportaciones mineras en 6.8 veces, lo que contribuye a la mejora de los términos de intercambio que crecería un 25.6% entre el 2019 y 2022.
Sin embargo tras la incertidumbre mundial en el año 2022 tras la crisis bélica entre Rusia y Ucrania el precio mundial del petróleo se elevó a casi 100 dólares y la turbulencia de los mercados financieros generarían mayores estragos a una economía de recesión por el efecto pandemia en Estados Unidos, donde ya se proyecta un menor crecimiento de lo estimado en 4% para la economía norteamericana y para Europa crecería 3.9% en el año 2022, dado el incremento de los precios de los alimentos como el maíz y el trigo que rápidamente generaría el espiral de la inflación y provocar un impacto negativo en las diversas economías del mundo.
La incertidumbre considerada la inyección letal que hace daño a la economía peruana principalmente en el actual contexto político medido por el índice de confianza empresarial que se ubica en el tramo pesimista hace 11 meses consecutivos, siendo el periodo más largo en las últimas dos décadas; sin embargo considerando el impacto positivo del alza del precio de commodities y la mayor recuperación de la demandas de los socios comerciales las expectativas empresariales han debido situarse en el tramo positivo; sin embargo tras la crisis política que vienen enfrentando el Perú calificando el Financial Times como un país ingobernable con una dura crisis en el ejecutivo con 46 ministros que han pasado en ocho meses de gestión y una crisis social que se vuelca por el incremento del precio generalizado de loa alimentos que ya ha contagiado a casi todos los que conforman la canasta básica de alimentos.
La mayor incertidumbre local que se traduce en la caída de la confianza empresarial que originaría un impacto directo en 8% de menor crecimiento de la inversión privada, menor generación de empleo y un menor crecimiento de la economía que alcanzaría el 3.4% del producto bruto interno para el año 2022; lo cual junto al deterioro de la calidad de las instituciones públicas peruanas en un entorno de incertidumbre local incentiva la fuga de capitales y la paralización de grandes proyectos inversión en los próximos años.
Por otro lado, tras el estallido del descontento social en Junín y otras regiones del país en una sociedad convulsionada y fragmentada como se visualizó en la últimas elecciones generales, las medidas adoptadas por el gobierno fue el incremento de la remuneración mínima vital a S/.1025 soles lo cual en la caracterizada economía informal que representa el 76% del tejido empresarial peruano ocasionaría un incremento del costo laboral, incremento de la asignación familiar y por ende el incentivo hacia la presión de ser informal.
En cuanto a la reducción del impuesto selectivo al consumo a la gasolina de 84 y 90 octanos y el petróleo con el objetivo de reducir el precio de estos combustibles; sin embargo la medida ciega adoptada no impactaría de manera significativa al usuario final, no siendo la solución más idónea frente a la crisis el alza del precio de los combustibles dado la participación de diferentes intermediarios en la cadena de abastecimiento del combustible a diferencia de un subsidio focalizado que beneficiaria directamente al público objetivo a ser favorecido como una medida del retorno de pago del selectivo al consumo.
La economía peruana aún enfrentaría un entorno internacional de incertidumbre dado la prolongación del conflicto de Rusia-Ucrania, inflación mundial y el retiro de los estímulos monetarios por los bancos centrales. De ahí la necesidad de reducir la actual incertidumbre local y la crisis política con un necesario fortalecimiento de la institucionalidad para lograr un crecimiento económico sostenible; evidenciando que tanto la economía y la política no son caminos separados; sino que al contrario se requiere una integridad entre la economía y la política a partir de la nueva economía política que se convierte en aquella constitución social para lograr comprender la racionalidad económica en la ciencia política a partir de la interrelación entre los beneficios sociales, políticos y culturales que conlleva a lograr la maximización del bienestar social a partir de una capacidad del estado para hacer uso de la política económica y social para lograr atender la dinámica dela acción humana y sus realidades.
De esta forma la inexistencia de reformas estructurales, la protesta ciudadana, la falta de puestos de trabajo y las contraposiciones políticas que afecta a la ya debilitada institucionalidad del país, teniendo una década perdida en contraposición a las reformas estructurales que requiere el país, mostrando los congresistas que operan bajo el engaño sistémico de los representantes políticos y los que administran justicia, nos conlleva a reflexionar sobre la elección de nuestros representantes en los tres niveles de gobierno, ante ciudadanos considerados el motor cívico que reclaman con la indignación las reformas estructurales y mirar hacia el futuro, es el pilar necesario para nuestro país al Bicentenario.