El Perú con alto riesgo de estabilidad en un gobierno sin rumbo.
Con las dificultades vividas por el Perú en sus 201 años de independencia la democracia aún sigue vigente, pero con un riesgo alto de estabilidad dado la actual gestión del presidente sin voluntad de cambio que ante una política peruana tan fragmentada que junto a la combinación de inexperiencia, ineptitud, incapacidad y debilidad no permite una solidez de la gestión pública peruana que solo conlleva a expectativas negativas tras la destrucción del estado e institucionalidad.
Para el Fondo Monetario Internacional con sus recientes proyecciones de un panorama inmediato sombrío con un crecimiento mundial solo del 3.2% para el año 2022; creciendo Estados Unidos en 2.3% este año y 1% para el año 2023. Mientras que China solo crecería 3.3% para este año y 4.6% para el año 2023.
En el caso de América Latina solo crecería 3% en el año 2022 y 2% en el año 2023; siendo la inflación una preocupación constante que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo. De esta forma el Perú enfrenta las principales prioridades de controlar la inflación y proteger a los más vulnerables; así como condiciones monetarias restrictivas tras el aumento de las tasas de interés; la crisis alimentaria productos de las barreras al comercio de alimentos internacionales tras la guerra entre Rusia y Ucrania; así como la inestabilidad financiera y el riesgo de pandemias que conlleva a las perturbaciones económicas.
El país sin un liderazgo claro empañado por casos de corrupción y un panorama sombrío sin ética y sin rendición de cuentas ha originado la no relevancia al mensaje presidencial que evidencia promesas, pero sin presupuesto; así como la carencia de un rumbo y orientaciones que inspira y ordena la política pública, que permita generar un mayor dinamismo a la inversión privada, así como la generación de empleo y la mejor provisión de servicios públicos de calidad en un escenario internacional sombrío
Las reformas estructurales quedaron fuera en el discurso presidencial donde se evidencia que en el año de gestión se ha producido mas de cincuenta cambios de ministros y es hora que la contraloría social y la ciudadanía organizada tome conciencia de la homilía comprometida por la presidencia que evidencia un accionar sin rumbo.
Nuestra álgida institucionalidad ha conllevado a una nueva rebaja en la calificación de riesgo en un escenario internacional sombrio, ello se traduce como la segunda calificación más baja en grado de inversión que origina un incremento de las tasas de interés en el acceso al financiamiento por parte del Perú; sin embargo, aún somos la segunda economía con mejor calificación en Latinoamérica.
Ello debido a que la incertidumbre ocasiona un impacto negativo en el crecimiento económico por el retraso en la toma de decisiones de inversión por la negativa de confianza, volatilidad y toma de decisiones irracional, por el condicional a las decisiones de inversiones de las personas, las empresas, los gobiernos y las instituciones públicas; sin embargo, es el costo de oportunidad ante el punto de quiebre de la realidad problemática de la institucionalidad.
La reciente publicación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional hacia el 2050 plantea cuatro objetivos nacionales relacionados al desarrollo de las capacidades de las personas, gestionar el territorio de manera sostenible, elevar los niveles de productividad y competitividad con empleo y garantizar una sociedad justa, democrática, pacífico y un estado al servicio de las personas. De esta forma dicho instrumento orienta el accionar del estado en el mediano y largo plazo que permita mejorar las condiciones de vida de la población.
El futuro pos pandemia para el Perú plantea la necesidad de conllevar a establecer medidas urgentes para reestablecer la senda del crecimiento económico, abordando principalmente tanto los limitantes del crecimiento de la productividad de la economía, así como la alta tasa de informalidad y el déficit de infraestructura productiva; así como el álgido aspecto institucional.
Para lo cual la cruda realidad de las vulnerabilidades que se acentuaron con la crisis de la COVID-19 aún persisten principalmente en la incapacidad de nuestras instituciones; así como la deficiente gestión pública marcada por la insensible corrupción que conlleva a no generar oportunidades de empleo para la población y afectando al clima de negocios; así como lograr una sociedad más eficiente y equitativa; siendo la frustración de la responsabilidad macroeconómica no lograr aterrizar el crecimiento económico hacia una mejor calidad de servicios públicos y por ende mejor calidad de vida.
A este punto es necesario comprender que las frustradas expectativas de la población; así como el desperdicio de la bonanza de los precios internacionales de los minerales y un gobierno de confrontación que no comprende el escenario internacional y la situación interna del país que ocasiona la inestabilidad económica conllevará que sus tropiezos, escándalos y desatinos políticos ocasionarían un futuro sombrío para la economía peruana sobre el cual tiene que accionar el actual ministro de economía a través de la política fiscal, las políticas públicas y la relación con la política macroeconómica, requiriendo para ello tener gestores públicos que conlleven a una verdadera reactivación económica con una mejora en la productividad que se traduzca en bienestar de los ciudadanos, evidenciándose en resultados.
Referencias:
- Mg. Yefferson LLonto Caicedo Economista, con Maestría en Ciencias con Mención en Proyectos de Inversión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
- Brenda Vallejo Mezarina, es egresada de Economía de la Universidad Esan
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