Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / La constitución como ancla

La constitución como ancla: lo que los números dicen cuando el ruido político se apaga

El debate sobre cambiar el modelo económico peruano regresa cada elección. Pero en veinte años, la pobreza extrema cayó de 25,4% a 5,1%. Eso no fue magia, sino un marco institucional que funcionó, con todas sus fallas.

Hay un ritual casi inevitable en las elecciones peruanas. Apenas se conocen los resultados de la primera vuelta, alguien sale a proponer que la Constitución de 1993 es el problema. Que el Estado necesita más poder. Que el modelo económico vigente favorece a los ricos y abandona al resto. El argumento tiene fuerza emocional. Lo que no siempre tiene son números que lo sostengan.

Es claro que, en el 2005, la pobreza extrema en el Perú llegaba al 25,4% de la población, según el Banco Mundial. Para 2024, esa cifra había bajado a 5,1%. Una caída de veinte puntos porcentuales en menos de dos décadas, una de las más pronunciadas de toda América Latina. De esta manera el argumento central no es ideológico sino empírico, debido a que cambiar las reglas de estabilidad macroeconómica no resuelve las brechas de servicios que los peruanos enfrentan hoy. En cambio, podría desmontar el andamiaje que permitió tres décadas de crecimiento.

La autonomía del Banco Central de Reserva del Perú

Uno de los cambios que trajo la Constitución vigente fue darle autonomía al Banco Central de Reserva y prohibir que el Estado financie el gasto público con emisión monetaria. Para quien no vivió los años ochenta, esto puede sonar tecnocrático y distante. Pero el Perú de entonces tenía una inflación anual del 383% en promedio entre 1983 y 1993. Brasil llegaba al 604%. Eran economías que se comían a sí mismas.

Desde 1997, el Perú no ha vuelto a registrar inflación de dos dígitos de manera sostenida. Eso protegió el poder adquisitivo de los hogares, especialmente los de menores ingresos, que no tienen activos financieros para cubrirse de la devaluación. También le permitió al país desarrollar un mercado financiero que facilitó el acceso al crédito para familias y pequeñas empresas.

La prohibición de financiar el presupuesto con emisión también obligó a una disciplina fiscal que, aunque incómoda políticamente, fue eficaz, dado que la deuda pública cayó del 60% del PBI en 1990 al 29% al primer trimestre de 2026, por debajo del promedio regional. Eso no es un logro menor; sino el margen que tiene el Estado para actuar cuando vienen crisis.

Las condiciones necesarias para el desarrollo de la inversión privada

Uno de los mitos más repetidos sobre la economía peruana es que el modelo beneficia a las grandes empresas y aumenta la desigualdad. La evidencia muestra algo diferente, aunque no tan simple como el relato opuesto.

La inversión privada pasó de representar el doble de la inversión pública a cuadruplicarla a partir de 1990. El motor inicial fue la inversión extranjera directa, que se multiplicó y generó empleo formal, aumentó la recaudación y permitió que el Estado tuviera más recursos para gastar en lo que no puede hacer el sector privado como colegios, carreteras, postas médicas, entre otros.

En los últimos cinco años, la inversión pública casi se triplicó, financiada en buena parte por los ingresos fiscales que generó el crecimiento económico y los precios altos del cobre. Aquí aparece otro mito que vale la pena revisar, dado que la idea de que las grandes empresas mineras o el sector privado no pagan impuestos. Los datos no lo confirman, debido a que la recaudación fiscal creció precisamente porque las empresas pagaban más.

Además, la apertura comercial que permitió la Constitución multiplicó por más de dos la variedad de bienes y servicios disponibles para los consumidores peruanos. Eso no es un detalle menor; dado que los precios más bajos de productos importados también protegen el poder de compra de los hogares.

Lo que la constitución no resolvió

El Perú creció, redujo pobreza extrema y logró estabilidad macroeconómica. Y aun así, tres de cada cinco colegios públicos no tienen acceso adecuado a servicios básicos. Más de la mitad de la red vial nacional está en malas condiciones. Las brechas en salud, educación e infraestructura siguen siendo enormes.

Pero, y esto es crucial, esas brechas no son consecuencia del régimen económico. Son consecuencia de instituciones débiles y de un Estado que no ha sido capaz de ejecutar bien el gasto que sí tiene disponible. El problema no es que el Estado tenga poco dinero; es que frecuentemente no lo gasta de manera efectiva.

Si el problema fuera el modelo económico, cambiar la Constitución tendría sentido. Pero si el problema es la capacidad institucional del Estado para planificar, ejecutar y supervisar el gasto público, entonces el debate constitucional es una distracción. Una distracción costosa, además, porque genera incertidumbre que desincentiva la inversión precisamente cuando más se necesita.

El debate sobre cambiar la Constitución económica ocupa espacio político, mediático y de gestión pública que podría destinarse a reformas concretas como mejorar la calidad del gasto en educación, fortalecer los sistemas de contratación pública, reducir la corrupción en la ejecución de infraestructura regional.

Esas reformas son más difíciles, más aburridas políticamente y menos movilizadoras que la promesa de una nueva Constitución. Pero son las que efectivamente cerrarían las brechas que hoy justifican el malestar social. El riesgo concreto es que, mientras el debate se concentra en el modelo, las reformas institucionales pendientes siguen esperando.

Los datos de inversión extranjera directa ilustran la fragilidad del contexto. En el período 1993 a 2024, la IED neta en el Perú llegó al 3,6% del PBI, comparado con el 1,3% que caracterizó al período 1980 a 1992. Esa diferencia representa décadas de empleos, exportaciones y base fiscal. Desestabilizar las reglas del juego tiene costos reales, aunque tarden en verse.

Conclusión

El Perú necesita un Estado más eficaz, no necesariamente uno más grande. Necesita que los colegios que ya existen funcionen bien antes de construir más. Necesita que el dinero de los proyectos de infraestructura llegue a las obras y no se pierda en procesos de contratación deficientes o en corrupción regional. Necesita marcos regulatorios que reduzcan los costos de hacer negocios formales para las pequeñas empresas.

Nada de eso requiere cambiar la Constitución; sino requiere voluntad política para hacer reformas impopulares, capacidad técnica en el aparato estatal y ciudadanía que exija resultados concretos en lugar de promesas estructurales.

La Constitución de 1993 no es perfecta, sino tiene vacíos, tensiones y artículos que merecen revisión técnica. Pero el régimen económico que establece demostró ser compatible con una reducción de pobreza sin precedentes en la historia peruana reciente, debido a que ignorar ese registro por conveniencia política no es reforma.