Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / Recorte presupuestal y descentralización

Efectos del recorte presupuestal local en la descentralización peruana 2026

La preocupación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 para los gobiernos locales es una clara señal de la desvinculación del presupuesto con la planificación estratégica en inversiones territoriales, debido al incremento de las brechas de infraestructura, que siguen marcando el ritmo desigual del desarrollo; debido a que no solo se debe observar la evolución del presupuesto, sino la lógica de planificación para su distribución.

En el presupuesto público 2026 aprobado por el Congreso de la República, el gasto corriente de las municipalidades peruanas aumentó 7,3%, pero el gasto de capital; sufrió una contracción del 8,8%. Esto implica que más de 65% de los 1.890 gobiernos locales ven reducido su presupuesto de inversión, en promedio a la mitad, y muchos sufren recortes superiores al 50%

Por ello el proceso de descentralización en el Perú ha buscado trasladar recursos y competencias hacia los gobiernos regionales y locales para mejorar el desarrollo territorial y la calidad de los servicios públicos. En las últimas décadas se asignó mayor gasto al nivel subnacional, pero manteniendo fuertes limitaciones: la mayor parte de ese gasto aún depende de transferencias del gobierno central, y la capacidad recaudatoria local es reducida

En los hechos, organismos de control y estudios especializados coinciden en que las municipalidades ejecutan mal sus inversiones: por ejemplo, hasta noviembre de 2024 solo habían gastado el 55% de su presupuesto modificado de inversión frente al 75% del gobierno central y en promedio solo ejecutan alrededor del 63% de los proyectos.

Como resultado, el 65% de las municipalidades tendrán recortes en inversión, algunas cercanos o iguales al 100%. Este escenario genera gran preocupación técnica y fiscal, dado que el poder adquisitivo real de las inversiones locales se debilita, se paralizan proyectos en ejecución y se ponen en juego objetivos de cierre de brechas territoriales. Además, significa un retroceso en los objetivos descentralistas, aumentando las tensiones de financiamiento entre niveles de gobierno.

La reducción de casi un 9% en el presupuesto de inversión local tiene efectos técnicos directos sobre la ejecución de obras públicas locales, dado que, en primer lugar, afecta la continuidad de proyectos en curso; porque que hay al menos 427 proyectos paralizados por falta de liquidez en los gobiernos locales.

Estos proyectos sin ejecutar corresponden principalmente a obras públicas locales y en la mayoría de los casos (71%) son responsabilidad de municipalidades distritales. De esos proyectos paralizados, 220 municipalidades acumulan esas inversiones detenidas, y 131 de ellas verán además reducido su presupuesto de capital en 2026. El impacto técnico es claro; si no hay recursos para continuar proyectos ya iniciados, se producen grandes retrasos y sobrecostos. Además, la detención de una obra implica que recursos ya comprometidos (por ejemplo, pagos anticipados de contratistas) quedan inmovilizados, retroalimentando la falta de liquidez.

En segundo lugar, la volatilidad presupuestal dificulta la planificación a mediano plazo; debido a que los datos del PIA 2026 muestran grandes oscilaciones entre distritos y provincias. Mientras algunos municipios duplican o multiplican por ocho sus fondos para inversión, otros prácticamente eliminan su presupuesto de capital. Este tipo de "saltos presupuestales" impiden que los gobiernos locales formulen planes de desarrollo a 3 o 5 años; cuando de un año a otro la partida de inversiones se reduce drásticamente, los proyectos que quedaban en cartera se quedan sin financiamiento. La misma Contraloría observa que las reducciones en 2026 alcanzan al 100% de proyectos en regiones como Ayacucho, Tumbes y Ucayali. En la práctica, esto suele llevar a que los alcaldes prioricen obras nuevas menores, en vez de continuar proyectos grandes, rompiendo la coherencia de la inversión pública.

Además, la capacidad de gestión técnica municipal es insuficiente para compensar estos recortes. En Perú, más del 90% de alcaldías, identifican falta de competencias en su personal para mejorar la gestión; este déficit de capacidades agrava el efecto del recorte: municipios sobrecargados en gasto corriente tienen menos recursos humanos y administrativos para preparar expedientes de inversión adecuados. Así, aun cuando el Estado les asignase más recursos, existe el riesgo de que no logren ejecutarlos efectivamente; evidenciando que el panorama técnico previo al recorte tiene un alto nivel de proyectos paralizados, escasa ejecución y baja capacidad administrativa, lo que sugiere que una reducción abrupta de fondos de capital profundizará la ineficiencia en la ejecución de obras locales.

De esta manera las implicancias intergubernamentales son un reforzamiento de la asimetría fiscal; donde el gobierno central mantendrá una porción elevada del gasto público, mientras las regiones y municipios dispondrán de recursos cada vez más escasos y volátiles. Este escenario dificulta la coordinación de políticas públicas multicapa. Es decir, un plan de desarrollo regional concertado puede verse frustrado si los recursos comprometidos para infraestructura local desaparecen de un año a otro. Además, la gobernabilidad territorial podría resentirse, al ver recortados sus presupuestos de capital, podrían criticar al Ejecutivo por priorizar gasto corriente nacional sobre inversión descentralizada. En definitiva, la reducción del gasto de capital local revela problemas pendientes de la descentralización fiscal peruana: la continua desigualdad y discrecionalidad de las transferencias, y la fragilidad de las finanzas subnacionales. El ajuste de 2026 se inscribe en una agenda donde la descentralización se ha estancado, y refuerza la percepción de que el Estado nacional ejerce control centralizado sobre la inversión pública, contraviniendo la autonomía subnacional deseada.

Para contrarrestar los efectos adversos identificados, diversas fuentes oficiales proponen reformas orientadas a dar sostenibilidad fiscal y técnica al proceso descentralizador como son:

·       Estabilidad y previsibilidad en los recursos de inversión. Es esencial adoptar criterios plurianuales de asignación presupuestal que eviten recortes abruptos. Se sugiere, por ejemplo, destinar fondos de reserva o garantizar fuentes de financiamiento para concluir las obras ya iniciadas en los gobiernos locales.

·       Reforma de la escala y los recursos locales. Varios informes han destacado que Perú tiene muchos municipios con poca población y base económica para ser fiscalmente viables. En consonancia, se propone “reformular la escala óptima de los distritos” para garantizar que cada municipalidad cuente con la capacidad mínima requerida de recursos propios para ofrecer servicios básicos. Esto podría incluir fusiones o incentivos a la formación de mancomunidades intermunicipales para compartir proyectos.

·       Alineación de incentivos fiscales. Para mejorar la sostenibilidad, conviene revisar los incentivos existentes en el sistema de transferencias. Una idea es condicionar parte de las transferencias adicionales al desempeño en ejecución de proyectos, lo que incentiva a los gobiernos locales a invertir eficientemente.

El recorte superior al 8% del presupuesto de inversión para gobiernos locales en 2026 se inscribe en una tendencia más amplia de contracción fiscal subnacional y recentralización de recursos. El análisis de fuentes oficiales y especializadas muestra que, aunque el presupuesto total de los municipios crece ligeramente, se privilegia el gasto corriente y se sacrifica la inversión pública local. Esta reorientación debilita la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar obras públicas, agrava la alta tasa de proyectos paralizados y profundiza las brechas territoriales de infraestructura. En el ámbito fiscal, el recorte refuerza la dependencia de transferencias volátiles y mantiene la falta de autonomía de ingresos locales que ya identificaban estudios previos. Las tensiones resultantes entre niveles de gobierno comprometen la gobernanza territorial: la contracción presupuestal local puede percibirse como un incumplimiento del mandato constitucional de descentralización fiscal, alimentando disputas sobre la asignación de recursos públicos.

Desde una perspectiva electoral, este retroceso presupuestal también tiene implicancias políticas, dado que se anticipa que el tema de la descentralización puede cobrar protagonismo en el debate de las elecciones presidenciales de 2026. Una menor inversión pública en regiones y distritos vulnerables alimenta demandas ciudadanas de mayor equidad territorial y podría ser objeto de reclamo por parte de candidatos y autoridades subnacionales. Los aspirantes presidenciales podrían verse presionados a ofrecer soluciones para aumentar la inversión local o a definir posiciones claras frente al equilibrio fiscal. En todo caso, el profundo descontento que genera la escasez de obras públicas en provincias tiñe la discusión política, haciendo que los postulantes tengan que pronunciarse sobre la orientación de la política fiscal hacia los niveles subnacionales.