Entre los derechos fundamentales del ser humano están el de la vida, libertad, educación, salud, y justicia. Agregaría el trabajo, primordial por cuanto es la manera digna de alcanzar los anteriores, y ello significa que las personas buscan emplearse para generar ingresos, ganar dinero y satisfacer sus necesidades. Es la gran motivación de quienes habitamos el planeta. Cuando alguien es convocado para una entrevista de trabajo, indaga sobre la empresa, se documenta, utiliza vestimenta formal y prepara seriamente sus respuestas. Traduciéndolo, investiga el mercado y busca cómo articularse al mismo, con el objetivo de ganar dinero. Al mercado de trabajo, me refiero.
Cuando un emprendedor desarrolla un negocio, su objetivo es vender. Para ello desarrolla un producto o servicio de calidad, gestiona financiamiento, y busca capacitarse; por cierto, productividad y rentabilidad entre otras exigencias, pero el objetivo es la venta. Nuevamente, la gran motivación es la articulación al mercado.
En el Perú se ha hecho costumbre medir la performance de un gobierno, esencialmente, por el crecimiento del Producto Bruto Interno-PBI, y como dijo Robert Kennedy, “el PBI mide todo, excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida, no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación, ni la integridad de nuestros representantes. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país”.
Pedro Rangel, Maestro en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, agrega: “el hecho que una economía produzca más no significa que la riqueza sea distribuida de manera más o menos equitativa entre su población”. Es entonces adecuado evaluar una gestión gubernamental con indicadores como el incremento del empleo formal, reducción de la pobreza, acceso a seguridad social, educación, salud, energía, agua y saneamiento, reducción de la desnutrición y mortandad infantil y de la violencia contra la mujer, el niño, los animales y el ambiente. Ciertamente, ello es posible en una economía social de mercado como establece nuestra Constitución, pero adecuadamente implementada, con la intervención del Estado en programas que articulen al pequeño emprendedor a los mercados.
En el caso del sector agrario observo propuestas interesantes y válidas para implementar programas de asociatividad, capacitación, asistencia técnica, financiamiento, desarrollo de infraestructura, cuidado del ambiente, productividad, genética, entre otros, soslayando que el objetivo principal del pequeño agricultor -como de cualquier empresario – es vender y ganar, por lo que considero el objetivo de todos los planes debe orientarse a la articulación al mercado de los pequeños productores en condiciones competitivas. Los programas referidos anteriormente son las herramientas para ello.
El “cómo” es lo complejo, y para ello se requiere la implementación de un seguro agrícola comercial cofinanciado por el Estado para proteger la inversión del pequeño productor, fondos de cobertura ante las instituciones financieras para el crédito, programas integrados de asociatividad, asistencia técnica, financiamiento y articulación a mercados, información adecuada y oportuna sobre los requerimientos de los consumidores (cantidades demandadas, épocas, condiciones, precios, entre otros), refuerzo de la banca de Desarrollo con un rol más allá del financiamiento de campañas, y la implementación de tecnología agraria y plataformas de sistemas que les permitan conectarse directamente con los consumidores.
Comencemos por definir como el principal objetivo cuántos productores se incorporan cada vez más al mercado.