Masificar los servicios digitales
La pandemia nos ha terminado de convencer a los peruanos de algo que otros países tenían claro desde hacía varios años: el alto impacto positivo de los servicios digitales en nuestras vidas. Por tanto, si bien el fuerte crecimiento en el porcentaje de usuarios de internet en Perú de 57% a 70% durante el año 2020 (según INEI) tendría que ser una buena noticia, no lo es tanto si además consideramos:
- La presencia de fuertes brechas, con segmentos de la población según ámbito geográfico, nivel educativo, lengua materna, edad o discapacidad donde el uso se ubica apenas entre 30% y 40%.
- 80% de usuarios lo utiliza sólo para comunicación o esparcimiento, pero sólo 20% lo usa para actividades como educación remota, comercio electrónico, banca digital o trámites de gobierno digital.
- El bajo nivel de digitalización de las pymes.
- La subsistencia de 5 millones de peruanos residentes en localidades sin acceso a internet.
A todo esto, podemos sumar que, según el Foro Económico Mundial (FEM), al año 2019 Perú es el 4° país más competitivo en Sudamérica, pero al mismo tiempo ocupa el último lugar en desarrollo digital.
Esta contradicción entre fuerte crecimiento en cantidad de uso y bajo nivel de calidad de uso de internet obedece a la inexistencia de una política pública que gestione en forma articulada la infraestructura (oferta) y la apropiación (demanda) como habilitadores para la masificación de los servicios digitales. Por esta razón es prioritario que el nuevo gobierno disponga la creación del Ministerio de Desarrollo Digital (MIDIG) desde el próximo 28 de julio, más aún si a las brechas citadas arriba sumamos el crecimiento exponencial en servicios digitales previsto dentro de 3 o 4 años, con la entrada de servicios 5G y del internet de las cosas.
Los viceministerios de Conectividad y Transformación Digital en el MIDIG asumirían ese rol de intensa coordinación, que corrija el actual divorcio entre el Viceministerio de Comunicaciones (opacado por la desbordante agenda del sector Transportes), la Dirección General de Digitalización en PRODUCE (enfocada mucho más en la formalización que en la transformación digital de Mypes exportadoras) y la Secretaría de Gobierno Digital en la PCM. De esta forma, una política pública digital articulada desde el MIDIG será eficaz para promover un desarrollo sostenible de los servicios digitales, de manera que no repitamos experiencias pasadas tales como:
- Proyecto OLPC del MINEDU (2007), cuyo fracaso obedeció –entre otras razones- a que la entrega de tabletas no vino acompañada de un proceso de alfabetización digital docente.
- Proyecto de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) del MTC (2014), donde la inexistencia de REDNACE (demanda de conectividad por parte de las entidades del Estado) es una entre varias razones que explican el inminente retiro del concesionario actual.
- Proyectos regionales de conectividad digital del FITEL en el MTC (2016-2018), donde en varios casos el postor ganador fue elegido según el número de tabletas ofrecidas para su uso en las escuelas de las regiones beneficiarias, sin considerar –una vez más- el respectivo proceso de alfabetización digital, ni tampoco la disponibilidad de contenidos educativos accesibles desde dichos dispositivos.
- El más reciente caso de las tabletas escolares del MINEDU (2020), que esta vez consideraron su entrega en centros poblados sin acceso a internet, nada menos.