Separación de poderes (corruptos) en el Estado
La separación de poderes en el Estado (o independencia de poderes) es un principio político muy sabio y pragmático. Se trata de evitar el poder absoluto, el cual – como se sabe – conlleva siempre a la corrupción. El proverbio en cuestión es: “el poder absoluto corrompe absolutamente”.
El célebre juez francés Montesquieu (1689 – 1755) decía: “Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar de este, hace falta disponer las cosas de tal forma que el poder detenga al poder.” ¡Brillante!
En el caso de las democracias representativas (como la nuestra), se trata de autonomizar e independizar a los tres poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial. La idea es que ninguno tenga poder absoluto, para que cada poder pueda controlar los excesos de los otros.
Hasta aquí todo muy bien. ¡No a las dictaduras corruptas! ¡No a las tiranías abusivas! ¡Sí a la separación de poderes! ¡Sí a las democracias representativas!
El problema de nuestra democracia – ¡cuándo no! – es la corrupción. Y, más concretamente aún, la corrupción en los tres poderes del Estado. ¡Qué habría dicho el viejo Montesquieu al respecto! Lamentablemente, ya no lo tenemos entre nosotros.
Sin embargo, la respuesta – y la solución – la tenemos que dar nosotros: la ciudadanía. ¿Qué hacer frente a un Estado, cuyos tres poderes – separados y autónomos – están tan infestados de tanta gente tan corrupta?
¿Qué hacer frente a un Poder Ejecutivo (Gobierno Central y Gobiernos Regionales y Locales) que “venden” puestos de trabajo, al mejor postor? ¿Qué hacer con presidentes, ministros, gobernadores regionales y alcaldes que coimean un día sí, y el otro también? ¿Qué hacer con autoridades políticas y altos mandos militares y policiales, coludidos con mafias de narcotráfico, minería y tala ilegal, y demás, que pagan millonadas para ser destacados a zonas rojas… para luego enriquecerse – delincuencialmente – a punta de cupos y coimas?
¿Por qué la corrupción en el Poder Ejecutivo no es controlada por los Poderes Legislativo y Judicial, a pesar de que ambos poderes tienen funciones fiscalizadoras y controladoras? Muy sencillo. ¡Los tres poderes están metidos en la colada!… y entre corruptos se entienden.
Efectivamente ¿qué hacer con Congresistas que “venden” sus votos según el monto que reciben bajo la mesa? ¿Qué hacer con los “mocha sueldos” hipócritas y abusivos? ¿Qué hacer con congresistas “universitarios” que legislan sólo para favorecer a sus universidades de pésima calidad educativa, pero – eso sí – diestras en otorgar títulos académicos basados en tesis truchas? Con esos antecedentes ¿qué autoridad moral tiene el Congreso de la República para fiscalizar – y acusar – a nadie? Ciertamente, ninguna.
Y en cuanto al Poder Judicial. ¿Qué hacer con esos jueces y fiscales que también “venden” sus fallos según el monto que reciben bajo la mesa? ¿Acaso magistrados tipo “Cuellos Blancos del Puerto” eran sólo el exjuez supremo César Hinostroza y su pandilla del ex Consejo Nacional de la Magistratura? Nada que ver. ¡Claro que sigue habiendo magistrados tipo “Cuellos Blancos” en casi todos los distritos judiciales de nuestro país! ¿O no?
¿Con qué autoridad moral el Poder Judicial puede acusar y juzgar a funcionarios corruptos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, si muchos jueces y fiscales y delincuentes son tal para cual?
Y por si fuera poco ¿qué justicia podemos esperar de aquellos jueces y fiscales que – en su momento – fueron los peores alumnos de las peores universidades del país?
¡No podemos tapar el sol con un dedo! La corrupción ha malogrado al Estado (peruano). Los tres poderes del Estado (peruano) están llenos de gente muy corrupta. Entonces, dado que la separación de poderes del Estado (peruano) no sirve ¿quién debe fiscalizar – y controlar – al Estado?
Bueno pues, la ciudadanía empoderada tiene la palabra. La ciudadanía de la buena, ciertamente. Porque ¡vaya que tenemos ciudadanía de la mala, también! En todas partes se cuecen habas.