Henrry Zaira / Estado Digital

Introducción

La transformación digital del Estado peruano exige la adopción de un paradigma data-driven, en el cual los datos constituyen el eje central para la toma de decisiones, la optimización de procesos públicos y la mejora continua de los servicios ofrecidos a la ciudadanía. Si bien se han registrado avances significativos en términos de eficiencia administrativa, persisten desafíos estructurales como la limitada interoperabilidad entre sistemas, la débil articulación intersectorial y la baja percepción de utilidad tecnológica por parte de ciertos funcionarios públicos. Estos factores dificultan una implementación plena y efectiva de un enfoque basado en datos.

Reforma Organizativa y Transformación Cultural Institucional

La acelerada disrupción tecnológica, impulsada por la inteligencia artificial, el big data y la automatización, ha puesto en evidencia las limitaciones del modelo burocrático tradicional en la administración pública. Este esquema, que durante décadas ha garantizado orden, legalidad y estabilidad institucional, hoy enfrenta desafíos significativos frente a las exigencias de una gobernanza digital más ágil, transparente y centrada en el ciudadano y los datos. En el caso del Estado peruano, esta coyuntura plantea la necesidad de una reconversión profunda de su arquitectura institucional, orientada a superar debilidades persistentes en conectividad, cultura organizacional y gestión de información. La transformación digital no debe entenderse como una ruptura con el pasado, sino como una evolución que preserve los valores fundamentales de la burocracia —como la equidad, la previsibilidad y la rendición de cuentas— mientras se incorporan nuevas capacidades tecnológicas y culturales.

Para avanzar en esta dirección, se propone una reforma institucional sustentada en una arquitectura interoperable, inteligente y orientada por resultados. Esta transformación implica la creación de unidades especializadas en análisis de datos en cada entidad pública, la automatización de procesos mediante tecnologías emergentes, el uso sistemático de indicadores sustentados en datos estructurados y el desarrollo de plataformas digitales colaborativas que faciliten la articulación entre niveles de gobierno. La profesionalización del capital humano es un componente esencial de este proceso: se requiere una formación intensiva de los servidores públicos en análisis de datos, inteligencia artificial, visualización de información, ciberseguridad y transparencia digital, consolidando capacidades técnicas que respalden la toma estratégica de decisiones y fortalezcan la legitimidad democrática.

Resulta clave implementar un enfoque de gestión estratégica de proyectos institucionales (Business Project Management), que permita revisar procesos administrativos obsoletos, reprograme flujos operativos hacia contextos digitales y establezca nuevos proveedores de datos para cubrir las crecientes necesidades de interoperabilidad y trazabilidad. La institucionalización de competencias técnicas y éticas, junto con la revisión crítica constante de los procesos internos, se convierte en un requisito indispensable para lograr una gestión pública íntegra, proactiva y centrada en el ciudadano.

Funcionalidad sectorial del Gerente de Datos Públicos

En el contexto de la transformación digital del Estado peruano, la figura del Gerente de Datos Públicos emerge como una pieza clave para consolidar una arquitectura institucional interoperable, ética y orientada a resultados. Al igual que las principales empresas multinacionales han incorporado el rol del Chief Data Officer (CDO) para liderar la gobernanza de datos, garantizar su calidad y traducirlos en decisiones estratégicas, el Estado puede adoptar una figura equivalente que articule la gestión de datos públicos con las prioridades sectoriales, la infraestructura digital y las demandas ciudadanas. Esta institucionalización no solo responde a una necesidad técnica, sino a una exigencia estructural para transitar hacia un modelo de gobernanza basado en evidencia, transparencia y eficiencia.

El Gerente de Datos Públicos debe desempeñarse como un agente transversal en cada ministerio, adaptando sus funciones a las competencias específicas de cada sector y operando como articulador entre la política pública, la infraestructura tecnológica y una ciudadanía informada. Su rol trasciende la gestión operativa de datos, incidiendo directamente en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas. En el Ministerio de Salud, esta función permitiría integrar datos clínicos, epidemiológicos, administrativos y territoriales —incluyendo aquellos generados por centros de salud municipales— para fortalecer la interoperabilidad entre sistemas como el SIS y EsSalud, mejorar la asignación de recursos, anticipar brotes epidemiológicos y garantizar la calidad de la atención en todo el territorio.

En el Ministerio de Educación, el Gerente de Datos Públicos asumiría la consolidación de información proveniente de instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, tanto públicas como privadas, incluyendo universidades, institutos tecnológicos, academias y centros de formación profesional. Esta integración permitiría aplicar analítica predictiva para prevenir la deserción escolar, evaluar brechas de infraestructura y desempeño académico, y coordinar con UGEL, universidades y organismos acreditadores para estandarizar criterios de calidad y formatos interoperables.

En el Ministerio de Economía y Finanzas, su rol se centraría en optimizar el uso de datos fiscales, presupuestales y tributarios, mejorar la trazabilidad del gasto público, detectar riesgos de evasión y fortalecer la planificación financiera multianual. En el Ministerio del Ambiente, se orientaría a integrar datos satelitales, meteorológicos y de biodiversidad, supervisar sistemas de monitoreo ambiental y coordinar con entidades como SENAMHI y OEFA para gestionar riesgos climáticos y asegurar la interoperabilidad de los sistemas. En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el análisis de datos socioeconómicos permitiría focalizar programas sociales, evaluar el impacto de las intervenciones, y validar la elegibilidad de beneficiarios en coordinación con RENIEC y SISFOH, fortaleciendo la equidad en la asignación de recursos.

En el Ministerio del Interior, la gestión de datos relacionados con seguridad ciudadana, criminalidad y atención de emergencias abarcaría información generada por unidades policiales, municipales y comunitarias, permitiendo implementar sistemas de vigilancia predictiva, patrullaje inteligente y análisis territorial de riesgos, con énfasis en la protección de datos sensibles conforme a estándares internacionales. Finalmente, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Gerente de Datos Públicos tendría como responsabilidad consolidar el Plan Nacional de Logística y Transporte, integrando información de entidades públicas, operadores privados, concesionarios y plataformas tecnológicas, para articular datos sobre movilidad, infraestructura vial, transporte terrestre, aéreo y marítimo, así como flujos logísticos regionales y urbanos. Esta labor permitiría fortalecer la planificación estratégica del sistema de transporte nacional, implementar Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), mejorar la gestión del tráfico en tiempo real, y asegurar la interoperabilidad entre redes multimodales. La coordinación con organismos reguladores como OSITRAN, SUTRAN y empresas concesionarias sería esencial para garantizar la calidad, disponibilidad, estandarización y trazabilidad de la información.

La nube del Estado

La implementación de una nube estatal soberana se configura como una condición habilitante fundamental para consolidar un modelo de gobernanza pública basado en datos. Esta infraestructura no solo permitiría centralizar servicios digitales y escalar soluciones tecnológicas avanzadas, sino también garantizar la soberanía tecnológica frente a riesgos geopolíticos, vulnerabilidades cibernéticas y dependencias externas que comprometen la autonomía institucional. La nube del Estado debe concebirse como un ecosistema digital resiliente, interoperable y éticamente gestionado, capaz de soportar la operación de sistemas críticos, facilitar la trazabilidad de procesos administrativos y asegurar la disponibilidad continua de información estratégica para la toma de decisiones.

La Norma Técnica N.º 007-2025-PCM/SGP establece que todas las entidades públicas deben incorporar tecnologías como la computación en la nube, la inteligencia artificial y la ciberseguridad en sus planes de innovación institucional, reconociendo su carácter transversal y su impacto en la eficiencia operativa del aparato estatal (Presidencia del Consejo de Ministros, 2025). En este sentido, la nube estatal no debe limitarse a una solución tecnológica, sino constituirse como una plataforma de articulación intersectorial, que permita integrar datos provenientes de salud, educación, seguridad, transporte, economía y medio ambiente, bajo estándares comunes de interoperabilidad, protección de datos y calidad de la información.

La experiencia regional en América Latina demuestra que la implementación de nubes gubernamentales soberanas constituye una estrategia viable y altamente efectiva para fortalecer la resiliencia institucional, ampliar la cobertura de servicios públicos y garantizar una gobernanza digital centrada en el ciudadano. Países como Brasil han desarrollado su propia infraestructura estatal (GovCloud), habilitando entornos digitales que permiten la gestión integrada de servicios críticos, la automatización de trámites y la protección de datos sensibles bajo marcos normativos propios.

Colombia, por su parte, ha adoptado un enfoque mixto, combinando servicios de terceros con infraestructura pública, todo ello bajo estrictos marcos regulatorios que aseguran la seguridad, interoperabilidad y trazabilidad de la información. Esta tendencia internacional apunta hacia modelos híbridos, en los que el Estado combina una nube soberana para servicios estratégicos como salud, seguridad, justicia e identidad digital, con soluciones de terceros para funciones menos sensibles o de alta demanda temporal, como educación virtual, trámites administrativos y atención ciudadana. Este enfoque permite equilibrar el control institucional con la agilidad operativa, optimizando recursos y fortaleciendo la capacidad de respuesta del aparato estatal.

En ambos casos, el éxito ha estado vinculado a la existencia de una política nacional de infraestructura digital, una estrategia de formación técnica para servidores públicos y una gobernanza ética de los datos, elementos indispensables para consolidar un ecosistema digital público robusto, confiable y sostenible.