Juan de Dios Guevara / El dilema peruano

El Perú vive una paradoja: posee una macroeconomía sólida y estabilidad fiscal envidiable en la región, pero arrastra niveles críticos de informalidad (más del 70%), baja presión tributaria (13-14% del PBI frente al 22.8% regional) y brechas profundas en servicios públicos básicos.

El Congreso, lejos de contribuir con soluciones estructurales, promueve exoneraciones tributarias a favor de grupos de poder, debilitando la capacidad del Estado para financiar educación, salud e infraestructura.

Este dilema plantea una pregunta de fondo: ¿cómo ampliar la base tributaria y asegurar la recaudación sostenible sin frenar la inversión ni alimentar la desconfianza ciudadana hacia el Estado?

El desafío no es únicamente económico, sino cultural y político. La informalidad en el Perú no se limita al ámbito laboral, sino que refleja una mentalidad de desconfianza: los ciudadanos no se formalizan porque no ven un retorno en servicios públicos de calidad, y el Estado no logra mejorar esos servicios porque recauda poco y mal.

Mientras algunos sostienen que reducir impuestos e impulsar exoneraciones permite dinamizar la inversión privada —citando casos como la agroexportación—, otros advierten que dichas medidas benefician a élites reducidas, generan un “forado fiscal” y debilitan la equidad del sistema tributario. El costo fiscal de exoneraciones injustificadas supera los S/160,000 millones en la última década, mientras la evasión y elusión rondan el 8% del PBI.

La verdadera innovación no está en subir o bajar impuestos de manera aislada, sino en construir un modelo de corresponsabilidad entre Estado, empresas y ciudadanía. No se trata de prometerle al pueblo cosas que no ha pedido, ni de regalar lo que no se ha ganado. Se trata de construir un país donde cada ciudadano que quiera salir adelante pueda hacerlo.

Un Estado verdaderamente justo no actúa como salvador de sectores específicos, no construye su agenda para convencer a quien no quiere avanzar, no se trata de rogarle al delincuente que por favor no delinca, ni mendigarle al desinteresado que por favor estudie o trabaje. Se trata de construir condiciones reales para todos, un entorno donde si alguien en algún momento decide salir adelante, el que hoy está en la pobreza, el que salió de prisión, el que busca un nuevo comienzo, tenga por delante un camino posible, no una muralla.

Eso debe ser la política bien hecha, crear un terreno fértil donde florecer depende del deseo y del esfuerzo, no de la suerte o la palanca. Y para que eso exista, hay tres condiciones que todo gobierno en cualquier lugar del mundo debería garantizar con seriedad.

Primero, seguridad. Sin seguridad no hay vida y sin vida no hay nada. Como enseñaba Hobbes, el principal deber del Estado es protegernos de la violencia.  Solo en un entorno seguro la gente se atreve a emprender, a estudiar, a arriesgarse.

Segundo, justicia. Una ley que no se cumple no es ley. La impunidad erosiona la confianza, debilita al justo y envalentona al criminal. La justicia no puede ser un lujo, debe ser una piedra firme que todos veamos y respetemos. Y es aquí donde la justicia, la segunda condición, cobra su verdadero peso. Un Estado que no cumple la ley y no castiga a quienes la violentan, incluso si actúan bajo su nombre, erosiona la confianza. El ejemplo del Grupo GEIN, que actuó con profesionalismo y respeto a la ley, contrasta dolorosamente con el Grupo Colina, que, al matar inocentes, traicionó la confianza de los ciudadanos y la propia misión del Estado. Un país no puede avanzar si no hay consecuencias para quienes actúan de forma contraria al bien común.

Y tercero, la condición en la que deberíamos estar pensando en este momento después de tantos años de desarrollo, infraestructura.  El desarrollo ocurre cuando hay puentes, no barreras, cuando hay vías, energía, conectividad, agua, salud, educación, instituciones que funcionan.  No importa tu origen ni tu apellido, si quieres avanzar, debe haber un camino disponible para ti.

Estas tres condiciones no están apuntándole a los pobres o a la clase media o a los ricos, no, le están apuntando a todos por igual.  Porque un país no debe rogarle a una persona que salga adelante, debe generar las condiciones para que cualquier persona que quiera prosperar en la vida pueda hacerlo. Por eso cualquier proyecto serio de un país debería plantearse como una triple revolución, una revolución en seguridad para que nadie viva con miedo, una revolución en justicia para que nadie dude de la ley y una revolución en infraestructura para que nadie se quede sin acceso al futuro.

Esto pudiera traducirse en un Pacto Social para la Formalización y el Desarrollo Sostenible, sustentado en un Sistema Tributario Progresivo y Estratégico (STPE), que los expertos en el tema, sabrán evaluar, e implementar. Tres protagonistas para el modelo de corresponsabilidad:

Compromiso del Estado: eficiencia y transparencia

Simplificación y digitalización tributaria, mediante la creación de un Régimen Tributario Simplificado y digital para micro y pequeñas empresas, con tasas progresivas (2-10%) y trámites móviles en una Ventanilla Única Digital. Uso eficiente de la recaudación, destinar el 100% del incremento recaudado a un Fondo de Desarrollo Social e Infraestructura (FODESI), auditable en tiempo real mediante un portal de transparencia fiscal. Lucha frontal contra la corrupción, sanciones más duras para la malversación y auditorías independientes con participación ciudadana.

Compromiso del sector privado: responsabilidad e inclusión

Renuncia a exoneraciones injustificadas, reemplazarlas por un esquema de impuestos progresivos que premie la reinversión productiva y la generación de empleo formal. Transparencia fiscal y ejemplo empresarial, las empresas deben exigir al Estado buen uso de recursos, al tiempo que cumplen y promueven la formalización laboral. Y si hay inversión en capital humano, beneficios fiscales para quienes capaciten y aseguren a sus trabajadores.

Compromiso ciudadano: paso decidido hacia la formalidad

Incentivos claros a la formalización, a través de reducciones temporales de impuestos, acceso a crédito barato y devolución parcial del IGV para quienes se formalicen en los primeros dos años. Conciencia del beneficio colectivo, mediante educación tributaria que muestre cómo la formalidad abre acceso a seguros, crédito, pensiones y mejores oportunidades de empleo.

A corto plazo, estas medidas permitirían ampliar el padrón tributario en 20%, reducir la evasión del IGV en más de 10 puntos y generar confianza ciudadana. A mediano plazo, la presión tributaria podría elevarse al 16% del PBI, garantizando recursos equivalentes al presupuesto anual de salud. A largo plazo, la informalidad caería por debajo del 50%, con un sistema tributario más equitativo, transparente y sostenible.

Es un salto de paradigma. La solución no radica en un impuesto más ni en regalar exoneraciones a sectores poderosos. El camino es un cambio de mentalidad: pasar de la desconfianza y el clientelismo a un modelo de corresponsabilidad. El desafío no es si el Perú está listo, sino si sus líderes tienen la visión y el coraje para impulsar este pacto social, dejando atrás los intereses de unos pocos por el bienestar de la mayoría.

Aristóteles, enseñó que el fin último de la política era alcanzar el bien común, y es por eso que existe el Estado. Por eso los ciudadanos cedemos parte de nuestra libertad individual, permitimos que se nos impongan normas, leyes, que se administren nuestros recursos, los que producimos nosotros con la fuerza de nuestro trabajo, que se nos gobierne.

Porque creemos que esa cesión de poder debe traducirse en algo a cambio, y ese algo a cambio es una vida mejor. No tiene sentido que yo limite mi libertad, esa capacidad de poder hacer lo que yo quiera, si a esa persona que se la estoy cediendo no me da nada a cambio.

Queremos una vida más digna, más segura, más próspera. Cada política, cada reforma, cada gasto público, cada discurso debería someterse a la única pregunta que de verdad importa. ¿Esta decisión mejora o empeora la vida de las personas?

No se trata de ideologías, no se trata de etiquetas, se trata de algo mucho más básico, del efecto que tiene cada política sobre la vida real de la gente. Esto hace que vivamos mejor o peor. Porque cuando la política se olvida de esa pregunta, se olvida de sí misma y empezamos a vivir en el mundo al revés, donde lo malo es bueno y lo bueno es malo.