Si no hay solución…el daño continúa
Vivimos un momento muy complejo, que amerita reflexionar en conjunto y emprender las acciones necesarias para entendernos, por lo que para llegar a un entendimiento revisemos brevemente los enfoques económicos de la constitución anterior de 1979, y la actual que data desde 1993, motivo de la discordia, por lo cual unos la defienden por los resultados obtenidos, y los otros la consideran necesario cambiar, por considerarla la razón de los males de nuestra desigual sociedad.
Para el rol del Estado en la economía y preservar la estabilidad macroeconómica, los enfoques son diferentes, mientras que en la de 1979, el “Estado formula la política económica y social mediante planes de desarrollo que regulan la actividad de los demás sectores. La planificación una vez concertada es de cumplimiento obligatorio”, permitiendo la actividad empresarial del Estado, prohibiendo los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil, y considerando a la inversión extranjera, cómo complementaria a la nacional y que el Estado es el que la “autoriza, registra y supervisa”. Además, el BCR tenía permitido efectuar créditos “para cubrir desequilibrios transitorios en la posición de las reservas internacionales del país”
Diferente a la de 1993 bajo economía social de mercado, “el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”. No le permite la actividad empresarial y le establece un rol subsidiario, de modo que pueda enfocarse en otras tareas de su competencia (justicia, seguridad, salud, educación, etc.). El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Otorga las mismas condiciones a la inversión nacional y la extranjera, y prohíbe al BCR, financiar al sector público, reforzando su autonomía
Los que defienden las bondades de la de 1993, afirman que gracias a los cambios que le hicieron a la de 1979, se sentaron las bases para el crecimiento económico de los últimos años, y que por ello el Perú tuvo el crecimiento promedio del PBI más alto de Sudamérica, en este tiempo pasado, y que el PBI per cápita, casi se triplicó. Que la inversión privada se quintuplicó a la fecha, a precios constantes, y que la inversión extranjera pasó de menos de US$ 100 millones, a casi US$ 5 mil millones de dólares promedio anual. Que las empresas estatales en 2 años de 1989 a 1991, perdieron más de US$ 5 mil millones, generando los enormes déficits fiscales, cubriéndose con emisiones del BCR, generando tanta inflación y zozobra en la sociedad. Que por ese crecimiento económico, se redujo en 30 puntos la pobreza, aunque ahora con la pandemia, se han retrocedido 10 puntos, lo que representa un 30% de pobreza, unos 10 millones de personas, que significan que 1 de cada 3 peruanos es pobre. Otro mérito que resaltan de esa autonomía del BCR, es que la reducción de emisión de billetes, sumada al levantamiento de los controles de precios y la adopción del esquema de metas de inflación en el 2003, hayan contribuido a que de una inflación promedio anual de 358%, en el periodo de la constitución del 79 al 93, bajara a una inflación promedio del 4,5% anual, en los últimos casi 30 años.
Los que defienden el cambio de la constitución de 1993, afirman que se necesita un nuevo modelo económico que refuerce la presencia del Estado, ya que por el artículo 60, sobre el rol subsidiario del Estado, su actividad se limita y no puede intervenir en lo que el Estado pudiera accionar para atender a la gente más necesitada, que por no ser parte de su mercado, gente sin recursos, las empresas privadas no lo atienden. Lo vuelve incapaz de intervenir en la gasolina, el gas, la telefonía, el internet, transporte, vivienda. Todos estos servicios, en manos de privados, que por su lógica de funcionamiento, prioriza el lucro y no atiende donde no le es rentable.