En el actual contexto del levantamiento oficial de la cuarentena es importante que el Sector Público y el Sector Privado, comprendan a cabalidad que continúa el Estado de Emergencia Sanitaria hasta Setiembre, y que el Covid-19 no ha disminuido su facilidad de contagio ni su letalidad. Así, el virus continúa entre nosotros, y no hay vacuna contra él; por tanto, las medidas de prevención y protección son ahora, más que nunca, urgentes. Como parte de este contexto, es altamente importante mantener el trabajo remoto como mecanismo principal y prioritario para la prestación de servicios. Ello, permitirá a los empleadores actuar con responsabilidad al requerir que asistan presencialmente al centro de trabajo, únicamente las personas necesarias para determinadas tareas concretas, que no puedan ser realizadas de manera remota, y que resulten además esenciales, por el tiempo exclusivamente necesario para cumplir con dicha tarea.
Lo expuesto, por más evidente que resulta para muchos, aparentemente no estaría siendo comprendido así en distintos ámbitos, y esto es preocupante en un país con cifras de contagios y fallecidos por COVID-19 que lo colocan entre los más afectados a nivel mundial por el virus, siendo por tanto, imprescindible que sus líderes empresariales y Entidades Públicas estén hoy completamente comprometidos con la salud y protección de su personal, porque vamos, es una pandemia y estamos en emergencia sanitaria.
Centrándonos en el ámbito público, el “chip presencial” conlleva al riesgo de dejar de lado, que los servidores civiles son también personas que afrontan los efectos de la pandemia, muchas de ellas con familia que en su conjunto han visto mellados sus recursos (e incrementado sus deudas), que son también usuarios del transporte público, que probablemente tengan niños pequeños o adultos mayores u otras personas en condición de población vulnerable viviendo en casa, y por tanto susceptibles de contagiarse y contagiar a sus familiares de Covid-19. Este riesgo se acrecienta entre los servidores civiles contratados mediante las modalidades de CAS o recibos por honorarios, porque mientras más precaria es la contratación o de más fácil remoción, la exigencia tiende a ser mayor, es una relación casi inversamente proporcional frente a contrataciones con regímenes “más estables” (lamentablemente, esta disparidad en gran parte se debe a que aún se encuentra en tránsito el Régimen del Servicio Civil, para cuya implementación se requiere de un importante apoyo político en los distintos poderes del Estado y niveles de gobierno).
En este contexto resulta relevante escuchar al Rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, SERVIR, exhortando a los titulares de las entidades públicas a mantener el teletrabajo en el marco de la nueva normalidad o nueva convivencia, ésta en la cual convivimos con el COVID-19, pero aún sin vacuna. Ello, conversa con la normativa aprobada por el Poder Ejecutivo que prioriza la modalidad de trabajo remoto. En palabras del Titular de Servir “Las entidades han habilitado canales telefónicos, aplicaciones en donde se pueden realizar las consultas en línea o mediante el envío de correo electrónico, y también se han habilitado mesas de partes virtuales. Eso es bien importante porque las personas ya no tienen que presentar cosas en físico, sino que las escanean y las remiten a las entidades” (1). No extraña este pronunciamiento de SERVIR, pues según las cifras que ha dado a conocer, en el Perú tenemos 1 millón 400 mil servidores, de los cuáles más de 600 mil pertenecen únicamente a la parte administrativa (esto es, sin contar a policías, militares, personal de atención médica y otros de primera necesidad).
Pensar en el retorno a una modalidad presencial de este gran número de trabajadores, tendría un gran impacto en medios de transporte y en el nivel de contagios, por ejemplo. Después de todo, muchas entidades tienen más de 100 días funcionando mediante el teletrabajo, incluyendo el trabajo remoto realizado fines de semana y feriados, vale la pena entonces preguntarse: ¿Qué tanto podrán las Entidades Públicas dejar de lado el “chip presencial”, y evitar requerir el retorno físico de personal que puede desempeñar sus labores de forma remota o mixta (esto es, mezclando días de teletrabajo con días presenciales para tareas puntuales)? La respuesta la tendremos en los próximos días.
(1) Declaraciones de Juan José Martínez Ortiz, Presidente Ejecutivo de SERVIR para Radio Nacional el 28.06.2020.
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