(Publicado previamente en La Mula.com)
Una crónica anunciada
A puertas del inicio del año escolar, la gran brecha de servicios educativos con infraestructura pública inadecuada continúa sin resolverse, y no se resolverá en el corto o mediano plazo, por lo que urge buscar en paralelo alternativas que permitan la continuidad del servicio educativo con criterios de calidad, que a su vez vayan de la mano con las disposiciones del Poder Ejecutivo para la búsqueda del retorno presencial.
En el Perú, actualmente se habla de más de 21 mil colegios en riesgo de colapso, los cuales requieren sustitución total, en un contexto próximo al inicio del año escolar, que de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Educación (Minedu) debe realizarse de forma presencial prioritariamente.
No obstante, la gravedad de la situación de la infraestructura pública educativa se conocía desde antes y no ha variado sustancialmente. Si vemos el Programa Multianual de Inversiones del Estado del 2021 al 2023, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se identificó a nivel nacional una brecha del 96% de locales educativos correspondientes a educación primaria; del 92% correspondientes a educación secundaria y de 92% de centros de educación inicial, todos los mencionados con capacidad instalada inadecuada. Esto incluye colegios sin agua potable, sin baños adecuados, y en gran medida colegios que requieren refracción total. Esta información que ya era de conocimiento público, no resulta una sorpresa para los especialistas en el sector educativo.
Si nos centramos en datos más recientes, respecto del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), adscrito al Ministerio de Educación, ha trascendido en medios de comunicación, que en lo que va de febrero su ejecución se encuentra en 40.8% por debajo del devengado (esto es cuando se reconoce la obligación de un pago previamente comprometido) en febrero 2021 en términos comparativos. También se menciona en diversos medios que este programa habría disminuido su dinamismo desde agosto de 2021, y que tres de los cinco proyectos con más dinero asignado no han ejecutado recursos en lo que va de 2022.
Asimismo, se han difundido cifras que reflejan importantes espacios de mejora en la ejecución del presupuesto asignado del Proyecto Especial de Inversión Pública para los colegios del Bicentenario, lanzado en 2020 como una nueva propuesta de gestión de inversiones en materia educativa. Por ejemplo, se indica que en diciembre del 2021 se tuvo un avance de 14.1% del presupuesto asignado, y en lo que va del 2022, solo se ha devengado cerca del 0.2%
Ello debe dar lugar al debate de los temas de fondo que realmente no están permitiendo ver reflejado en hechos concretos, como obras y servicios, el énfasis monetario que se anunció en el presupuesto público de 2022 o que se resalta en los pronunciamientos públicos de los funcionarios. Por ejemplo, aspectos como la continuidad de la gestión, la continuidad en las inversiones públicas y los problemas que estas afrontan, discusión a la cual se le puede sumar también la calidad de la infraestructura.
Sobre la continuidad en la gestión, consideramos que no suman los constantes cambios en el propio Poder Ejecutivo ad portas del inicio del año escolar, pues la mayoría de los procesos propios de los sistemas administrativos, incluyendo la inversión pública, así como mecanismos de obras por impuestos, entre otros, requieren de la continuidad en las decisiones que se toman sobre los proyectos. Por ejemplo, la autorización para elaborar un expediente técnico y su aprobación una vez culminado pasa por el órgano resolutivo (ministro, gobernador regional, alcalde) o a quien este le delegue. Asimismo, los acuerdos entre las distintas instituciones o niveles de gobierno para llevar a cabo proyectos de responsabilidad compartida pueden también tornarse lentos.
La continua rotación de funcionarios del sector educación tiene un impacto negativo creciente en la infraestructura pública educativa, situación que se torna aún más compleja si tenemos en cuenta la proximidad de las elecciones regionales y municipales. Difícilmente las gestiones salientes harán nuevas inversiones públicas, y es probable que veamos escenarios de parálisis en tanto las nuevas gestiones determinan si darán o no continuidad a los proyectos priorizados
A puertas del inicio del año escolar, la brecha de servicios educativos con infraestructura pública inadecuada no se ha resuelto, ni se resolverá en el corto o mediano plazo, por lo que urge contar -en paralelo- con alternativas que permitan la continuidad del servicio educativo con criterios de calidad, que a su vez vayan de la mano con las disposiciones del Poder Ejecutivo para la búsqueda del retorno presencial. Ello requiere de poderes del Estado concentrados en la gestión pública antes que, en la supervivencia política, así como de apertura para escuchar ideas externas al sector público.
Referencias:
La autora es consultora en gestión pública, infraestructura e inversión pública. Docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico