Quinta idea: así como los ingresos por trabajo y los ingresos por propiedad del capital deben ir aumentando en la medida de la productividad o de la «competitividad endógena» (no es tautología), así también los impuestos deben ser proporcionales al consumo suntuoso y a las rentas del capital superando a los impuestos generales al consumo, que como es sabido son ciegos y regresivos.
La noción de competitividad no es la noción restringida de poder o competencia en un mercado determinado, aunque lleve a esto, porque tal situación no pocas veces depende de factores de poder más que de la capacidad desarrollada por un agente o varios agentes económicos para primar o regir en un mercado determinado. Muchas veces se confunde la noción de competitividad con la noción de competencia y aún con la noción de política de competencia. Para efectos de esta presentación me basta señalar que la noción de competitividad empresarial es inseparable de la noción de competitividad de una nación y extensible, por tanto, a sub-sistemas mayores o menores al nacional. Esto es lo que se desprende de los trabajos de Michel Porter y de Michel Mortimore.
Sexta idea: ¿cuál es la estructura de los egresos del presupuesto de una nación? Si los egresos no se destinan al último usuario proporcionalmente más que a usuarios intermedios y más bien se concentran en cúpulas burocráticas y no pocas veces en consultorías, consultoras y consultores, intermediarios y agencias externas, no puede haber política social genuina: se enmascaran las rentas de grupos de privilegio y de poder o de clientelismo partidario o de otro tipo.
El análisis de muchos proyectos de inversión en infraestructura de salud, por ejemplo, evidenciaba que una parte importante del total del gasto y por ende del endeudamiento consiguiente, se destinaba a estudios de consultoría que a la postre o no se usaban o se usaban muy poco, y que la inversión nacional, en última instancia, así como técnicos nacionales posibilitaba la ejecución de dicha infraestructura en condiciones de restricción interna y aún de conflicto armado interno, como en el caso del préstamo BID para atención primaria de salud en el Perú iniciado en el segundo gobierno del presidente Belaúnde y finiquitado en el gobierno del presidente García Pérez.
Séptima idea: el principio de subsidiariedad que es proclamado por doctrinas económicas como la socialcristiana y recientemente, de manera enfática, por el socialista Jacques Delors, cuando presidía la Comisión del Consejo de Europa, no debe ser confundido con los subsidios o por incentivos específicos para desarrollar factores de competitividad como ciencia y tecnología, uso de recursos naturales propios, y otros. Aquel guía la definición de subsidios y la selección de los mismos para que se empleen por períodos definidos y se evalúen sistemáticamente de manera que no distorsionen, enerven o reviertan una política social preventiva y promocional orientada a la redistribución y a la vez a la competitividad y productividad.
Octava idea: No se puede postular ni desarrollar una política social genuina sino con objetivos permanentes de desarrollo, no solo de crecimiento, ni menos aún, de solo asistencialismo de carácter estratégico y flexibilidad táctica para afrontar emergencias de cualquier tipo. Algunas rigideces o restricciones dependen en gran parte de compromisos previos, principalmente de endeudamiento o de usos y costumbres establecidas, como, por ejemplo, las de seguir manteniendo cuotas de empleo de burocracias públicas vinculadas a clientelismos partidarios o de otro tipo, bajo la excusa de que se trata de defender la propiedad pública o los intereses de la nación (encarnados en burocracias empresariales o ministeriales privilegiadas). Asimismo, dependen de una dimensión poco estudiada en la perspectiva política y de poder que suele denominarse organización y gestión.