III. CONCLUSIONES Y/O PROPUESTAS.
Los impactos negativos que se generarán a largo plazo para la industria peruana y nuestra economía serán reflejo de la poca racionalidad y conocimiento de los responsables del diseño y operación de las políticas públicas en materia de factores productivos en nuestro país.
La falta de priorización y/o facilitación en temas de promoción, fomento e incluso obligatoriedad de la transformación productiva de la Mipyme e industria peruana en general, a la luz de los grandes logros que los líderes de Asia vienen demostrando en las últimas décadas, se ve reflejado en el creciente deterioro de algunos sectores de la industria nacional que antes parecían promisorios y con mucho futuro, y que ahora -y no fue necesaria la pandemia para ello- vienen quebrando sistemáticamente. Los sectores textil y calzado son de los más afectados, pues la inundación de prendas y accesorios provenientes de Asia, ha terminado por generar una competencia en la que nuestra industria nacional no tuvo forma de responder.
Actualmente la digitalización propuesta solamente está circunscrita al ámbito de lo denominado como Internet 2.0/3.0, que implica lograr la interconexión de la industria con las organizaciones públicas relacionadas a su rubro productivo. Si bien esto es una avance desde el punto de vista de control normativo, supervisión y rectoría, así como de la facilitación de los trámites formales que toda empresa debe cumplir, debemos tener en cuenta que, éste no es el eslabón más importante en la cadena de supervivencia de las empresas peruanas; el eslabón más importante es aquel que permite a la empresa ser rentable, pues con esa rentabilidad crecerá, generará formalización laboral, generará la conformación de un clúster productivo hacia abajo y hacia arriba, y con ello, el crecimiento del país.
Si seguimos trabajando de espaldas a la reconversión de los factores productivos, la digitalización que el Estado viene propiciando, solamente nos servirá para mantenernos bien informados en los próximos años, sobre el nivel de mortalidad empresarial y sectores más afectados de nuestra economía, en ese momento tendremos pocos grados de libertad para poder actuar.
En este sentido, para dar los primeros pasos hacia la facilitación de la inversión público privada en temas de reconversión hacia la digitalización de los factores productivos, del empresariado peruano y la consecuente competitividad sostenida de la industria nacional, no se proponen cambios normativos inmediatos, pues hoy es posible hacer intervenciones de este tipo a través de herramientas que permiten el cofinanciamiento estatal de este tipo de sistemas productivos, sólo es necesario que nuestras autoridades sean innovadoras, disruptivas y sobre todo ingeniosas, en el uso de estas herramientas y las usen para estos nuevos fines.
La Ley 29337 – Ley de PROCOMPITE permite a los Gobiernos Regionales y Locales implementar Fondos Concursables para el Co-financiamiento de Propuestas Productivas (Planes de Negocios) presentados por una organización de pequeños productores de cadenas productivas que el gobierno subnacional haya priorizado. Para ello los beneficiarios que tengan un perfil elegible (asociación de productores + empresa comercializadora + mercado), podrían acceder a incentivos monetarios para la adquisición de herramientas y/o maquinarias de fabricación digital, que les permita mejorar su producción y productividad, en número, costos, estandarización, basados en la eficiencia de sus factores productivos.
Finalmente, la mayor competitividad también pasa por un Estado promotor, que permita la integración de nuevas empresas a la industria, al bajar la barrera de entrada que se materializaría en una baja inversión privada, pero que genere un gran salto productivo, y permita, sobre todo, extender los beneficios a un mayor grupo de productores, asociaciones y Mipymes en general, para que puedan hacer frente a las necesidades que la modernidad viene imponiendo a nivel global.