¿Cuáles son los futuribles de la Economía Peruana?
Las proyecciones económicas y financieras para los años 2021 y 2022 a nivel mundial inyectan un escenario favorable para nuestra economía tras el crecimiento de nuestros principales socios comerciales como Estados Unidos que crecería alrededor del 7% del producto bruto interno y China crecería 8.7% según el Banco Mundial. A ello se suma el mejor escenario en el alza del precio de los comodities como oro y cobre que alcanzarían valores históricos; que entre los años 2002 y 2020 crecieron nuestras exportaciones mineras en 6.8 veces, lo que contribuye a la mejora de los términos de intercambio que crecería un 25.6% entre el 2019 y 2022; pero que con el grafeno nos convertiríamos en una bonanza histórica tras el cambio tecnológico que tras el ingreso a la cuarta revolución industrial aun en el Perú no despega en investigación, innovación y desarrollo.
El Banco Central de Reserva del Perú proyecta el año 2021 un crecimiento del 10.7% del producto bruto interno impulsado principalmente por los motores de crecimiento de la inversión privada (+15.5%) y las exportaciones (+13.5%); sin embargo, el principal supuesto de riesgo es la incertidumbre tras la crisis de gobernabilidad, política, el recrudecimiento de la pandemia del COVID-19, los cambios de la constitución y la instauración de un nuevo modelo económico sin rumbo. La incertidumbre considerada la inyección letal que hace daño a la economía, requiere brindar señales claras de quienes serán los próximos hacedores de la política fiscal y monetaria que brindará los lineamientos para el accionar de los agentes del mercado. Pues el Perú a nivel internacional ha sido reconocida por su fortaleza macroeconómica en sus indicadores de deuda pública, deuda externa, costo de endeudamiento y reservas que representarían el 32.7% del PBI para el año 2021 y la tasa de inflación dentro del rango meta, por lo que mantener y fortalecer nuestra macroeconomía es fundamental para los próximos años.
Sin embargo con la COVID-19 se ha desnudado nuestra critica microeconomía y reformas estructurales pendientes que se traduce en 2,231,300 peruanos desempleados, el incremento de la tasa de pobreza en 30% y las brechas sociales cada vez con mayor desigualdad, que ha originado un disloque territorial mermado por un denominado “voto de protesta” y polarizado que evidencia la deficiente gestión pública y ruptura del modelo centralista-limeño que reclaman los departamentos con la frustrada descentralización. Desnudando de esta forma las brechas sociales que se convierte en el factor crítico del modelo económico peruano por las deficientes reformas estructurales en términos de salud, educación, informalidad, mercado laboral, tributario, justicia, gestión pública, política, salud; entre otras brechas más marcadas con la Pandemia del COVID 19 que no han permitido alcanzar la producción potencial de la economía peruana a través de la productividad total de los factores, necesitando que los candidatos presidenciales pongan en su agenda de gobierno el uso de las denominadas “reformas de cuarta generación” siendo las nuevas estrategias que requieren los países de América Latina y El Caribe.
Es necesario capacidad de gestión público de los gobernantes para destrabar los megaproyectos, brindar servicios públicos competitivos y políticas sociales, que permita la sostenibilidad del crecimiento de la economía peruana, pero que tras la COVID-19 ha impactado no solo en los aspectos sociales; sino en su competitividad regional donde el Perú se sitúa este año en el puesto 58 de un total de 64 economías en el ámbito global. El Perú no solo le ha afectado la crisis global de la pandemia del COVID-19, sino la crisis política y de gobernabilidad le generan escenarios complicados para el Perú en continuar con las bases del modelo económico o las “reformas de cuarta generación”. Desde el terreno político el rol del congreso de la república con las medidas traducidas en normas desde un enfoque político más que técnico complico aún más la crisis de salud generada por el COVID 19, con aún un alto riesgo de llevar de una crisis de salud a una crisis financiera, viniendo principalmente por la alta vulnerabilidad de las entidades microfinancieras.
Si bien hasta ahora el accionar desde lado de la política fiscal y monetaria ha sido la correcta, el problema se encuentra al momento de la puesta en práctica de las políticas públicas dado la brecha en bancarización de la población, base de datos de hogares desactualizado, alta informalidad y la deficiente gestión pública a nivel regional y local, que junto a la extendida cuarentena era contradictorio quédate en casa y con el 70% de la población que vive de sus ingresos diarios. Sin embargo, los desafíos en el corto y mediano plazo para hacer frente a la solución de reformas estructurales parten de un nuevo pacto fiscal para diseñar medidas creativas y marcos fiscales robustos que permitan usar herramientas económicas para financiar las reformas estructurales que nos conlleven a un desarrollo sostenible a través de una política tributaria progresiva y un gasto público eficiente, eficaz e igualitario; así como medidas de gestión efectivas que conlleven a un real control de la epidemia del Covid 19.
De esta forma la inexistencia de reformas estructurales, la protesta ciudadana, la falta de puestos de trabajo y las contraposiciones políticas que afecta a la ya debilitada institucionalidad del país, teniendo una década perdida en contraposición a las reformas estructurales que requiere el país, mostrando los congresistas que operan bajo el engaño sistémico de los representantes políticos y los que administran justicia, nos conlleva a reflexionar sobre la elección de nuestros representantes en los tres niveles de gobierno, ante ciudadanos considerados el motor cívico que reclaman con la indignación las reformas estructurales y mirar hacia el futuro, es el pilar necesario para nuestro país al Bicentenario.