Yefferson Llonto Y Brenda Vallejo / Planes de gobierno en disputa

Planes de gobierno en disputa: continuidades, rupturas y vacíos en la visión del Perú que viene

Estabilidad macroeconómica

El pilar macroeconómico sigue siendo prioridad para casi todos los partidos políticos, de esta manera el Instituto Peruano de Economía subrayó en el 2021 que la mayoría de planes postulaba mantener la disciplina fiscal y la independencia del Banco Central. Por lo cual destacó que Fuerza Popular (FP) se comprometía a consolidar las finanzas públicas reduciendo el gasto superfluo, reasignando recursos y reformando el sistema tributario. Ese énfasis continúa en su plan 2026-2031 al prometer “alcanzar el equilibrio de las finanzas públicas y reducir el déficit hasta el 1%” del PBI mediante eficiencia en el gasto y reorientación presupuestal, y restituir la regla fiscal del BCRP. De manera similar, Alianza para el Progreso (APP) plantea una consolidación gradual del déficit: sus metas fiscales prevén llevarlo de alrededor de 2.8% en 2026 a cero en 2031. También Perú Primero insiste en la solidez fiscal al proponer fortalecer la regla fiscal y el colchón de reservas sin frenar la inversión pública, con objetivo de un “equilibrio estructural cercano al 2%” del PBI hacia 2031. Mientras Ahora Nación(AN), por su parte, critica el gasto excesivo reciente y declara como estrategia central “mantener la estabilidad macroeconómica y reducir el déficit fiscal”, reorientando fondos hacia proyectos productivos.

En contraste, a los planes dle 2021, que suelen haber sido demasiado optimistas en metas fiscales. Por su parte Renovación Popular proponía metas de crecimiento muy altas (del 2% al 7% del PBI) y cambios tributarios radicales, sin atender riesgos de deuda. En general, la continuidad es clara tanto partidos de derecha como izquierda reiteran que la prioridad es equilibrar cuentas y conservar un marco macroeconómico predecible. Un aporte novedoso es la propuesta de Ahora Nación de crear un Fondo Soberano de Riqueza con excedentes fiscales y recursos de proyectos extractivos para financiar inversión a largo plazo, idea ausente en 2021.

Apertura comercial y de inversiones

En este pilar los partidos retoman en su mayoría la visión de promover el comercio exterior y atraer inversión. Al igual que en el 2021 Fuerza Popular resaltaba la apertura comercial histórica (Constitución de 1993) y proponía un Plan Nacional de Desarrollo Logístico para impulsar exportaciones, especialmente de PYMEs, aunque no detallaba nuevos tratados ni estímulos a inversión extranjera. El plan 2026-2031 sigue esa línea al hablar de promover el crecimiento del comercio exterior y dar valor agregado a las exportaciones, pero no introduce grandes rupturas en materia de TLC. APP, por su parte, propone reactivar acuerdos pendientes (como Perú-Brasil) y flexibilizar restricciones a la inversión en zonas fronterizas. Por su parte Ahora Nación impulsa la diversificación de mercados internacionales y la promoción del turismo destacando aprovechar los tratados existentes y posicionar al Perú en nuevos destinos. Perú Primero enfatiza la inversión público-privada: crea “mesas ejecutivas” mensuales para destrabar grandes proyectos y promete una Ventanilla Única de APP (VUPRO) que agilice licitaciones. En su plan también se habla de formalización y regulación clara para atraer capital.

Aunque Renovación Popular proponía en 2021 eliminar exoneraciones tributarias y reducir el IGV para aumentar la recaudación, su enfoque sobre comercio internacional era genérico. Somos Perú resalta la necesidad de simplificar trámites para grandes obras, cita un potencial de inversión de USD 21.906 millones en mega-proyectos que podría aprovecharse “mediante simplificación regulatoria y eliminación de barreras burocráticas”. Las diferencias están en el énfasis que mientras APP busca nuevos TLC y liberalizar propiedad en la Amazonía, FP y AN apuestan a valor agregado y turismo, y Somos Perú pone el foco en el destrabe de proyectos gigantes mediante menos trámites.

Libertad económica

En materia de regulaciones y mercado interno, todos los planes resaltan la necesidad de reducir la informalidad y facilitar la actividad privada. Fuerza Popular incorpora un “shock desregulatorio” sin precedentes: se compromete a eliminar más de 500 trámites superfluos y a recortar en al menos 40% el tiempo de aprobación de proyectos de inversión (actualmente >18 meses en sectores claves). Para ello propone digitalizar completamente los procesos mediante una Ventanilla Única Nacional con inteligencia artificial. Por su parte APP concuerda en formalizar sin asfixiar; su reforma tributaria integral fusiona regímenes especiales en un sistema progresivo y crea un “régimen simplificado de formalización” para microempresarios y trabajadores informales. Además, promueve incentivos en agricultura y minería para incorporar pequeños productores a la economía formal. Perú Primero también plantea un régimen simplificado y otras medidas de desregulación: adopta un “Régimen Simplificado Progresivo para MYPE” y moderniza las compras públicas con transparencia total.

Ahora Nación enfatiza la tecnología y el Estado digital, pero incorpora pocas medidas específicas de mercado aparte de mantener un esquema estable para la inversión privada y un tipo de cambio competitivo. Somos Perú propone un régimen único para PYMEs (similar al brasileño MEI) que unifique IGV, renta y aportes en un solo pago periódico; también planea incentivos como crédito tributario por contratación formal (hasta 50% de la planilla) para reducir los costos de pasaje al sector formal.

Democracia e instituciones

En su mayoría, los planes defienden la democracia liberal, la transparencia y la descentralización. Fuerza Popular, habla en términos generales de recuperar la confianza ciudadana y promover igualdad ante la ley, pero su plan 2026-31 no detalla reformas institucionales específicas aparte de reforzar la meritocracia en el sector público. Ahora Nación propone una “transformación integral” del sistema de seguridad y justicia: reforma policial y ministerio del Interior, juzgados unificados, lucha anticorrupción y fortalecimiento de derechos humanos. También promete derechos civiles plenos (voto universal, revocatoria, etc.) y modernizar las Fuerzas Armadas con doctrina democrática. Somos Perú dedica un eje completo a “Perú Íntegro” con tolerancia cero a la corrupción: plantea una Contraloría 4.0 con inteligencia artificial para detectar sobreprecios, compra pública 100% electrónica, alertas automáticas y eliminación de la inmunidad parlamentaria en casos de corrupción. Asimismo, promueve la descentralización profunda: su plan declara que “la célula de todo el Estado es la municipalidad” y busca auténtica transferencia de poder político y económico a regiones.

Perú Primero, alineado con el estado de derecho, propone fortalecer el Servicio Civil (SERVIR) y ampliar el gasto focalizado en educación y salud, asumiendo un Estado “democrático, humano y transparente”. En general, todos lamentan la debilidad institucional actual y prometen mayor digitalización de trámites y rendición de cuentas. Una posible ruptura es mientras los planes de 2021 eran esquemáticos en anticorrupción, los nuevos documentos son más exhaustivos. Sin embargo, ningún plan propone alterar el modelo democrático vigente, considerando el nivel de continuidad donde la mayoría asume la “libertad política” y la “normativa democrática” como base y agrega énfasis en transparencia, participación y descentralización que eran menos explícitos en 2021.

Rol subsidiario del Estado, igualdad y redistribución

En el quinto pilar se agrupan las políticas sociales y distributivas. Aquí las diferencias entre partidos son más notorias. Fuerza Popular asume una meta clara como reducir la pobreza a 15% en 2031. Para lograrlo, combina ampliación de infraestructura básica con fortalecimiento de programas sociales y, al mismo tiempo, capacitación, crédito y formalización para pobres vulnerables. APP enfoca la lucha contra la pobreza al crecimiento económico, promete un crecimiento sostenido mínimo del 6% anual, acompañado de mejoras fiscales y del riesgo-país, como base para la “reducción sostenible de la pobreza”. Reorienta los programas sociales territorialmente, con “metas claras de egreso de la pobreza” y vinculación con empleo y emprendimiento, buscando transformar subsidios pasivos en oportunidades productivas.

Perú Primero también prioriza la protección social; plantea ampliar cobertura de asistencia focalizada a los pobres extremos, fortalecer la focalización (SISFOH) y crear “Centros Territoriales de Inclusión Social”. Además, su plan enfatiza igualdad de oportunidades y equidad de género en todos los ámbitos. Ahora Nación propone un gran aumento del financiamiento social, dado que busca elevar la inversión en protección social al 1.5-2.5% del PBI mediante mecanismos mixtos público-privados, enfocando ayuda a los más necesitados y cerrando brechas (agua, salud, educación) con metas al 2031. Remarca también la lucha contra la desigualdad territorial y la desigualdad de género. Somos Perú fija objetivos ambiciosos para servicios básicos como un 100% de hogares en pobreza extrema con alimentación garantizada y comedores escolares completos al 2031. Dicho enfoque de “estado subsidiario” continua y proponen modernizar o focalizar los programas sociales. Asumiendo que el Estado debe intervenir para corregir desigualdades, pero procurando eficiencia y metas claras.

Conclusión

El análisis de los planes de gobierno 2026-2031 revela una importante continuidad con respecto a los lineamientos identificados en las elecciones del año 2021, especialmente en cuanto al respeto a la estabilidad macroeconómica, la apertura comercial y la libertad económica. Sin embargo, también se identifican avances cualitativos en la profundidad técnica de algunas propuestas, así como una creciente preocupación por modernizar el rol del Estado en áreas sociales e institucionales.

Los partidos más alineados con los cinco pilares definidos por el IPE muestran una evolución hacia políticas públicas más integradas, con mayor énfasis en el uso de tecnologías digitales, en la mejora de la transparencia institucional y en la focalización del gasto público. Se ha mantenido la visión de un Estado subsidiario y promotor de la inversión privada, pero con mayores esfuerzos por atender brechas sociales persistentes, como el acceso a servicios básicos, la desigualdad territorial y la informalidad laboral.

No obstante, persisten debilidades comunes como carecen de consistencia interna entre objetivos y medios, metas cuantificables, o claridad en la sostenibilidad fiscal de sus propuestas.

Para mejorar la formulación de los planes de gobierno en todos los ejes, conviene aplicar los siguientes criterios:

• Claridad: Definir objetivos y estrategias con lenguaje preciso, evitando términos vagos. Cada meta debe expresarse con indicadores e hitos claros. Es recomendable incluir una estructura lógica que relacione problemas identificados, propuestas y resultados esperados, como se sugiere en las guías de planificación gubernamental.

• Viabilidad: Garantizar que las acciones propuestas sean realistas en plazos y recursos. Esto implica respaldar cada medida con análisis financieros preliminares y considerar la capacidad institucional. Debe evitarse acumular proyectos inviables o excesivamente ambiciosos sin presupuesto asignado.

• Enfoque territorial: Adaptar las políticas a la diversidad regional. Los planes deberían incluir diagnósticos regionales y metas diferenciadas por zonas geográficas, de modo que las acciones respondan a las necesidades locales. Por ejemplo, definir indicadores de éxito a nivel departamental y municipal ayuda a mejorar la pertinencia de las iniciativas.

• Medición de resultados: Incorporar sistemas de monitoreo con indicadores cuantificables para cada línea de acción. Establecer responsabilidades claras y cronogramas de evaluación permite hacer seguimiento de los avances. Incluir cuadros de mando o “semáforos” de cumplimiento, como sugieren algunos planes, fortalece la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

• Sostenibilidad fiscal: Conservar la coherencia macroeconómica revisando el costo de las propuestas. Cada compromiso debe estimarse dentro de un marco presupuestario coherente con reglas fiscales. Se recomienda realizar un análisis costo-beneficio riguroso para evitar que las promesas electorales pongan en riesgo la estabilidad financiera del país.